Vivendi

¿Pagó la SGAE los servicios de prostitutas a policías, políticos y periodistas?, es la pregunta que se hace en el número de diciembre de la revista Vanity Fair que llega hoy a los quioscos y que incluye una entrevista a Pedro Farré, ex director de relaciones institucionales de la SGAE que utilizó la tarjeta corporativa de la entidad para contratar prostitutas de lujo, en la que asegura que los gastos fueron aprobados por la dirección financiera de la SGAE y todos ellos estaban destinados a mantener las buenas relaciones con los distintos grupos de interés.

Los de la SGAE pasaban a la entidad los gastos de sus compras en el supermercado, la joyería o el concesionario pero en aquella alegría consumista se incluían también los “regalos de empresa”: regalos VIP.

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Una característica del capitalismo francés es que los presupuestos gubernamentales para obras públicas, el agua o el armamento sean para grupos privados propietarios de medios de comunicación, mientras que los riesgos corren por cuenta del contribuyente. Vivendi, anatomie de la pieuvre

Jean-Bernard Lévy (Vivendi), René Obermann (Deutsche Telekom) y Ben Verwaayen (Alcatel-Lucent) se entrevistaron esta semana en Bruselas con Neelie Kroes, comisaria europea para la Agenda Digital.

En lo formal se trataba de presentarle una serie de propuestas para financiar las infraestructuras para impulsar la alta velocidad de banda ancha en Europa. Una manera de insistir en la doctrina Alierta, los grandes proveedores de contenidos (Google y compañía) deben asumir parte de la factura que supondrá la mejora de la conexión a Internet de aquí a 2020.

La inversión necesaria, según la troika de los operadores, cuya voz cantante es la del poderoso CEO de Vivendi, es de más de 200 mil millones. El engañado de las Azores, horas antes, abría el arca donde guarda los euros, que son de los ciudadanos europeos, y ofrecía un adelanto de nueve mil millones para los aperitivos. El CEO de Vivendi, ojo con él, salía encantado de la reunión. “Vimos un sorprendente nivel de consenso”.

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Más de 18 organizaciones que representan los intereses de la oligarquía del copyright han aplaudido a la Comisión Europea de Barroso por aprobar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) y enviarlo al Consejo de Rompuy y al Parlamento Europeo para su aprobación final. De los parlamentos nacionales no dicen nada pues no quieren saber nada. Creen que se podrá – podrán, que para eso son un lobby – evitar el trámite.

Las organizaciones que apoyan la Comisión Europea y urgen a ¡firmar el ACTA ya!, incluyen a la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Acción Empresarial para Detener la Falsificación y la Piratería (BASCAP), Anti-Counterfeiting Group (ACG), Business Software Alliance (BSA), ECTA, la Confederación Europea de la Confección y el Textil (EURATEX), la española EGEDA, la Federación de Editores Europeos (FEP), la Federación de la Industria de Artículos Deportivos Europea (FESI), la Cámara de Comercio Internacional del Reino Unido (CPI Reino Unido), la Federación de Software Interactivo de Europa (ISFE), la investigada IFPI, INDICAM, el grupo Antipiratería italiano, MARQUES, Toy Industries of Europe (TIE), la Union des Fabricants (UNIFAB) y la Verein für Anti-Piraterie austriaca.

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Alemania investiga por malversación de fondos y fraude a la Hacienda pública a una empresa fundada por el CEO de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) en Suiza. La IFPI fue fundada por las principales discográficas de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido durante un congreso celebrado en Roma el 14 de noviembre de 1933, invitados por la que entonces se denominaba Confederazione Generale Fascista dell’Industria Italiana. Hoy son el lobby del disco por excelencia en Europa. Su partner español es PROMUSICAE y el amigo americano es la RIAA.

La investigación se centra en el consejero delegado de IFPI Suiza, Beat Högger, que acaba de dimitir y al que se le investiga por su relación con una empresa fantasma (IP Gate) de mayoría alemana pero que curiosamente compartía hasta el año 2009 el mismo domicilio que la IFPI en Zurich. Los investigadores sospechan que el suizo de la IFPI montó una empresa, aprovechando la infraestructura del lobby de la industria discográfica, para “ayudar” a alemanes a evadir (o lavar) capitales. También se da la curiosa circunstancia de que empleados de la IFPI trabajan en la empresa nómada del señor Beat Högger.

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The report, according to its Socialist critics, gives governments a mandate to introduce the highly contested three strikes rule, which would cut off an Internet user’s connection if they are caught making an illegal download three times. However, Gallo denies this claim and says she is not in favour of this policy, but instead prefers a Spanish proposal currently making its way through the national parliament in Madrid. The Spanish policy, which has also divided national policymakers in Madrid, would shut down the websites caught by a judge for providing illegal downloads to users. – EuroActiv (1/06/2010)

En agosto de 2010 comentamos lo que pretendía el comisario europeo Michel Barnier con la revisión de la Directiva sobre comercio electrónico. Lo de siempre, apuntará con toda la razón el lector que haya seguido las andanzas de Barnier en Nación Red.

El comisario de Barroso y Sarkozy ya es un clásico. Ahora vuelve a ser noticia por impulsar en la UE un sistema de control de Internet a la española que lleva tomando como modelo desde que pudo comprobar que a su compañera de partido en Francia y en Europa, Marielle Gallo, le funcionaba lo de vender o envolver su Informe haciendo referencias al modelo español y no tanto al modelo francés de Hadopi, que ahora hasta Sarkozy reconoce que “no funciona”. Aquello le llamó la atención a Barnier. Tipo listo.

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El Partido Pirata Sueco ha criticado el acuerdo PP-PSOE para salvar la Ley Sinde y denuncia que ha sido “dictado” por la industria audiovisual. La joven eurodiputada pirata Amelia Andersdotter calificó la ley de “hostil” al futuro de uno de los países más favorables al intercambio de conocimiento y lamentó que los políticos “tiemblen” ante lo que calificó de “pura presión económica”.

Por ejemplo la compañía Universal (Vivendi) amenazó la semana pasada con echar al 40% de sus empleados en España. Eso es simplemente un repugnante truco para intentar influir en los legisladores cuando la ley Sinde ha sido duramente criticada por muchos españoles.

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Para los delitos previstos en los artículos 2.14.1, 2.14.2, 2.14.3, y 2.14.4 cada país está obligado a establecer sanciones que incluyan penas de prisión, así como importantes multas lo suficientemente elevadas para disuadir a los criminales de volver a atentar contra la propiedad intelectual.

Así explican los negociadores del ACTA sus logros. El texto que van a pulir en Sidney y que unos días antes quieren aprobar en la única insitución que se les resiste. La última línea de defensa para frenar ACTA está en manos de los eurodiputados que se decidan por un botón u otro este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo. Ese SÍ, ese NO, ese en blanco, ese nulo y “ese” como Cospedal que no ha venido a votar.

Será, sin duda, una de las votaciones más esperadas del año. En lo que a Internet respecta la más importante, quizá, de toda la historia parlamentaria europea. “Si ACTA es aprobado este miércoles el ius civile (derecho continental) sufirá tanto como Internet”.

Dice esto un eurodiputado español que no estará presente en la votación sobre el ACTA (pdf, ronda Tokyo) si su partido le impone o sugiere votar a favor. Eso cuenta. De este tipo de eventuales deserciones depende la “gran votación” que tendrá lugar este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo. Las cuentas no salen, pero no perdamos la esperanza. Bastaría con “nuestros” eurodiputados. Estamos apañados.

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La implicación de los zaplanistas en la constitución de un grupo de medios de comunicación con el dinero del “pelotazo urbanístico”, que ha sumido a una generación de españoles en un hipoteca vital y a España en una crisis sin precedentes, nos trae a la memoria la clave del disparo que ha sumido a Internet en un objetivo de la oligarquía político-mediática que controla los medios de comunicación.

Amigos del presidente, de turno, colmados de beneficios. Medios del otro lado “subvencionados” con dinero público de la Comunidad, también de turno, a través de una controvertida y desproporcionada inversión publicitaria. Medios de otro color pero al servicio del partido (del mismo color) que reciben lo “justo” para pagar las nóminas, sea del ayuntamiento afín o de la empresa privatizada o caja con presencia en el Consejo de hombres del partido. Por no hablar de las concesiones de canales semi-cerrados de la TDT para poner teletiendas y pasado mañana canales de pago, en lo que pretendía ser “un modelo” de televisión en abierto.

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“Es un texto peligroso, anacrónico y dogmático que está perfectamente alineado con ACTA”, declaraba a Nación Red la eurodiputada socialista, Françoise Castex sobre el Informe Gallo (pdf).

En esa misma entrevista hacía un llamamiento a la izquierda del Parlamento Europeo y a los liberales para oponerse al informe de la eurodiputada popular que ahora ha encontrado el apoyo de un grupo de artistas europeos entre los que se encuentran los españoles David Bisbal, Luis Eduardo Aute, Ana Torroja, Soraya, Edurne y El Canto del Loco (Daniel Martín y David Otero).

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