Stephen Conroy

La iniciativa del filtro censor australiano pretendía bloquear el acceso a webs relacionadas con la pornografía infantil. Pero al gobierno se le había ido la mano elaborando la lista de webs que serían censuradas, tal y como desveló WikiLeaks.

Entre los sitios de supuesta “pornografía infantil” se habían “colado” sitios legales de pornografía para adultos e incluso webs con referencias al aborto, la eutanasia o la anorexia.

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Su credibilidad estaba por los suelos. Era un candidato a la derrota que arrastraba a su propio partido a la oposición. Una revuelta interna en el partido laborista se lo ha llevado por delante hace unas horas. Rudd no ha opuesto resistencia. Julia Gillard lo desafío y ha ganado. Será la nueva presidenta de Australia. Al menos hasta las elecciones de octubre. Los activistas digitales esperan que con Rudd se vaya Stephen Conroy. Probablemente el político de un país democrático que se ha tomado más en serio la censura en la red. Quizá lo siga haciendo en la polémica comisión de la ONU a la que asesora. Ganan los ciudadanos australianos.

Los medios australianos reconocen que la delirante política censora sobre la red le ha pasado factura. ¿Más o menos que el proyecto de ley sobre emisiones de gases contaminantes o el impuesto sobre las actividades mineras?. No es fácil cuantificar la razones de un declive político, pero la experiencia nos dice que es un conjunto de razones las que dañan la credibilidad de un presidente. Una de ellas, que se lo pregunten a Sinde, la ministra peor valorada, es enfrentarse a los ciudadanos digitales.

El gobierno de Rudd les declaró la guerra o lo que es lo mismo levantó muros políticos a la libertad digital. Lo ha pagado. Así opina el pretigioso columnista John Birmingham en The Sidney Morning Herald:

Sí, el primer ministro cortejó a la derecha religiosa sobre la censura en Internet (...) y eso tiene un coste. A la gente simplemente no les gusta Gran Hermano.

Así sea.

Foto | rubenerd
En Nación Red | La censura en la red impulsa al Partido del Sexo en Australia

El gobierno australiano tiene dos obsesiones que parecen la misma: internet y el sexo. Al llegar a Australia los funcionarios te preguntan en la aduana si llevas pornografía en tu maleta. En tal caso puedes ser condenado hasta a cinco años de cárcel en virtud de una “regulación de imágenes” que incluye como ilícitas, aquellas de mujeres con senos pequeños, ya que podían ser confundidas con menores de edad...

El Gobierno australiano gastó en 2008 más de 162 millones de dólares para combatir la industria pornográfica de Internet, y es precisamente la “pornografía indeseable” la principal bandera que alza el gobierno para justificar el filtro censor. Todo un galimatías tecnológico y jurídico de dudosa eficacia pero que desvela las intenciones represivas del peculiar gobierno laborista (centro-izquierda) y su ministro de Telecomunicaciones, el polémico Stephen Conroy.

Además el gobierno australiano está clasificando contenidos para autorizarlos, catalogarlos por edades, como los rombos de antaño, o directamente censurarlos y penalizarlos. Los contenidos clasificados deben mostrar un icono sobre el contenido y margen de edad autorizado. Pero, insisitimos, de no pasar la criba de la censura su emisión queda prohibida y los proveedores de servicios de Internet deben bloquear el acceso a los contenidos considerados ilícitos.

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El Ministro de Comunicaciones australiano, Stephen Conroy prepara introducir inminentes cambios legislativos la próxima semana que permitirían bloquear sitios a través de un firewall de proporciones enormes en torno a la isla.

Los críticos dicen que el plan es una medida equivocada que daña las libertades civiles por el bloqueo de una gama más amplia de contenidos que sólo el material “inapropiado”.

Lamentablemente, esto no ha impedido que el Conroy continúe con las pruebas preliminares de su plan maestro, ejecutado en conjunto con seis proveedores; mientras que otras tres se oponen a la medida. La oposición de este trío, conformado por algunos de los proveedores más grandes del país, coincide con la opinión pública, que según las encuestas se opone férreamente a la medida en un 61%, mientras que el apoyo a Conroy es sólo del 6,3%. Esta falta de apoyos se evidencia con mayor virulencia en la red donde Conroy no es un personaje muy admirado.

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