El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) ha advertido que el establecimiento de un único sistema electrónico centralizado para múltiples áreas de cooperación administrativa en Europa también crea riesgos. El SEPD ya había pedido más seguridad jurídica y un mayor nivel de protección de datos para el IMI en julio de 2010.

El IMI es el sistema de Información del Mercado Interior. Una aplicación accesible a través de internet que no requiere la instalación de software adicional y que ha sido concebida para que las administraciones nacionales, regionales y locales del Espacio Económico Europeo (la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega) puedan comunicarse de forma rápida y sencilla para intercambiar la información necesaria que les permita conocer y aplicar mejor la legislación del mercado interior (ver casos concretos).

Las recomendaciones emitidas en el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos incluyen un llamamiento para un mayor fortalecimiento de los derechos de los interesados ​​y la reconsideración del período de seis meses en la retención de datos que se permite en la actualidad.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos recomienda, por lo tanto, que las funciones de IMI que ya están previstas se aclaren y que la inclusión de nuevas funcionalidades requieran de las debidas garantías procesales, como la preparación de una evaluación de impacto de protección de datos y la consulta al propio SEPD y a las autoridades nacionales de protección de datos.

En Nación Red | El Supervisor Europeo de Protección de Datos advierte de los peligros que acechan sin Neutralidad de la Red

Uno de los puntos de la Directiva Europea de Retención de Datos es cómo, cuanto y bajo qué premisas se guardan los datos de las comunicaciones electrónicas.

Frente a la retención, hay quien aboga por el olvido de los mismos, como podrían ser víctimas de violencia doméstica, entre otros, que ven cómo una sencilla búsqueda en Google puede hacer aparecer su dirección actual, lo que supone un grave problema y riesgo.

Desde la Agencia de Protección de Datos se ha mandado una petición formal a Google para que se eliminen los datos de al menos 90 personas que lo solicitaron, que se suma a la carta que ya se mandó en 2010, quejándose por el tratamiento que reciben los datos personales. Además de la polémica que suscitó Street View en su momento.

El problema es que el concepto cambia sustancialmente entre Europa y los Estados Unidos, país en el que tiene sede el buscador. El Derecho al Olvido europeo podría llegar a chocar con las sentencias judiciales americanas, que priman el derecho a publicar la verdad sobre el pasado de alguien.

Desde Google ya han dicho, en el caso de la APD, que no lo tendrán en cuenta, ya que el hecho que los buscadores ‘ignoren’ ciertos datos podría afectar a la libertad de expresión sin ofrecer protección alguna a la privacidad.

La cosa está en el concepto de lanzar los datos a la web. Una vez se lanzan, son públicos y todo el mundo puede trabajar con ellos, por supuesto siempre en el caso que se lancen voluntariamente. Pero, ¿qué pasa con noticias de prensa o similares? Obviamente los interesados pueden pedir a los periódicos que retiren tal o cual noticia, pero ¿estarán las agencias de prensa obligadas a retirarlo?

Otro concepto que podría chocar con el olvido es el de los Datos Abiertos, u Open Data. Por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado, que publica desde las leyes aprobadas hasta subastas públicas por impago o los resultados, con nombres y apellidos, de las oposiciones.

Todo lo que sale en el BOE es información pública y debería poder ser tratada libremente por cualquier ciudadano español (tarea actualmente algo difusa, por no decir digna del mismo Sísifo, quien haya usado el buscador online del BOE sabrá a lo que me refiero). Sin embargo, la capacidad de navegar entre las toneladas de información del BOE para extraer lo que uno necesite, pueden usarlo terceros para su propio beneficio.

¿Dónde se marca la línea de separación? ¿Se publican, por ejemplo, nombres de nuevos funcionarios, incluyendo agentes de policía, en abierto? ¿Se omiten los datos personales de la búsqueda inicial, y se ponen a disposición bajo demanda? ¿Quien puede saber dichos nombres, todos los ciudadanos excepto empresas? ¿Y quien nos asegura que no puedo ir yo, trabajador de una empresa de marketing, conseguir los datos y luego llevarlos a mi trabajo?

Transparencia y privacidad, no van de la mano. Ni mucho menos. Y por lo general, los que abogan por una cosa están totalmente en contra de la otra.

No es un tema que se pueda obviar, y hay que hablar mucho, pero mucho, sobre esto, y más ahora que, cada vez más, empiezan a surgir debates, diálogos e iniciativas relacionadas con el Gobierno Abierto… incluso en España…

Vía | New York Times
Imagen | Justin Grimes

El proyecto ELektronischer EntgeltNAchweis (ELENA), una tarjeta electrónica mediante la que el Estado alemán hace un almacenamiento masivo de datos personales de los trabajadores y los beneficiarios de prestaciones sociales, ha quedado en suspenso.

Recordar que ELENA fue un proyecto impulsado por el primer gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder, que evolucionó a peor después de la experiencia de la “gran coalición” y que ahora dividía al centro-derecha. Los liberales incluso participaron en las manifestaciones contra la deriva de ELENA junto a piratas, verdes y organizaciones en defensa de las libertades y los derechos civiles.

ELENA es el acrónimo de ELektronischer EntgeltNAchweis (comprobante electrónico de la remuneración) que recopila los datos sobre retenciones y salarios enviados mensualmente por los empresarios a un banco de datos de la Administración para calcular las prestaciones del subsidio parental, la ayuda para vivienda y la prestación por desempleo no contributiva, pero también datos relacionados con el absentismo laboral, bajas, enfermedad, faltas o amonestaciones, participación en huelgas y motivos de la rescisión de contratos.

Desde el Partido Pirata alemán se celebra el indudable éxito de los críticos de ELENA, “estamos muy contentos de que este almacenamiento masivo de datos finalmente se detenga”. Además los piratas alemanes recuerdan y denuncian el despilfarro ocasionado a las arcas públicas con el juguete digital para el control social, “sólo la Agencia Federal de Empleo ha pagado por la introducción de ELENA unos 31 millones de euros”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Protección de Datos, que también ha celebrado la suspensión de ELENA, ha recordado que ya había avisado de la desproporción de los datos que almacenaba el invento. Desde el principio ha sido como utilizar “un martillo para cascar una nuez”, ha explicado con un ejemplo muy gráfico que retrata bien a los legisladores obsesionados por el control social.

En Nación Red | 7.500 manifestantes en Berlín contra la retención de datos

Antes de abandonar su cargo de Comisaria Europea de la Sociedad de la Información, Viviane Reding dejó un legado en forma de enmienda a la Directiva Europea de 2002 sobre procesado y retención de datos y la protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas.

Dicha enmienda establece que (la negrita es mía):

Los Estados miembros velarán por que únicamente se permita el almacenamiento de información, o la obtención de acceso a la información ya almacenada, en el equipo terminal de un abonado o usuario, a condición de que dicho abonado o usuario haya dado su consentimiento después de que se le haya facilitado información clara y completa, en particular sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, o en la medida de lo estrictamente necesario a fin de que el proveedor de un servicio de la sociedad de la información preste un servicio expresamente solicitado por el abonado o el usuario.

Estrictamente, esto significaría que cada web, blog y sitio de Internet alojado en suelo europeo (o de una empresa europea) tendrá la obligación de preguntar a sus visitantes si quieren aceptar cookies en su disco duro… antes de cargar la página.

¿Dije tendrá? Me equivoqué. Es “tiene la obligación de hacerlo“, desde el pasado 25 de Mayo, que era la fecha límite para que los Estados Miembros adaptaran la Directiva Europea.

De momento, la norma europea, recordemos de obligado cumplimiento (aunque según vemos sólo cuando conviene… como con la LSSI) para todos los estados miembros de la Unión, sólo ha sido adaptada a las leyes locales en Estonia, Dinamarca y el Reino Unido.

En éste último país, la Oficina del Comisionado de la Información (ICO en inglés… aunque menudo nombre, por cierto) ha aplicado la ley, lo que le ha reportado un descenso del 90% en trafico y visitantes, debido a que no han aceptado la ‘cookie’ de Google Analytics, sistema que usan en el ICO para las estadísticas.

Originalmente, la enmienda conocida como “la Ley de las cookies” iba dirigida a los ‘grandes’, como Facebook, Google, Microsoft o Yahoo!, aunque en la práctica se temía que fuera una (¡otra!) amenaza contra el comercio electrónico.

Como siempre, el resultado va a ser completamente el contrario al que se busca. Ni ‘los grandes’ van a desistir de sus objetivos de seguimiento, y seguirán haciendo lo que les convenga en tanto a la privacidad de sus usuarios.

Por el contrario, los demás habitantes de la red veremos como van creándose más agencias para el control y seguimiento de toda esta sarta de leyes, enmiendas y parches completamente absurdos, inútiles e ineficaces. Pst, y pagando de nuestro bolsillo, que quede claro.

Foto | futureatlas.com

Los mayores, y no tan mayores, recordarán que hace algunos años, a veces se interrumpían las emisiones de televisión y radio. Era antes de los canales de noticias 24 horas y los sub-títulos con las ‘breaking news’. Cuando durante el programa normal de golpe aparecía la carta de ajuste, era señal que estaba pasando algo, algo gordo.

Si alguien pensó que aquellos tiempos se fueron para no volver, esta equivocado. Volverán muy pronto, pero no lo veremos en televisión, si no en el teléfono, y será gracias a un pequeño chip.

El “Chip Gran Hermano“ ya está presente, según dicen, en algunos modelos de smartphone de última generación y alta gama, y se empezará a probar a finales de año en las zonas de Nueva York y Washington DC, en los Estados Unidos.

El Personal Localized Alerting Network, conocido como PLAN, será un servicio gratuito de alerta de emergencia de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, que incluirá información sobre posibles amenazas o alertas sobre niños perdidos, así mensajes directos del Presidente de los Estados Unidos.

Aún cuando no se espera que los teléfonos empiecen a vibrar de golpe, la intención es organizar un sistema para alertar de situaciones parecidas a la que se vivió el 11 de Septiembre de 2001.

El PLAN empezará a desarrollarse en dos de las ciudades más importantes del país americano, concretamente en los teléfonos de aquellos abonados de Verizon, AT&T, Sprint o T-Mobile que tengan habilitado el chip y realicen una actualización especial de software.

Los responsables del PLAN comentan que la velocidad de desarrollo dependerá mucho de éste último factor, ya que sin actualización, parece que el “servicio gratuito de alertas” no funcionará.

Las alertas se mandarán por broadcast, pero solamente en la zona afectada y mediante las torres de repetición de las operadoras que ‘deseen’ participar. Los habitantes, y los pasantes, de una zona afectada verán solamente sus alertas por, pongamos inundación, pero no las de la otra punta del país por tormentas de nieve.

Como todos los planes de éste tipo, sus responsables lo andan vendiendo con flores y aromas deliciosos:

“Tener un chip de éste tipo en el teléfono hará que aumente la resiliencia de la nación frente a riesgos exteriores.” – “Así se evitará la congestión de las líneas de comunicación, como siempre pasa cuando se vive una situación de emergencia.”

También se asegura que “los usuarios serán completamente libres de elegir entre participar en el sistema o no”.

Y no solo los usuarios serán libres, si no también los fabricantes… aunque los PLANificadores del sistema de alertas ya han dicho que esperan que los fabricantes se apunten al carro y ‘vendan’ el chip a sus clientes como un gran avance.

Que seas “libre” de comprar un teléfono con un chip que permite que aparezcan en la pantalla de tu teléfono, a la hora que ellos quieran, tanto al Presidente como a un funcionario, informándote que se ha perdido un niño de 4 años en Central Park, o en el Retiro, o en la Ciutadella, incluye una trampa algo peligrosa: una vez lo actives, ¿se podrá desactivar de verdad? Y aún más, ¿qué libertad de elección existirá si llega el día en que todos los teléfonos incorporan el chip?

Pero también surgen otras preguntas. Si la tecnología actual permite, como se pudo comprobar en Egipto durante las revueltas, mandar alertas por broadcast a todos los terminales, ¿es realmente necesario poner un chip y actualizar el software?

Sin ir más lejos, no hace ni un mes comentábamos aquí mismo las intenciones de los halcones neocon y su Estrategia de Identidades Confiables en el ciberespacio. ¿Tendrá éste PLAN algo que ver?

Dejando la ‘conspiración’ a un lado, otro de los problemas reside en que, una vez se comiencen a implantar este tipo de planes y más y más gente acceda a llevar chips extraños en sus dispositivos, cada vez se mirará con más recelo a los que decidan no comprar aparatos con chips Gran Hermano, o decidan rechazar las ‘amables invitaciones’ a participar en sistemas de alerta por el bien común.

Recordando las comparaciones, no sería de extrañar que muy pronto aparezca alguno de los halcones del zar de la ciber-seguridad hablando del efecto rebaño de las vacunas y la buena nueva de adoptar las bondades de éste tipo de chips.

Pero el mayor problema de todos está en que la situación evolucione hasta el punto en que si uno rechaza formar parte del panóptico colectivo, se le acuse de estar escondiendo algo. Porque quien esconde algo, o es un ladrón, un delincuente sexual, un narcotraficante o un terrorista.

¿Que libertad existe en tener que elegir por la fuerza entre “si” o “también”?

Vía | The New York Times
Foto | Marc Nozell

Si una cosa diferencia a la Unión Europea con la Unión Americana es que en la vieja Europa existen ciertas leyes que, presuntamente, protegen los datos personales de sus ciudadanos. Teóricamente, ésto debería ser una cosa buena para nosotros, habitantes de la Unión Europea. En realidad, no lo es tanto.

A Viviane Reding la conocimos cuando era Comisaria Europea de la Sociedad de la Información, coincidiendo con el asunto de las enmiendas torpedo. Sobre el papel, Reding ha realizado pasos importantes en pos de la privacidad y la seguridad de nuestros datos, como cuando, no hace demasiado, anunció nuevas normas mucho más estrictas para proteger el derecho al olvido y destinadas a que tanto proveedores de Internet, buscadores y sitios web de redes sociales, almacenen la menor cantidad posible de datos personales: cuantos menos datos en danza, mas seguros van a estar.

Tras la debacle que está sufriendo Sony estas semanas, Reding comentó que, además, iba a proponer una serie de normas para toda la Unión con tal de regular la forma en que se tratarán las brechas de seguridad y privacidad en banca online, videojuegos, comercio en línea y en el uso de software de redes sociales. Entre las nuevas normas, podría estar una que obligara a empresas como operadoras de telefonía, viejas conocidas de Reding, a informar inmediatamente a sus clientes de cualquier problema con la seguridad de sus datos.

Sony tardó siete días en informar del robo de los datos de 70 millones de sus clientes. Para Reding, fueron muchos. Demasiados. Y si vamos viendo los acontecimientos, mejor preparar algo de picar.

Pero lo que podría ser, como comentan en el New York Times, un indicio que Europa va a la cabeza en lo que a privacidad de datos se refiere, podría darse el caso completamente contrario. Casos recientes como el de Tom Tom, que cedió los datos registrados por sus navegadores GPS a la policía holandesa que, a su vez, los utilizó para poner radares en puntos estratégicos, o no tan recientes pero si igual o más preocupantes, como las dobles varas de medir ponen el tema en el candelero: ¿a quien pertenecen los datos? ¿quién debe custodiarlos? ¿durante cuanto tiempo? ¿quién puede acceder a ellos, y bajo que condiciones?

Todas estas preguntas no tienen respuesta aún, ya que otra comisaria europea anda revisando directivas y alterando fechas arbitrariamente (que para eso es miembro de una Comisión arbitraria...)

Crear nuevas normas en la Unión Europea puede generar muchos problemas, como se ha demostrado con la Directiva de Retención de datos, que en vez de ser revocada completamente por ser un fiasco, se ha revisado y muy posiblemente acabe ampliando su marco de actuación, poniendo aún más trabas legales a los ciudadanos europeos para poder tener acceso a sus datos y vigilar que tratamiento se les dan.

Y en lo que comentábamos al inicio, sobre las diferencias entre Europa y América… pues también hay cosas que nos unen… casualmente las políticas de retención de datos draconianas que nos van a salvar del terrorismo internacional que, por si no lo sabían ustedes, no existiría de no ser por Internet.

Foto | futureatlas.com

Entre los legajos que sobrevivieron a la destrucción de los documentos de la Seguridad del Estado egipcio, incautados por los revolucionarios que tomaron la sede cuando el humo de la última quema asomaba por las ventanas, había algunos con las facturas de la empresa británica Gamma que colabora con la alemana Elaman. Ahora, Wael Ghonim denuncia en su twitter que la compañía alemana (elaman.de) proporciona herramientas a las dictaduras de la zona para espiar a los ciudadanos.

Elaman GmbH es una empresa alemana con sede en Munich, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Beirut (Líbano) que se dice especializada en las necesidades de seguridad de las autoridades policiales de los gobiernos. Por ejemplo “interceptar todo tipo de comunicaciones dentro de las redes de telecomunicaciones”.

Nuestro objetivo es proporcionar productos y soluciones de seguridad integrales, consultoría técnica y servicios, así como la formación profesional de nuestros clientes.

Sus especialidades son la interceptación, la puesta en marcha de centros de monitoreo (seguimiento de internet, bloqueo, intrusión), vigilancia por satélite, seguimiento de líneas telefónicas, interceptación de SMS...

Si bien en ferias y dossiers presumen especialmente de su capacidad para analizar los datos retenidos por los gobiernos para convertirlos en información significativa:

Los datos almacenados son por lo general las llamadas telefónicas realizadas y recibidas, los correos electrónicos enviados y recibidos, los sitios web visitados y los datos de localización. El objetivo principal de la retención de datos es el análisis del tráfico y la vigilancia masiva. Mediante el análisis de los datos conservados por los gobiernos se puede identificar la ubicación de un individuo y sus “socios”. También un grupo organizado, como los opositores políticos.

Veremos si la revista Time ha acertado al nombrar a Wael Ghonim la personalidad más influyente del mundo y se exigen responsabilidades a los que contratan a estas empresas y a las propias empresas. En las dos orillas del Mediterráneo.

Esa tormenta perfecta o efecto dominó que desatará allí y aquí un rebelde digital, nunca un periodista al uso y mucho menos un político. Es la Retención de Datos. Seguridad y Negocio. Estado Policial (privatizado). Externalizar hasta la seguridad del Estado (democrático o dictatorial).

En Nación Red | Ex altos cargos de Interior y el americano relacionados con la agencia de inteligencia que contrató Rubalcaba

Tras los atentados de Madrid y Londres, ejecutados mediante el uso de teléfonos móviles, en 2006 se aprobó una Directiva por la cual se instaba a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión a aplicar esquemas de recolección y almacenamiento de datos personales relativos a las telecomunicaciones. La Comisión Europea publicó ayer su evaluación de la Directiva Europea de Retención de Datos.

Uno de los muchos efectos de la directiva fue la obligatoriedad de asociar nombre, apellidos y número de identificación (y hasta número de tarjeta de crédito) a todos los teléfonos móviles con tarjeta pre pago, que hasta entonces eran de libre compra y uso.

Otro de los efectos ha sido el constante peligro que comporta para la privacidad de los ciudadanos el hecho que se guarden todos sus datos en ficheros inseguros y susceptibles de robo, así como el encarecimiento de las operaciones para las tele-operadoras, que ahora están forzadas a mantener dichos ficheros durante periodos que van desde los 6 meses hasta los 2 años, dependiendo del país. Aún recibiendo compensaciones económicas, éstas también cambian dependiendo del país y la operadora.

Ésta disparidad en la aplicación de la directiva según países es uno de los puntos del informe, junto con las vías de acceso y uso a los datos. Otro punto declara que los datos retenidos causan una ligera perdida del derecho a la privacidad, mientras que se ha demostrado que los datos relativos a números de teléfono, direcciones IP y el resto de identificadores han sido realmente útiles para el encarcelamiento de delincuentes y la exoneración de inocentes.

Hay que recordar que las Directivas Europeas son de obligatoria transposición a todos los estados miembros, pero que su aplicación puede resultar, digamos, complicada. Como en Alemania, donde tras unas cuantas acciones de oposición, hace poco más de un año se declaró inconstitucional la Ley de Almacenamiento de Datos.

Aún así, el Parlamento Europeo sigue aceptando los dictados de la Comisión, como cuando sus Señorías “cayeron en una trampa“, gestada por parte del grupo popular, que les llevó a, no sólo aprobar el almacenamiento de más datos relativos a comunicaciones, si no también a las búsquedas en internet de los ciudadanos europeos.

Ahora, una vez realizado éste último informe de evaluación, la Comisión Europea preparará una nueva proposición de enmiendas a la Directiva, tras consultar a las diferentes agencias de policía, expertos en retención y protección de datos, así como a la sociedad civil y la industria.

Lo que pasa es que siendo un tema en manos de la inquietante Comisaria Malmström, responsable de la política de criminalización de casi todo lo relacionado con Internet en pos de la seguridad y la protección (aunque no se sabe bien de qué o de quien), casi que mejor dejar la directiva como está, no vaya a ser que, tras las enmiendas, el hecho de mandar un correo electrónico mediante una red abierta constituya delito penal por acoso a menores.

Fuente | Parlamento Europeo
Foto | futureatlas.com

Bélgica y Lituania expresaron sus recelos y se inclinaron por “graduar la ampliación del PNR”. Pero Alemania, Holanda, Eslovenia y Luxemburgo hicieron valer su postura más beligerante contra el uso policial, sin orden judicial, de los datos de los viajes en avión que hacen los ciudadanos europeos dentro de sus fronteras.

Por eso, para disgusto de Rubalcaba, anunciaron que “no darán un cheque en blanco” a la UE para que el Passenger Name Record, una relación con todos los datos acumulados de los pasajeros de un avión (número de tarjeta de crédito, asiento, agencia de viaje, mail, teléfono, ruta… incluso preferencias alimenticias) sean un almacén de datos o “archivo más propio de un Gran Hermano o Estado policial”. De hecho alguna delegación compara esta medida con las prácticadas en los antiguos países comunistas, aunque ahora la presión para ponerlas en marcha venga de EE.UU y sus más eficaces servidores.

La ampliación y retención de estos datos durante más de cinco años, que además se comparten con EE.UU, fue duramente criticada por considerarla “desproporcionada” por los ministros del Interior de los gobiernos de los países antes citados, en la reunión que tuvo lugar ayer en Luxemburgo. Por su parte España, Reino Unido, Suecia, Francia, Italia, Irlanda y Portugal defienden que se incluyan ya los datos de todos los viajes, también los que se hacen en el interior de los 27 países de la UE. Incluso plantearon ampliarlo a los viajes en tren y ferry.

La inquietante comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, más próxima a la línea dura defendida por España, Italia, Reino Unido y Francia, sugiere ahora, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, que en una primera etapa el control y retención con los datos de los pasajeros se limite a los vuelos extracomunitarios para analizar cómo funciona el sistema y decidir en una etapa posterior sobre su eventual ampliación. Antes la propuesta definitiva deberá pasar por el Parlamento Europeo.

Algunas delegaciones críticas han pedido también información sobre el impacto económico que estas medidas de control policial van a tener para las aerolíneas. La comisaria Malmstrom adelantó que los costes derivados del registro de los datos correrán a cargo de los países aunque señaló que la Comisión Europea podría cofinanciar una parte, que podría oscilar entre los 100 y 150 millones de euros.

Foto | monikahoinkis
En Nación Red | El Pacto de El Pardo sobre retención de datos, otro logro internacional de Rubalcaba… y del Gran Hermano

El Palacio de El Pardo fue el escenario elegido el 9 de abril de 2010 para celebrar una cumbre sobre seguridad al más alto nivel entre una delegación de EE.UU y otra de la UE. Allí se decidía, entre otras cosas, poner toda la carne en el asador para servir un plato demencial cuya propiedad principal es la de obligar “de una vez por todas” a las compañías aéreas a entregar todos los datos personales recogidos en el llamado Passenger Name Record (PNR), un listado o registro que refleja no sólo los datos de identificación del pasajero sino también sus hábitos como viajero o turista, la información disponible sobre su equipaje o el sistema de pago del billete.

En ese marco incomparable, estadounidenses y europeos, con Rubalcaba como maestro de ceremonias, se decidía impulsar como “instrumento fundamental en materia de cooperación en la lucha común contra el terrorismo” el Passenger Name Record. En una frase: poder acceder a todos los datos que los europeos vamos dejando en la red y los sistemas informáticos de las agencias de viajes o aeropuertos cada cada vez que hacemos un viaje.

El discreto Pacto de El Pardo sobre el impulso político a la retención de datos de los viajeros cumple este mes “con la primera fase de lo acordado”, por eso la próxima semana los ministros del Interior de la UE quieren anunciar sus primeras decisiones y propuestas que van a ir más allá de la directiva (pdf) sobre los PNR defendida por la comisaria Cecilia Malmström. Una directiva que ha sido muy criticada pero que a Rubalcaba le parece insuficiente. Esto es:

Tener acceso a 19 datos de identificación de aquellos pasajeros que entren o salgan de la UE en vuelos internacionales. Estos 19 datos son proporcionados por los pasajeros en el momento que adquieren el billete e incluyen, entre otros, el itinerario o la dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil y de tarjeta de crédito. La datos serán conservados durante cinco años y compartidos con EE.UU.

En el caso de menores de 18 años también se retendrán los datos del sexo, edad, idiomas y responsables del menor a la salida y llegada del vuelo. Los mismos serán transmitidos a una “unidad de información” dispuesta en cada uno de los 27 Estados que conforman la UE, y podrán ser requeridos por las autoridades a cargo de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

A Rubalcaba le parece poco. Le apoyan 17 ministros del Interior que quieren incluir todos los vuelos dentro o fuera de la UE e incluso ampliar la retención de datos a los viajes en ferry y en tren. Se opone, en principio, el Parlamento Europeo, diversas asociaciones y think tanks, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el gobierno alemán por la presión de los liberales. También el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y más que probablemente, si se pasan con la receta que les suministra El Pentágono, lo volverá a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si bien EE.UU espera que su ministro más eficaz vuelva a demostrar de lo que es capaz. Frente a Rubalcaba, obsesionado con internet y la retención de datos, un joven eurodiputado verde, Jan Philipp Albrech, siempre vigilante a la hora de defender y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Dos generaciones frente a frente. Pero no es una cuestión de edad.

Foto | Federación Socialista Asturiana
En Nación Red | Tiziano Motti, el promotor de la retención de datos en el Parlamento Europeo