En estos días de furor sopero, hay muchos que escudan y justifican sus posiciones favorables a este tipo de leyes bazofia alegando que “es la ley y hay que cumplirla pese a que no guste“. Personalmente, esta visión me parece bastante triste, así que para intentar explicar por qué no sirve esa justificación, intentaré hacer una analogía.

Imaginemos que estamos en primavera de 2011. En el país llamado B, el calor empieza a apretar, y la ciudadanía empieza a ir a los comercios para renovar sus camisetas de manga larga por unas cuantas de manga corta, generando así un aumento de las ventas de dichas camisetas.

A inicios del verano, la Federación de Fabricantes de Camisetas de Manga Larga (FFCML) observa que sus ventas han caído en favor de la nueva prenda, más acorde con la situación meteorológica. Se reúnen en cónclave y toman una decisión: tomar represalias contra los fabricantes y vendedores de camisetas de manga corta, porque les están restando ventas.

Para ello, realizan labores de presión contra los legisladores, y consiguen que se apruebe la Ley Orgánica de Moda Sostenible, que ilegaliza las camisetas de manga corta y prevé penas de cárcel para todo aquel que fabrique o distribuya camisetas de manga corta o de tirantes.

Y no sólo eso, también queda terminantemente prohibido anunciar y publicitar tanto a los fabricantes como a las tiendas que las venden, por lo que todas las guías comerciales nacionales (Páginas Amarillas), locales (los miles de revistillas de información local), y publicaciones de moda (revistas de tendencias, etc.) están ahora obligadas a retirar de sus páginas los anuncios de las tiendas bajo amenaza de multas y cárcel, perdiendo así una más que sustanciosa cantidad de ingresos.

La FFCML alega que han tenido que hacer el movimiento debido a que las empresas dedicadas a manufacturar camisetas de manga corta, así como las tiendas que las vendían, les estaban robando el pan y provocando una sangría de puestos de trabajo.

Que además, lo estaban haciendo usando material sujeto a derechos de autor, ya que una camiseta de manga corta se basa en un patrón de una de manga larga (lo que constituye un delito contra la propiedad intelectual).

Además, como usa menos tela, las ganancias el lucro era aún mayor y más escandalosas que las suyas. Por todo eso, era necesario un cambio legislativo urgente.

La ciudadanía se enfada y empiezan a surgir voces que sugieren a la FFCML que estamos en verano, hace calor, y que lo más normal en estos casos es cambiar las prendas de abrigo por otras más ligeras. Que si sus ventas bajan, es por el clima, no por la infracción de la propiedad intelectual. Además, también les recuerdan que ellos podrían fabricar prendas de manga corta (¡e incluso de tirantes!), ya que como muy bien indican, se trata del mismo patrón pero usando menos material.

La FFCML empieza entonces a fabricar algunas unidades, muy pocas, de camisetas de verano, y de color negro, vendiéndolas al mismo precio que las térmicas de invierno. Además, cuando el cliente las compra en una tienda autorizada, tiene que firmar un papel que dice que solamente puede llevarlas conjuntadas con la ropa que lleva puesta en el momento de la compra. A ese contrato le llaman Gestión de Derechos Textiles (Textile Rights Management por sus siglas en inglés).

Además, el fabricante se reserva el derecho a requisar la nueva prenda si descubre que se usa en una Combinación No Autorizada, es decir, si uno llega a casa y se cambia de pantalones, resulta una CNA.

En esos casos, una escuadra de policía especial armada con rifles de asalto, tiene potestad para entrar en casa del cliente infractor en medio de la noche y requisar todas las camisetas que encuentren en la casa. Todas. Sin distinción.

Al cabo de poco tiempo, la mayoría de tiendas que se dedicaban a vender prendas de verano, incluyendo tiendas de souvenirs en lugares turísticos, han tenido que cerrar debido a pérdidas económicas.

Alguna que otra que se atrevió a saltarse la prohibición, acabó con su propietario sentado ante un juez, respondiendo a preguntas sobre contrabando de camisetas de manga corta. El resto, siguen en el negocio vendiendo solamente camisetas de manga larga… en Julio.

Un día, un ciudadano bastante harto de lipotimias espontáneas en pleno mes de Agosto, opta por llegar a casa y cortarle las mangas a las camisetas, usando la tela restante para trapos (aunque un trapo hecho de una manga de una camiseta de 30 euros salga muy caro). La gente lo ve por la calle y empieza a ‘reciclar’ aquellas camisetas viejas de manga larga almacenadas en armarios y baúles.

Obviamente, las ventas de camisetas de manga larga vuelven a bajar, ya que la ciudadanía ha empezado a usar sus camisetas viejas. La FFCML se rasga las barbas y se rasga las vestimentas (de manga corta, por supuesto), poniendo el grito en el cielo. Acude al Gobierno con quejas que la nueva moda de usar ropa vieja está matando a su industria, les roba el pan y destruye puestos de trabajo.

Tras ejercer de nuevo presión política, se aprueba una extensión a la Ley Orgánica de Moda Sostenible, por la que cualquier modificación hecha a una camiseta de manga larga, ya sea cortarla o simplemente arremangarse, así como darle la vuelta, constituye una infracción, es ilegal y punible con multas de 3.000 a 12.000 euros.

Sociólogos trasnochados, democraciafílicos bohemios y demás defensores del mangalarguismo, justifican la situación alegando que la ley es la ley, y que hay que cumplirla, guste o no guste. Y si no gusta, hay que cambiarla por la vía democrática, que eso montar boicots y presionar al Gobierno para que legisle en favor de intereses propios es de muy anti-demócrata. Ah, y que a veces no va nada mal llevar manga larga cuando refresca por la noche. Que la gente se queja por vicio.

Ahora hagan el ejercicio de justificar, si se atreven, el cumplimiento de una ley que no sólo les obligara a llevar manga larga en agosto, si no que prohibiera también la fabricación y venta de camisetas de manga corta, prohibiera poner un anuncio de una tienda que venda camisetas de manga corta y que, además, convirtiera en delito el hecho de subirse las mangas para evitar el calor. Sería la ley, y hay que cumplirla, por muy absurda que sea, ¿no?

PS: La imagen que ilustra este post podría llevar, a partir del 1 de Marzo, a cerrar este blog, ya que incluye una palabra que aparece en una conocida serie de televisión, lo que podría incurrir en “infracción de copyright” de los derechos de autor de la productora. Además, aún cuando citamos al autor de la foto, no contamos con su permiso explícito por escrito. Doble infracción.

A su vez, el autor de la camiseta seguramente también esté causando infracción de copyright, a menos que haya pagado una licencia de uso por la palabra “Bazinga!”. Por último, el enlace a la foto con el que citamos, incurre también en delito contra la propiedad intelectual, ya que se trata de un enlace a un producto no autorizado, y por tanto “infractor de copyright”. Triple infracción.

Como puede verse, todo resulta embrolloso y terriblemente absurdo.

Foto | Canto Geek

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a la tienda informática Padawan de pagar el canon digital a la SGAE. El montante total que reclamaba la entidad gestora, 16.759 euros, no deberá ser abonado y, además, la sociedad de autores pagará las costas del proceso judicial. La resolución de los juzgados es firme y no se pueden presentar recursos.

Padawan, defendida por el abogado Josep Jover, ya consiguió meses atrás que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) dictara sentencia sobre la ilegalidad del canon en empresas. Así, la Audiencia de Barcelona ha aplicado el dictamen europeo, que afirma que se trata de una “aplicación indiscriminada”. Sin embargo, la SGAE aún podrá cobrar el canon a particulares, aunque los productos sujetos a él no se usen para la copia privada.

Josep Jover sostiene que el Estado podría reclamar hasta 300 millones de euros a las entidades de gestión en concepto de devolución del canon. De hecho, la Generalitat de Catalunya ya advirtió en noviembre de su intención de requerir el dinero en base a la sentencia del TSJUE.

Vía | Público
Foto | Mirwav

Será deformación profesional. Lo primero que me vino a la memoria, cuando Nación Red me pidió una reflexión sobre las próximas elecciones al Parlament de Catalunya, fue un libro escrito desde la cárcel. Concretamente, “Escrito en la cárcel”, una extraña balada de Can Brians que redactó en su periplo penitenciario Josep Maria Sala, condenado en su día por el caso Filesa, y actual Secretario de Organización y Ciudadanía del Partit dels Socialistes de Catalunya.

En el capítulo final del libro relata quiénes le esperaban a la salida de la prisión: los dos primeros nombres son los de José Montilla y Miquel Iceta, candidatos 1 y 5 de la lista electoral del PSC.

Pocos condenados por delitos dolosos pueden aspirar a verse rehabilitados con tanta generosidad: el Secretario de Formación y Ciudadanía del PSC es el encargado de inculcar valores a los nuevos militantes. Pensando desde la lógica del partido Pirata al que votaré en las próximas elecciones, quizás algún día habrá que nombrar Conseller de Cultura a algún mantero de los que todavía hoy cumplen prisión por delitos contra la propiedad intelectual.

El antiguo oasis catalán lleva mucho tiempo emponzoñado, y todos los partidos con aspiraciones de gobierno están implicados de una u otra forma en escándalos de corrupción, para gran alegría de las togas de oro barcelonesas, los despachos de abogados que se reparten habitualmente las defensas de los distintos cargos públicos imputados a lo largo y ancho de toda la geografía del Principat de Catalunya.

No voy a descubrir en cualquier caso la base de la receta de la escudella ni de la butifarra –carne de cerdo blanco y especias autóctonas- puesto que cualquier ciudadano medianamente informado sabe cómo taparse la nariz al coger un sobre electoral.

No voy a hablar de corrupción, sino de futuro. La que representa el programa electoral de Pirates de Catalunya, la única formación política que ha comprendido lo que representa Internet para el futuro de un país en crisis como es el catalán. Un país en cuya capital, Barcelona, el rótulo comercial más normalizado es “En lloguer” (En alquiler), omnipresente en todas las fachadas.

Si quieren comparar entre pasado y futuro, sólo tienen que comparar el programa electoral de Pirates de Catalunya con la triste propaganda oficial del departamento de la Societat de l’Informació, un balance indigerible que hace dudar si sus responsables han acudido alguna vez en su vida a una reunión de networking: hasta el más triste bloguero les hubiese podido preparar una mejor presentación.

El domingo votaré Pirata para poder votar a otro partido algún día. Antes o después, el partido Pirata dejará de ser necesario, porque su ideología ha de ser transversal, y como el respeto al medio ambiente y a los derechos fundamentales, premisa indispensable para la supervivencia de cualquier partido democrático. Pero para construir ese futuro ahora hay que votar Pirata.

Es posible que nuestro voto se pierda, pero nunca será inútil: lo único inútil es votar a los de siempre. Con la entrada en vigor en diciembre de la reforma del Código Penal, cualquier persona jurídica responsable de delitos de soborno o cohecho puede ser disuelta por la autoridad judicial. Es dudoso que ese riesgo pueda correrlo a corto plazo un partido Pirata: la primogenitura de la prisión de Can Brians queda para los corsarios habituales.

Son utópicos, son frikis, y en ocasiones recuerdan a los niños descarriados de Peter Pan. Pero si uno contempla la faz de los Capitanes Garfio que figuran en los restantes carteles electorales, acaba por perdonarles la bisoñez. Si algo hace falta en el Parlament de Catalunya son novatos de la política: ya hemos tenido suficientes políticos profesionales.

Imagen | pirata.cat

De un plumazo que parecía de halcón, 73.000 blogs han desaparecido. No es Venezuela. Es EE.UU. Las “noticias” – más bien las especulaciones – apuntan a la presencia de material que infringe los derechos de autor como “justificación” de una medida sin precedentes.

Para muchos estamos en el inicio definitivo de la “guerra total” contra la “infracciones de copyright”. Los blogueros que han perdido sus blogs, sin cometer ninguna infracción, serían las víctimas colaterales de una decisión brutal que además se mantiene en una llamativa bruma informativa que recuerda a la censura de guerra.

El proveedor de blogs blogetery.com fue desactivado el pasado viernes por su servidor, BurstNet, que ha precisado a su cliente que la desconexión fue la única opción debido a la situación “crítica” que habían advertido las autoridades. Lo que se interpreta como fuertes presiones de las autoridades que habrían forzado el cierre por un “hecho muy grave”. Las especulaciones van desde una gran redada contra infracciones de los derechos de autor, a un asunto de “seguridad nacional”, “pornografía infantil”...

Blogetery es un servicio de blogs gratuito que funciona con la plataforma WordPress. Según ha reconocido el administrador del servicio, se habían recibido algunas demandas de los propietarios de derechos de autor para que se eliminaran enlaces a los archivos con material ubicado en Rapidshare o en torrents. Siempre se cumplían con todas las exigencias en 24 horas.

A finales de junio el vicepresidente estadounidense Joe Biden denunció la infracción a los derechos de autor en la red como “puro robo” y prometió incrementar la presión en los países que alberguen los servidores web de los piratas. Después de eso las autoridades efectuaron una operación para secuestrar los dominios de siete sitios que transmitían películas que se acababan de estrenar.

Ahora se han disparado las especulaciones sobre los verdaderos motivos de una medida brutal. Sobre todo porque BurstNet revela en un mail a los responsables de Blogetery que el caso no era “típico” y se le exigió el cumplimiento inmediato de las demandas federales para cerrar todo el sitio Web. Algunos informes parecen sugerir, además, que las demandas previas sobre derechos de propiedad intelectual apuntaban a usuarios específicos.

Todo son rumores y especulaciones, por ejemplo algunos consideran que la tremenda magnitud de la acción federal sólo puede estar motivada si el propietario está involucrado en algún tipo de delito relacionado con el proveedor de blogs. En todo caso ya es víctima de una condena social. Lo que nadie piensa es que los 73.000 blogueros hayan cometido un delito, pero todos han perdido su blog. Su plataforma de expresión en libertad ha sido cercenada, sin explicaciones.

Otros rumores apuntan a una decisión gubernamental relacionada con la pornografía infantil. En Techdirt especulan con la “Seguridad Nacional”. En Torrent Freak publican la correspondencia de correo electrónico entre el servidor y el provvedor de blogs. Al principio la empresa de alojamiento web no menciona a las autoridades, pero luego en los correos electrónicos posteriores se justifica una y otra vez con menciones a una decisión de las autoridades.

No hay mención alguna a una orden judicial. ¿El principio de la guerra total, por lo tanto inevitablemente con víctimas colaterales, para erradicar la “piratería”?

En Nación Red | Joe Biden: “La piratería es como robar diamantes en Tiffany’s”

Brasil, país del futuro, ha impulsado una reforma legislativa de su ley de derechos de autor que rompe con el dogmatismo proteccionista y sancionador que protege los DRM. Lo hace estableciendo sanciones a quien bloquea el acceso, mediante los DRM, a obras de dominio público o abusa de los “derechos” de autor.

La propuesta brasileña coincide con la línea marcada por la Corte Suprema de Canadá que declaró hace varios años que un exceso de protección es tan perjudicial como una protección escasa. Algo que choca, por ejemplo, con la legislación de EE.UU que prohíbe “sortear” los sistemas DRM incluso cuando no protegen los derechos de autor.

En la versión brasileña de la ley, por el contrario, se penaliza el abuso de las medidas de protección de derechos de autor. En concreto su artículo 107 dice:

La misma sanción se aplicará, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, a quien, a través de cualquier medio:

b) obstaculiza o impide el uso libre de las obras, las transmisiones de radiodifusión y los fonogramas que de dominio público.

La ONU exige a los países que aprueben leyes para garantizar la seguridad de los DRM independientemente de que se viole o no algún derecho de autor o restricción de copia. Brasil ha roto con esta doctrina inspirada en la Digital Millenium Copyright Act. Antipando el futuro.

Foto | gi varga
Vía | Boing Boing

El FBI investiga ya el grave fallo de seguridad que dejaba al descubierto miles de direcciones de usuarios del iPad, entre ellas las de conocidas personalidades, profesionales y políticos como el propio alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

El agujero, que estaba en la página de la operadora por la que se accedía a la cuenta de correo, fue subsanado cuando un grupo de hackers llamado Goatse Security advirtió de que la página de la operadora era fácilmente asaltable para los piratas y que las cuentas de correo corrían peligro de ser puestas al descubierto.

Según la versión de AT&T no fueron los hackers si no un cliente, quien alertó del fallo de seguridad. La operadora ha dicho que informará a los clientes cuyas cuentas fueron descubiertas. Por su parte el FBI está al tanto de estas intrusiones y ha abierto una investigación para hacer frente a la amenaza”, dijo la portavoz del FBI Lindsay Godwin.

El alcalde es el fundador y dueño mayoritario de grupo editorial Bloomberg LP. Precisamente en el portal de noticias propiedad del alcalde se pueden leer unas declaraciones exclusivas de Escher Auernheimer, analista de seguridad, del grupo responsable del “agujero”:

Hemos actuado de buena fe por completo. Nadie en la empresa de seguridad de Internet ha sido contactado por el FBI y hemos tomado medidas para garantizar que absolutamente nadie se haya visto afectado por los datos que teníamos

Pero es en su blog donde Goatse Security hace una explicación detallada de todo el “trabajo” que han hecho:

Todos los datos fueron obtenidos de un servidor público sin contraseña, accesible para cualquier usuario de Internet. No hubo violación ni intrusión.

El conjunto de datos no fue revelado hasta que se comprobó el problema y fue subsanado. La única persona que recibe el conjunto de datos fue Ryan Tate, periodista de Gawker periodista, que fue el responsable de redactar la noticia.

No se contactó con AT & T directamente, pero nos aseguramos de que alguien les avisase.

No teníamos interés en el diálogo directo con AT & T, pero esperamos a que tuviesen la casa en orden y conseguir tapar el agujero antes de dar a conocer lo que hambiamos hecho.

Los usuarios del iPad tienen derecho a saber que sus direcciones de correo electrónico eran de conocimiento público para que pudieran tomar medidas y mitigar el problema (como cambiar su dirección de correo electrónico). Esto se hizo en el servicio del público estadounidense.

¿De verdad creen algunos que las violaciones corporativas de privacidad deben permanecer indefinidamente en secreto? Si usted está potencialmente en una lista de objetivos de explotar porque alguien tiene una vulnerabilidad de Safari IPAD (..) es el mejor que se le informe más temprano que tarde (después de haber sido explotado con éxito). Lo hemos hecho para ayudar.

Creo que el problema para la mayoría de la gente con nuestra divulgación no es el proceso de exposición de las direciones de correo, sino la retórica y el tono que ha acompañado a la noticia. También algunos parecen discrepar de que fuese la revista Gawker la que tuviese la exclusiva. De hecho algunos periodistas nos dicen que “Gawker tiene problemas”. No creo que eso sea verdad. Además es curioso, porque algunos de los medios que me dicen que Gawker tiene problemas me habían ignorado cuando traté de ofrecerles esta historia.

La retórica, el tono, y la salida que elegimos para nuestra comunicación es la libertad de expresión, así de simple.

También he escuchado la insinuación en una gran cantidad de comentarios en Internet de que Gawker nos ha pagado por esta primicia. Esto es falso. Ninguno de nosotros hemos recibido dinero por esta acción. Lo hicimos en defensa del interés público. En serio, no somos pobres y no necesitamos dádivas de las empresas de blogs.

De todas formas, no hubo actividad ilegal o acceso no autorizado (...) no vendemos sus datos a los spammers (al contrario, los hemos eliminado después de que Ryan Tate (Gawker) ha cumplido su propósito con nosotros. Los iPads ahora son más seguros gracias a nosotros.

Antes el alcalde de Nueva York había quitado importancia a lo sucedido “Vivimos en un mundo donde la información está disponible en todo el lugar, y no va a ser violaciones de la seguridad todos los días en todo el mundo”, dijo. “Eso es lo que pasa cuando se tiene información.”

En las últimas semanas, el alcalde ha promocionado con auténtico entusiasmo la tableta de Apple “como una herramienta útil para la gestión de una ciudad de 8,4 millones de personas”.

Mark Siegel, portavoz de AT&T comunicó que desde la compañía están informando a todos los usuarios del iPad, cuyas direcciones de correo electrónico hayan estado expuestas. Además su portavoz ha querido dejar claro que el problema está solucionado:

Nos tomamos muy en serio la privacidad del cliente y al mismo tiempo hemos arreglado este problema, pedimos disculpas a nuestros clientes que fueron afectados”, dijo la compañía en un comunicado.

Sin embargo, otras fuentes señalan, que la gran cantidad de nombres relevantes de la política y el mundo de los negocios que había en la lista ha hecho que el FBI entre a investigar el caso ya que serían muchos y muy importantes los datos a los que podrían haber accedido los hackers.

Mark Siegel, portavoz de AT & T, no quiso hacer comentarios.

Foto | tsevis
Vía | Goatse Security – Bloomberg
En Nación Red | Un fallo de seguridad de AT&T expone miles de direcciones electrónicas de usuarios del iPad

La Free Software Foundation, que preside Richard Stallman, ha decidido convertir el 4 de mayo en el Día Internacional contra los DRM (sistemas anticopia). El evento unirá a una amplia gama de proyectos de interés público, organizaciones, sitios web y a la ciudadanía en un esfuerzo para concienciar y sensibilizar al público sobre los peligros que representa esta tecnología que restringe el acceso de los usuarios a películas, música, literatura y software, de hecho, a todas las formas de la tecnología digital de manejo de datos. Muchos de esos sistemas DRM supervisan las actividades de un usuario e informan de todo ello a las empresas que imponen el DRM.

Como parte de la campaña anti DRM, Defective by Design y la Free Software Foundation (FSF) ofrecen ayuda a los activistas anti-DRM de todo el mundo para coordinarse en la movilización en contra de esta tecnología anti-social y auténtica “arma” de la industria en su irracional cruzada contra la “piratería”.

“Los DRM atacan nuestra libertad en dos niveles. Se proponen atacarnos restringiendo la libertad de hacer copias de trabajos publicados. Lo que significa que nos obligan a usar software propietario, lo que tiene como consecuencia que no tenemos control alguno sobre él. Cuando las empresas se organizan para diseñar productos destinados a restringir nuestra libertad, tenemos que organizarnos para derrotarlos”, dijo el presidente de la FSF, Richard Stallman.

Más información | Web oficial del día contra las DRM

Google y otras organizaciones se han unido para defender a Yahoo en su lucha frente al Gobierno federal, según adelantabael portal CNET. Al parecer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos exige al conocido portal que le proporcione acceso a las cuentas de correo, algo a lo que se niega Yahoo arguyendo que se trata de información privada y que por lo tanto es necesaria una autorización judicial para tener acceso.

Según Yahoo, los usuarios de su servicio de correo electrónico esperan una seguridad “razonable” en sus cuentas, algo que estaría protegido por la propia Constitución estadounidense. El argumento del Departamento de Justicia es que esas garantías sólo son aplicables a aquellos mensajes que tienen menos de 181 días de antigüedad. Google y una coalición de organizaciones que incluye a la Electronic Frontier Foundation, el Center for Democracy and Technology, la Progress and Freedom Foundation, la Computer and Communications Industry Association, y TRUSTe, apoyan a Yahoo en su litigio y han presentado una moción de apoyo frente al juzgado que lleva la causa.

Tanto para Yahoo como para la coalición, la información almacenada en la “nube” debería tener el mismo nivel de privacidad que la información que se guarda en casa y por ello exigen la autorización judicial. Además, la ley en la que se basa la petición de las autoridades estadounidenses data de 1986, anterior por lo tanto a la “era Internet”, por lo que temen que se aproveche este agujero legal, desprotección que podría retrasar la adopción de servicios basados en la “nube”.

Yahoo añade otro argumento: dentro de los emails requeridos puede haber correos que estén protegidos por la relación abogado-cliente, algo que el Departamento de Justicia parece no tener en cuenta.

Más información | La moción de apoyo presentada por la coalición frente al juzgado.
Imagen | Argazkiak.org

La Asociación de Internautas ha hecho público un comunicado en el que anuncia que presentará una denuncia en la Comisión Europea por la sentencia del Tribunal Supremo español por el caso Putasgae. Dicha sentencia declara culpable a la AI por alojar la web www.putasgae.org en la que se injuriaba a la Sociedad General de Autores y a su presidente, Teddy Bautista. Según el tribunal, la asociación conocía y colaboraba conscientemente con los propietarios de la web. La AI se defiende asegurando que se limitaban a prestar un servicio de hosting y que no conocían el contenido de la página.

El litigio comenzó en marzo de 2004, cuando la SGAE demandó (pdf) a la Asociación de Internautas por atentar contra el honor de su presidente. La SGAE pedía 36.000 euros pero finalmente la AI fue condenada a pagar 18.000 por la Audiencia Provincial de Madrid. La asociación elevó un recurso de casación arguyendo que la ley no obliga a quien aloja la web a conocer los contenidos ilícitos y que de haberlos tienen que serles comunicados por una tercera instancia.

Alegaban que cuando tuvieron conocimiento de que existían dichos contenidos, borraron los que “tecnicamente pudieron” y avisaron a los propietarios de la página de que había un procedimiento judicial en marcha. Sin embargo, el Alto tribunal no lo consideró suficiente y ratificó la sentencia (pdf) del tribunal madrileño.

Mientras tanto, la conflictiva página web ahora está redirigida a Cultura sin grilletes.

Más información | Caso Putasgae: Nos vamos a Europa (Asociación de Internautas)
Imagen | Daquella Manera

Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.

Ahora también es colaborador de Nación Red.

Según establece el artículo 7, apartado 5 de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), se consideran datos especialmente protegidos los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.

En el año 2000, la Agencia de Protección de Datos ordenó el cierre cautelar de la Asociación contra la Tortura, iniciando un expediente sancionador que finalizó con la imposición de una multa de 60 millones de pesetas, que se vería posteriormente confirmado por sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. El motivo de todo ello, la publicación por parte de la Asociación Contra la Tortura de una lista de funcionarios de prisiones y cuerpos policiales condenados o procesados en casos de tortura a detenidos españoles.

Ayer, 6 de abril de 2010, se publicaron en Internet los 50.000 folios del sumario conocido como “Caso Gürtel”. Los ficheros pdf que recogen intervenciones telefónicas se pueden descargar de infinidad de páginas, así como de las principales redes de intercambio de archivos. Es un material cómico excelente, muy apropiado para las pantallas del Kindle DX o del iPad.

Pero es más: las grabaciones audiovisuales efectuadas en sede judicial, donde aparece la voz y la imagen de los principales acusados, fueron ayer difundidas por distintas televisiones, en horario de máxima audiencia, y a estas horas ya están disponibles en YouTube.

Personalmente siempre he pensado que la información debe ser libre, y que en un mundo digitalizado es imposible técnica y jurídicamente impedir la difusión de informaciones de interés público, y muy especialmente aquellas que afectan al cáncer del Estado de Derecho: la corrupción política. Pero si vamos hacia un mundo transparente, la ley debe ser igual para todos.

Recientemente, los periodistas de la Cadena Ser Daniel Anido y Rodolfo Irago fueron condenados penalmente, e inhabilitados profesionalmente, por haber ejercido su obligación profesional: revelar la información que los corruptos quieren esconder.

En el año 2008, Julio Alonso, responsable de la red de blogs Weblogs, S.L., fue apercibido mediante auto dictado por una juez de Madrid sobre las consecuencias negativas que podría padecer en el supuesto de colgar en su blog Merodeando el vídeo que recogía la audiencia pública del juicio seguido contra su persona a instancias de la SGAE. El abogado de esta entidad alegó una posible infracción de su derecho a la imagen, pese a que dicha imagen se grabó en una audiencia pública, mientras el letrado –también músico e intérprete profesional cara al público– desarrollaba sus funciones profesionales. Otro vídeo anterior, de la audiencia previa al juicio, presenta ahora un hilarante mensaje: “Este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de copyright realizada por SGAE”.

Podría seguir hasta el aburrimiento. Podría explicar, por ejemplo, cómo se me ha negado, en distintos Juzgados de Madrid, la posibilidad de hacer fotocopias del sumario, en casos de gran complejidad tecnológica, que hacían imprescindible disponer de una copia del sumario para ejercer en condiciones el derecho de defensa. Sin ir más lejos, un Juzgado Central de la Audiencia Nacional me denegó tal posibilidad en un caso de falsificación informática de tarjetas de crédito, y todavía estoy a la espera de que se me facilite copia de la megapublicitada Operación Mariposa, dirigida por el juez Baltasar Garzón.

Parafraseando a George Orwell, podríamos decir que si la justicia significa algo, es por encima de todo, que la ley sea igual para todos. Si el Estado de Derecho significa algo, ha llegado la hora de romper –también digitalmente– todo tipo de embudos y dobles varas de medir.

Imagen | hiddedevries