Victoria Espinel

Parece que la industria estadounidense no está dispuesta a dar su brazo a torcer, a pesar de que ayer mismo el Gobierno de los EEUU puso en duda los datos de pérdidas que usaban hasta ahora para justificar sus exigencias. Hoy, algunas de las principales asociaciones gestoras de contenidos, como la MPAA o la RIAA, y que se denominan a sí mismas las Organizaciones de la Comunidad Creativa, han enviado una petición vía e-mail a la Coordinadora para el Cumplimiento de la Propiedad Intelectual, Victoria Espinel, donde desgranan las medidas que a su juicio deberían tomarse para proteger el material con copyright.

Entre otras medidas, las “majors” proponen la instalación de un software en los ordenadores personales que permita la detección de material ilegal, la filtración por parte de las operadoras de las descargas de los usuarios, la persuasión por parte del Gobierno de EEUU a la comunidad internacional para que se tomen medidas similares y el control en las fronteras del material (¿portátiles? ¿reproductores?) introducido por los visitantes extranjeros en busca de cualquierque infrinja el copyright.

En el escrito enviado a Espinel, de 23 folios, las asociaciones del entretenimiento aseguran que “el robo online de copyright ataca a la economía, roba trabajos y amenaza el interés nacional”. Por eso llaman al Gobierno estadounidense a unirse a los países europeos que están tomando medidas para defender la Propiedad Intelectual, como Inglaterra o Francia. Y vuelven a dar cifras: en 2005, la economía de Estados Unidos habría perdido 25 mil millones de dólares.

Más información | El escrito al completo.
Vía | @jcantero.
Imagen | Frotzed.

El Gobierno de los EEUU ha publicado un informe (pdf) en el que cuestiona todas las estimaciones barajadas hasta la fecha en relación con la piratería. El organismo responsable del rendimiento de cuentas (Government Accountability Office o GAO) que ha elaborado el informe arremete contra tres informes que se suelen citar como “referencia oficial” y que se consideran respaldados por el gobierno.

La GAO afirma simple y llanamente que los tres son falsos. Uno de esos informes lo elaboró el FBI en el año 2002. Los otros la Oficina de Aduanas y la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos.

La GAO descalificó también los informes de la “Industria”. Lo hace con contundencia al descalificar los informes elaborados por la Business Software Alliance (BSA), que es la entidad que agrupa a las principales compañías de software en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, compuesta por los mayores estudios de Hollywood, a los que acusa de hacer suposiciones sobre bases que carecen de una metodología clara y profesional.

Detrás de este estudio gubernamental está el acta llamada PRO-IP, que busca fortalecer la propiedad intelectual (IP) en Estados Unidos y que creó la figura de un “zar del copyright” (o Coordinador para el Cumplimiento de la Propiedad Intelectual) dentro de la Casa Blanca. Para este cargo fue nombrada Victoria Espinel, quien tiene como responsabilidad (entre otros) recopilar datos respecto a la piratería y falsificación para poder tomar medidas al respecto. Este estudio es parte de este proceso de recopilación, aunque ciertamente la información que revela no pinta nada bien para la alarma que habían generado hasta ahora las industrias con sus estimaciones.

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