La página web Rojadirecta.com no emite ni aloja ningún contenido audiovisual, sino que es un índice de retransmisiones deportivas por internet. Se trata por decirlo de alguna manera de una especie de Guía de retransmisiones deportivas que podemos encontrar en internet. De la resolución judicial se pueden extraer algunas conclusiones interesantes como el criterio de la Fiscalía General del Estado:

En lo que respecta e la responsabilidad de los proveedores de servicios en la sociedad de la información, los mismos no serán responsables cuando el servicio que prestan sea el de simple intermediación, dentro de los términos que establecen los artículos 14 a 18 de la Ley 34/2002, de 11 da julio, de .servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

los responsables de la página que provee este servicio, y que obtienen además una ventaja económica por su actividad por más que sea indirecta, ya que no se retribuye la descarga sino la publicidad de la inserta en la propia página y que se visualiza con independencia de que se produzca o no descarga

Al respecto la sala de la Audiencia Provincial de Madrid ha realizado la consideración de que:

Los actos de ordenación y anuncio de los partidos que se transfieren facilitan la descarga pero no pueden equipararse a ésta, por lo que, en principio podrían calificarse de actos de mera intermediación

En definitiva otra sentencia más que se suma a otras anteriores que ya se pronunciaron en este sentido como el caso Indicedonkey y en la que la doctrina del caso Sharemula está siendo aplicada provocando con ello el sobreseimiento de las causas.

Más Información | Rojadirecta.com y también Buffet Almeida
En Nación Red | La Justicia vuelve a ratificar la legalidad de enlazar a webs con contenidos protegidos
Imagen | xenia

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha comparecido hoy en el Congreso, a petición de ERC/IU y PP para informar de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y sobre las intenciones del Gobierno de bloquear páginas web sin autorización judicial tal como se recoge en la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible.

Para la ministra “un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país. Esto supone un riesgo para la economía en España y también en otros países”, ha afirmado la ministra, quien también ha insistido en adaptar la Ley con una “visión europea respecto a esta materia”. Ha hecho suyo el objetivo de actualizar las legislaciones nacionales para 2011 y de esta manera proteger la propiedad intelectual en toda Europa. En este punto ha hecho referencia al llamado Paquete Telecom, al comisario Michael Barnier, al que ha calificado de “muy sensible a estos temas” y a la legislación que están llevando a cabo en “países como Suecia, Inglaterra o Francia”.

Ángeles González Sinde ha agradecido el debate público llevado a cabo durante los últimos meses, un debate que califica de “enriquecedor” y clave para llegar hasta donde se ha llegado:

Todos hemos escuchado a todas las partes. El esfuerzo de los que conforman las industrias culturales debe verse respetado. Juntos debemos esforzarnos y armonizar los derechos de todos. Es necesario dar soluciones.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, dentro del turno del Grupo Mixto, ha pedido “que se vea Internet y la era digital como una oportunidad de difusión cultural, como una nueva oportunidad de negocio” y ha criticado que el Ministerio “está más centrado en una defensa del status quo que en una apertura hacia el futuro”.

Usted tiene una imagen pública de ser la ministra del cine y del cierre de las páginas…

Joan Tardá (ERC) ha hecho referencia al buen trabajo de la Subcomisión de Cultura (pdf) en relación con la propiedad intelectual y ha interpelado a la ministra, con escasa suerte, sobre la posición del Gobierno en relación con ACTA y las recomendaciones de la Declaración de Granada para armonizar la legislación compatibilizando la defensa de los derechos de autor con la libertad de los usuarios.

José María Lassalle (PP), el más duro de los diputados, ha anunciado una enmienda a la disposición final segunda y ha dudado de su constitucionalidad. El diputado popular ha insistido en que es imprescindible que “la actuación judicial” controle toda acción relacionada con “levantar una IP” como se hace para delitos más graves. Ante la incoherencia de que la disposición final se haya introducido en la LES, y no como parecía lógico en la Ley de Propiedad Inteletual, José María Lassalle, ha sugerido que la ministra “no es la artífice de esa disposición” y que la imposición y las prisas por introducir ese texto en la LES están relacionadas con otros intereses y contextos internacionales. En un tono más general ha acusado a la ministra de no cumplir su palabra en lo que respecta a las promesas de “diálogo y consenso” con las que se estrenó en el cargo.

Montserrat Surroca i Comas (CiU) ha reiterado la sorpresa que para todos los grupos supuso que la actual y polémica disposición final no se haya incluido en la Ley de la Propiedad Intelectual siguiendo, además, las recomendaciones que por consenso de todos los partidos aprobó la Subcomisión.

Foto | micora

Le han ganado terreno al mar con la misma determinación que han hecho de la libertad y la tolerancia valores fundamentales de su “modelo de sociedad”. Ahora los holandeses que defienden los derechos y las libertades se enfrentan al tsunami legislativo que amenaza todas las costas del continente europeo. La navegación libre por Internet también está amenazada en los Países Bajos.

Así lo han denunciado los activistas de la organización Bits of Freedom al iniciar una campaña contra un proyecto legislativo que de aprobarse se converitía en “un hachazo a la Internet abierta”. También, en este caso, se conceden poderes a los operadores para cerrar sitios web o limitar la conexión a Internet. Paradójicamente se repite una circunstancia parecida a la del Reino Unido al tratarse de un gobierno “dimisionario” que aprovecha los últimos días de la legislatura para, al menos, introducir “en sede legislativa” las propuestas de los proveedores de internet.

La propuesta de ley fue hecha por el Ministro de Justicia, Hirsch Ballin, del partido democrisitiano. Pero, en principio, la tramitación de la ley tendrá que esperar a la composición del nuevo Parlamento que saldrá elegido en las elecciones del próximo 9 de junio. El democristiano ha conseguido, eso sí, abrir el debate que cuestiona la neutralidad de la red y que ahora obliga a los demás partidos holandeses a posicionarse en plena campaña electoral.

Según Van Daalen, portavoz de Bits of Freedom, los socialistas mantienen una postura esquizofrénica que ha decepcionado a los defensores de los derechos civiles en la red. Similar es el caso de los liberales de centro-derecha (VVD) donde habría posturas radicalmente encontradas. Van Daalen cita a Jeanine Hennis, defensora de un Internet libre, y en el otro extremo a Fred Teeven, partidario de la “ley y el orden”. Es importante señalar que el VVD es el partido de la comisaria Neelie Kroes.

Más clara es la postura de la Izquierda Verde y de los liberales de izquierda (D66) que han incorporado a sus plataformas electorales propuestas para garantizar la neutralidad de la red. También se espera que el buque Pirata salga a defender las costas de la amenaza del tsunami.

Vía | NOS Nieuws / Radio Nederland
En Nación Red | Philippe Monfils, el senador belga, que sigue los pasos de Francia, España y el Reino Unido contra Internet
Foto | babasteve

Miguel Brieva, el gran viñetista español, ha creado un póster para abrir las mentes de los ministros que se reunirán en Granada, pero que está llamado a trascender esa fecha y convertirse en el gran icono gráfico y en el símbolo de la contestación ciudadana frente a las corporaciones y los políticos a su servicio.

El póster que ya preside, por ejemplo, la mesa de juntas del despacho del abogado Carlos Sánchez Almeida y que puede descargarse en esta dirección http://internetnoseraotratv.net es una invitación a la rebeldía activa de los ciudadanos libres. Para empapelar las aceras, para sorprender a las visitas, para inundar la red…

Para salvar en palabras del propio Brieva “el sentido común de mucha gente que, aun a pesar de tanto adoctrinamiento tontorrón y mezquino, todavía se mantiene firme señalando, como una obstinada brújula, hacia aquello que podríamos y deberíamos ser”.

Vía | Internet NO será otra TV

Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.

Ahora también es colaborador de Nación Red.

Según establece el artículo 7, apartado 5 de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), se consideran datos especialmente protegidos los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.

En el año 2000, la Agencia de Protección de Datos ordenó el cierre cautelar de la Asociación contra la Tortura, iniciando un expediente sancionador que finalizó con la imposición de una multa de 60 millones de pesetas, que se vería posteriormente confirmado por sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. El motivo de todo ello, la publicación por parte de la Asociación Contra la Tortura de una lista de funcionarios de prisiones y cuerpos policiales condenados o procesados en casos de tortura a detenidos españoles.

Ayer, 6 de abril de 2010, se publicaron en Internet los 50.000 folios del sumario conocido como “Caso Gürtel”. Los ficheros pdf que recogen intervenciones telefónicas se pueden descargar de infinidad de páginas, así como de las principales redes de intercambio de archivos. Es un material cómico excelente, muy apropiado para las pantallas del Kindle DX o del iPad.

Pero es más: las grabaciones audiovisuales efectuadas en sede judicial, donde aparece la voz y la imagen de los principales acusados, fueron ayer difundidas por distintas televisiones, en horario de máxima audiencia, y a estas horas ya están disponibles en YouTube.

Personalmente siempre he pensado que la información debe ser libre, y que en un mundo digitalizado es imposible técnica y jurídicamente impedir la difusión de informaciones de interés público, y muy especialmente aquellas que afectan al cáncer del Estado de Derecho: la corrupción política. Pero si vamos hacia un mundo transparente, la ley debe ser igual para todos.

Recientemente, los periodistas de la Cadena Ser Daniel Anido y Rodolfo Irago fueron condenados penalmente, e inhabilitados profesionalmente, por haber ejercido su obligación profesional: revelar la información que los corruptos quieren esconder.

En el año 2008, Julio Alonso, responsable de la red de blogs Weblogs, S.L., fue apercibido mediante auto dictado por una juez de Madrid sobre las consecuencias negativas que podría padecer en el supuesto de colgar en su blog Merodeando el vídeo que recogía la audiencia pública del juicio seguido contra su persona a instancias de la SGAE. El abogado de esta entidad alegó una posible infracción de su derecho a la imagen, pese a que dicha imagen se grabó en una audiencia pública, mientras el letrado –también músico e intérprete profesional cara al público– desarrollaba sus funciones profesionales. Otro vídeo anterior, de la audiencia previa al juicio, presenta ahora un hilarante mensaje: “Este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de copyright realizada por SGAE”.

Podría seguir hasta el aburrimiento. Podría explicar, por ejemplo, cómo se me ha negado, en distintos Juzgados de Madrid, la posibilidad de hacer fotocopias del sumario, en casos de gran complejidad tecnológica, que hacían imprescindible disponer de una copia del sumario para ejercer en condiciones el derecho de defensa. Sin ir más lejos, un Juzgado Central de la Audiencia Nacional me denegó tal posibilidad en un caso de falsificación informática de tarjetas de crédito, y todavía estoy a la espera de que se me facilite copia de la megapublicitada Operación Mariposa, dirigida por el juez Baltasar Garzón.

Parafraseando a George Orwell, podríamos decir que si la justicia significa algo, es por encima de todo, que la ley sea igual para todos. Si el Estado de Derecho significa algo, ha llegado la hora de romper –también digitalmente– todo tipo de embudos y dobles varas de medir.

Imagen | hiddedevries

En síntesis lo que tenemos es un proyecto de ley que, salvo que algo cambie radicalmente, será aprobado sin modificaciones o con cambios mínimos por el parlamento, y que permitirá a una comisión administrativa dependiente del ministerio de cultura cerrar las páginas web que le parezca pertinente. Para empeorar todavía más el asunto, la composición de dicha comisión no se establece en la ley ni se conoce, aunque todo apunta a que en ella estarán presentes las entidades de gestión. Una vez decidido el cierre, un juez revisará que no se vulneran la libertad de expresión o de información, pero no entrará en el fondo de la cuestión. No revisará si efectivamente hubo o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Ante este cierre, cabrá recurrir por la vía ordinaria y ver si después de unos años la justicia te da la razón y puedes volver a abrir tu web. Eso sí, incluso si al final ganas, olvídate de que alguien te vaya a compensar. Es, con toda claridad, una justicia paralela. Una justicia que no es justicia.

La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet. Cualquier página web es susceptible de estar infringiendo derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los interesados, que serán muy probablemente los que controlen la comisión. Se impondrá la interpretación de que enlazar a contenidos protegidos equivale a publicarlos, aunque los jueces se empeñen en decir lo contrario. Y con ello todas las webs con enlaces, y la estructura misma de Internet estarán en peligro. Así, se podrán cerrar páginas molestas de todo tipo. Es más, si funciona como pretenden sus impulsores, ni siquiera esto hará falta. Habrán creado un régimen de autocensura suficiente para que la gente no se atreva a publicar según qué cosas. O para que una simple amenaza de denuncia ante la comisión baste para que se retiren los contenidos o críticas no deseados.

El envío al parlamento del proyecto de ley en estos términos, y más en las circunstancias en las que se ha hecho (sin dar a conocer el texto, sin mencionarlo en rueda de prensa, sin mencionarlo en un dossier de más de 60 páginas, sin permitir que hubiera preguntas sobre el tema en la misma), viene a consumar una importante brecha digital entre la sociedad en internet y nuestra clase política, con el gobierno al frente.

Internet se ha convertido en una plataforma de comunicación, de expresión, de información y de innovación sin precedentes en la historia de la humanidad. Es, sin duda, un elemento clave para el progreso de las sociedades modernas. Es a la sociedad del siglo XXI lo que la electricidad fue a la de finales del XIX. La base sobre la que se construye la sociedad del futuro, sobre la que se cimientan todas las demás innovaciones. Pretender impulsar la economía sostenible y la innovación de espaldas a internet es no haber entendido nada. Es condenar a España a perderse la revolución digital, de la misma forma que nos perdimos la revolución industrial.

La clase política, con la complicidad de buena parte de los medios tradicionales, ha calculado que la protesta de internet no iría a más. Que estaba hecha de gaseosa. Que con manejar bien los mensajes, como han hecho siempre, bastará para que el asunto se olvide, para que no haya movilización ni contestación, para que se quede en unos pocos protestando en el vacío, sin ninguna repercusión en el mundo físico. Ellos están organizados. Saben cómo moverse, como influir. Saben cómo hacer para que un asunto pase inadvertido, para que no se pregunte por él. Y piensan que, esta vez también, van a salirse con la suya.

Yo creo que no. Que hemos traspasado ya un umbral invisible pero importante. Que el número de personas que están en internet, que la usan todos los días y que la valoran como algo realmente imprescindible en sus vidas es mucho más alto de lo que los políticos se imaginan. Somos muchos los que consideramos que el tratamiento que se haga en política de internet es un asunto clave. Capaz de cambiar nuestro voto. Capaz de hacer que nos movilicemos y nos organicemos. Si nos atacan, nos defenderemos. En nuestro terreno encontraremos medios tecnológicos para esquivar sus intentos de control y de censura. En el suyo poco a poco iremos ganando espacios. Iremos organizándonos, iremos actuando.

Sé que no somos decenas de millones. Pero también sé que cada día somos más. Y que cada día tomamos más conciencia de nuestro número y de nuestro poder para cambiar las cosas. No será cosa de unos días. Puede que no consigamos parar esta ley. Pero estamos creciendo, estamos haciéndonos más fuertes. Y estamos tomando nota.

Imagen | dariuszka

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Imagen | Eneko