Universal

Robert Bennett, el abogado que hasta ahora representaba a Megaupload en su proceso judicial ha anunciado que deja el caso. La versión oficial dice que Bennett abandona Jim Dotcom y sus colegas por un supuesto conflicto de intereses relacionado con otro de sus clientes, aunque todo apunta a una fuerte presión por parte de la industria del entretenimiento. Porque Bennet no es cualquier abogado, sino uno de los más famosos de los Estados Unidos: llevó el caso Lewinsky.

Aunque Bennett empezó a trabajar con Megaupload justo cuando cerraron el servicio, los primeros días no se hizo público. Sin embargo, cuando se supo que era él el abogado que les representaba, algunos clientes de su firma se habrían ofendido. Llama la atención que el pasado viernes Bennett estaba completamente implicado con el caso: “Tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra estas acusaciones”, afirmó.

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Los efectos de los ataques de Anonymous han tomado un nuevo nivel hoy cuando los ciberactivistas han revelado datos personales del director del FBI, Robert Mueller, y el Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder, según asegura EFE. En el caso de Mueller, la información publicada se refiere a su fecha de nacimiento, las direcciones de sus 11 domicilios, sus correos electrónicos y sus números de teléfono. En cuanto a Holder, es la misma información, pero también constan sus antecedentes penales, que se reducen a multas por velocidad, y los de su mujer.

El robo de los datos forma parte de la #OpMegaupload, una campaña para responder al cierre inesperado de Megaupload ayer por la tarde. En lo que va de día y medio, Anonymous ha atacado las webs del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la MPAA, de la RIAA, de Universal Music, del FBI, de HADOPI, de Warner Music Group, de la Federación Belga Anti-Piratería y de Vivendi France, entre otras.

Se trata de una respuesta con mucha participación, se dice que más de 5.000 ciberactivistas han tomado partido en ella. Tanto han molestado, que la MPAA ya ha comunicado que tomará medidas junto con el FBI para descubrir qué usuarios han llevado a cabo los ataques y denunciarlos.

Foto | Franck Mahon

El FBI ha cerrado uno de los sitios más populares del mundo para compartir archivos, Megaupload, también se habrían producido varias detenciones entre ellas las de su fundador Kim Dotcom (Kim Schmitz), así como la de Finn Batato, Mathias Ortmann y Bram van der Kolk. Los cargos incluyen conspiración para cometer delitos y violación de derechos de autor, entre otros.

La acusación formal (ver documento) señala que los propietarios de derechos de autor han perdido más de 500 millones de dólares a causa de la divulgación de películas y otros contenidos a través de la red. La Operación contra Megaupload fue coordinada de forma simultánea en diversas partes del mundo, incluyendo los arrestos y el cierre de servidores ubicados en varios países. La acusación incluye en el relato de lo que califica como Mega Conspiración a sitios como Taringa y Series Yonkis (ver página 6).

La Operación contra Megaupload lleva la firma del fiscal del distrito este de Virginia (allí sitúan los investigadores el servidor principal de la compañía), el Departamento de Justicia y el Centro Nacional de Coordinación de la Propiedad Intelectual.

Mega Indictment

Claro, llevamos días hablando de la SOPA porque es un fenómeno global, pero también hay otras leyes que están haciendo estragos en varios estados. Si en España llevamos meses preocupados e indignados por la ley Sinde, en Alemania tienen un problema de proporciones bíblicas con la GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte, que vendría a ser como la SGAE de allá.

El último episodio del conflicto que viven en el país teutón se ha saldado con el cierre de Grooveshark, la radio online que no gustaba ni un pelo a las casas discográficas. El equipo de Grooveshark ha cedido finalmente a las presiones y han acabado cerrando para evitar tener que hacer frente a una serie de costes que les habrían supuesto igualmente la ruina económica. En noviembre ya se vieron las caras con la Universal Music Group, que les pidieron nada más y nada menos que 150.000 dólares por cada una de las 100.000 canciones que emitían desde sus servidores.

En aquel entonces, Grooveshark no se amilanó, y de hecho hasta hace bien poco tiempo estaban plenamente operativos, lanzando incluso una versión para móviles que permitiera a los usuarios saltarse a la torera cualquier veto impuesto por las leyes que, como en el caso español, amparan con gran celo los derechos de autor. Finalmente, Grooveshark no ha resistido el envite de la GEMA y ha cerrado sus puertas.

Vía | Genbeta

Ampliar de 50 a 70 años los derechos de autor de las grabaciones musicales le costará a los europeos un billón de euros según ha denunciado Martin Kretschmer, Director del CIPPM (Centre for Intellectual Property Policy & Management) de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido.

El profesor dice basarse en las propias cifras de la Comisión Europea y los cálculos de los académicos del centro que preside y otras tres prestigiosas instituciones: el Centre for Intellectual Property & Information Law (CIPIL) de la Universidad de Cambridge, el Institute for Information Law (IViR) de la Universidad de Amsterdam y el Max Planck Competition and Tax Law de Munich.

Otros datos aportados por el profesor son igualmente “interesantes”. El 72% de los ingresos “extras”, como producto de la extensión del copyright, se irán a las arcas de las “cuatro hermanas”, es decir, aquellos “sellos” que tienen el control absoluto – casi el 90% – de industria de la música a nivel mundial: Universal, Sony, EMI y Warner.

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El Partido Pirata Sueco ha criticado el acuerdo PP-PSOE para salvar la Ley Sinde y denuncia que ha sido “dictado” por la industria audiovisual. La joven eurodiputada pirata Amelia Andersdotter calificó la ley de “hostil” al futuro de uno de los países más favorables al intercambio de conocimiento y lamentó que los políticos “tiemblen” ante lo que calificó de “pura presión económica”.

Por ejemplo la compañía Universal (Vivendi) amenazó la semana pasada con echar al 40% de sus empleados en España. Eso es simplemente un repugnante truco para intentar influir en los legisladores cuando la ley Sinde ha sido duramente criticada por muchos españoles.

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La Corte Suprema ha decidido no bloquear la demanda antimonopolio presentada por varias asociaciones de consumidores contra las discográficas. Hoy lunes se decidía si escucharían o no las apelaciones presentadas por los abogados de las Cuatro Grandes (Universal Music, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, y EMI). La decisión ha sido clara, se considera que hay evidencias suficientes contra ellos.

EL CASO:
La historia se remonta a 2001, cuando las Cuatro Grandes se preparaban para dar el salto de las tiendas físicas a las ventas por Internet. La demanda alega que las discográficas se reunieron y decidieron un precio mínimo para las compras por Internet, al contrario que sus competidores, que no formaban parte de ése pacto. Además presentan evidencias de cómo utilizaron vías clandestinas para pactar y entablar una estrategia común para restringir el acceso a la música en la Red.

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La discográfica española Vale Music echará el cierre debido a las descargas. Eso dice David Bisbal. Según afirma en su Twitter, el sello que le permitió grabar su primer álbum, Corazón Latino, tiene sólo “unas horas de vida” debido a la “piratería descontrolada”.

Nada tiene que ver con que la multinacional Universal Music Group la comprara hace cuatro años y tuviera ya un plan para desmontarla progresivamente. Todos los artistas que estaban hasta ahora en las filas de Vale Music pasarán a engrosar la cartera de Universal. Nombres como Chenoa, David Bustamante, Natalia, David Civera o María Isabel, todos ellos grandes intérpretes, dejarán de pertenecer al sello español para incorporarse a la multinacional.

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La acusación que viene de Hollywood (Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal) y Sony contra los responsables de The Pirate Bay no quiere cebarse y se “limitará” a pedir ocho millones de euros más de indemnización con respecto a la sentencia que condenaba a Fredrik Neij, Peter Sunde, Gottfrid Svartholm Warg y Carl Lundström a un año de cárcel y a pagar 30 millones de coronas suecas (3,3 millones de euros) por violar la ley de propiedad intelectual.

En el juicio de apelación que comenzaba ayer en Estocolmo, el tribunal ha denegado a los acusados la posibilidad de hablar durante las vistas. “Se me ha prohibido hablar a pesar de que lo he pedido. Es algo totalmente incomprensible”, ha comentado el ex portavoz de The Pirate Bay, Peter Sunde.

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