El acuerdo internacional (ACTA) en respuesta al “incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright” levanta barreras que perjudicarán a los países en desarrollo, que dependen de la importación y exportación de bienes esenciales, y a los derechos y libertades fundamentales, incluyendo derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como el derechos a la salud, privacidad y protección de datos personales, libertad de expresión, derecho al debido proceso, incluido el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, y el derecho a la participación cultural. Un acuerdo sin precedentes por su caracter abiertamente regresivo que ha sido analizado durante tres días por representantes de la sociedad civil reunidos en Washington.
Esta declaración refleja las conclusiones alcanzadas en el encuentro de más de 90 académicos, juristas, activistas y organizaciones en defensa del interés público de los seis continentes reunidos en la American University Washington College of Law, del 16 al 18 de junio. El encuentro fue convocado por el Programa sobre Información, Justicia y Propiedad Intelectual de la American University para analizar el texto oficial del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), publicado por primera vez en Abril del 2010.
Los países negociadores dieron a conocer el texto sólo después de las críticas públicas por su inusual secreto y amplia inquietud sobre su supuesto contenido (Ver Declaración de Wellington, Resolución de la Unión Europea sobre Transparencia y Estado de las Negociaciones del ACTA).
Encontramos que los términos del borrador públicamente dado a conocer del ACTA amenazan numerosos intereses públicos, incluyendo cada una de las preocupaciones específicamente rechazadas por los negociadores.
