Tribunal constitucional

El Tribunal Constitucional alemán ha fallado a favor del portal alemán Heise Online que fue demandado por el cártel internacional de la música comercial (Sony y Vivendi, principalmente) por publicar un enlace a una página web de programas informáticos para eludir los sistemas anticopia de DVD.

La sentencia, sobre la que ya no se puede apelar, considera que debe prevalecer el derecho de los medios de comunicación a informar libremente y subraya la importancia de garantizar el ejercicio del periodismo digital. El máximo tribunal alemán sentencia que enlazar contenidos externos en páginas web no significa hacer propios esos contenidos ni compartir las opiniones u objetivos de la página enlazada.

La industria musical había acusado a Heise Online de ser una guía para fomentar la piratería. El Constitucional alemán sentencia que la revista digital se limitó a cumplir con el derecho a la libertad de expresión e información.

Foto | Wikipedia
Vía | El Mundo

Sinde culpó ayer a Esperanza Aguirre de ser responsable de lo que ha pasado en la SGAE por autorizar a las entidades de gestión a crear sociedades mercantiles, fundaciones y sociedades anónimas. No tardó en contestarle el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Cultura y Deportes, Ignacio González, y lo hizo con contundencia:

las sociedades mercantiles se crean para defender los derechos de los asociados y no para estafar

Alguna duda tendrá la ministra cuando con otros compañeros de profesión creó en 1999 la Sociedad Gestora de Derechos DAMA abandonando la SGAE por entender que no gestionaba bien los derechos de esos autores. Y más conocimiento tendrá ahora cuando su director general, responsable de la propiedad intelectual, era el director de relaciones institucionales de la SGAE

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La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde ha querido “dejar claro” que su ministerio no tiene la más mínima responsabilidad en la gestión de la SGAE. Según Sinde, una sentencia del Tribunal Constitucional derogó el deber de Cultura de vigiliar e intervenir las cuentas de una sociedad mercantil como la SGAE.

Fue una sentencia de 1997 del Tribunal Constitucional que le quitó al Estado las competencias de control e inspección que ejercía en este ámbito, y las comunidades autónomas tampoco han llegado a ejercer esa tutela

Así lo ha explicado a la salida de una conferencia pronunciada por Pedro Pérez, presidente de la asociación de productoras de cine (FAPAE) en los desayunos informativos de Nueva Economía que patrocina EGEDA y el propio Ministerio de Cultura.

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En nombre de más de una treintena de organizaciones vinculadas al sector, portavoces de diversas asociaciones han explicado en rueda de prensa las consecuencias del acuerdo PP-PSOE que salva la Ley Sinde y las acciones que tienen previsto emprender para frenar su aprobación.

Las asociaciones apelan en primer lugar a la conciencia de los senadores para que rechacen la enmienda pactada entre PSOE, PP y CiU porque introduce “inseguridad jurídica” al poner a los jueces “en el papel de certificadores” y dar más facultades a la comisión de propiedad intelectual, calificada por Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas, “como comisión de censura a internet”.

Para Víctor Domingo, la ministra de Cultura debe dimitir por no dialogar con los que se oponen a su ley: “Lleva dos meses de regalo en el Ministerio. La ministra está siendo juez y parte”.

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Google permitía publicar anuncios de clínicas abortivas. La compañía justifica su decisión en que los servicios publicitarios de Google se rigen por “aspectos de negocio, legales y de sensibilidad cultural” en los países en los que opera la empresa. La compañía ha respondido a la asociación antiabortista HazteOir.org que su objetivo es tener siempre políticas que sean justas, coherentes y a su vez flexibles”

Varios representantes de las clínicas abortistas se reunieron en mayo con miembros de la empresa estadounidense para tratar de convencer a la empresa de que modificase su política sobre el veto a los anuncios de este tipo de centros en España para adecuarse a la nueva legislación. Posteriormente, Google se reunió también con HazteOir.org, que mostró su oposición a este tipo de anuncios.

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Las dos principales asociaciones de internautas han asegurado hoy que están dispuestas a recurrir al Tribunal Constitucional, al de Defensa de la Competencia de la Unión Europea y al de Derechos Humanos si la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible es aprobada. Tras comparecer en el Senado, Víctor Domingo y Miguel Pérez, presidentes de la Asociación de Internautas y de la Asociación Española de Usuarios de Internet respectivamente, han manifestado su convicción de que el artículo “vulnera derechos fundamentales”.

En ese sentido, Miguel Pérez aseguró:

Se están dando pasos atrás en nuestros derechos y libertades, no se trata de un tema de tecnología o economía, sino que se anteponen derechos patrimoniales frente a derechos fundamentales

Ambas asociaciones han pedido que la disposición final primera no sea modificada, sino directamente sea retirada de la ley y han exigido también se suprima el canón digital que, aseguran, está “agravando” los problemas. Por otro lado, han instado a las bases de los partidos, en concreto a las del PSOE, a rebelarse porque juzgan que la mayoría “aprueban las propuestas de la red”.

Las asociaciones de internautas han comparecido frente a la Comisión de Cultura del Senado, a quien han pedido que revisen el modelo de gestión de las sociedades de autor, aunque al mismo tiempo han asegurado que están a favor de la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Según las asociaciones de internautas, lo que cuestiona Internet es el papel de los intermediarios y de los soportes: “ya nadie compra discos porque es antediluviano”, ha asegurado Víctor Domingo.

Más información | Los internautas llevarán la ley de descargas al Constitucional y la UE.
Imagen | Wikipedia.org