El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha suspendido las instrucciones a sus diplomáticos para firmar el ACTA. Alemania ya fue uno de los pocos países europeos que no firmó el tratado en Japón. Entonces el gobierno alemán alegó “razones de procedimiento” pero ahora la ministra de Justicia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ha ido más allá al defender que debe producirse un debate público antes de decidir.
Algunos comentarios apuntan ya a que el gobierno alemán estaría intentando ganar tiempo para que disminuya el ruido que se ha montado alrededor de la aprobación del acuerdo comercial tramado a espaldas de la opinión pública. Aunque el horizonte electoral alemán no pinta muy bien para los defensores del tratado…
El Gobierno de Eslovaquia, una coalición de centro-derecha, no firmó el ACTA y ahora saca pecho anunciando un debate con la ciudadanía antes de enviar el tratado para su debate al Parlamento.
Así lo ha anunciado el ministro liberalJuraj Miskov: “Espero que antes de las elecciones (de marzo) tengamos los resultados del debate con la ciudadanía”. Miskov ha puntualizado que el tratado “esta concebido de manera muy general, lo que favorece muchas interpretaciones. La formulación no es totalmente clara”, por eso lo mejor es plantear un gran debate nacional en el que participen los activistas a favor de la libre circulación de la información por la red, expertos independientes y otros analistas.
Para el opositor Partido Socialdemócrata, primer partido en en el Parlamento y en las encuestas, el problema del ACTA es que “la protección de la propiedad intelectual no puede estar por encima de los derechos básicos de libertad, como es por ejemplo la defensa de la intimidad”. ACTA y el debate político. Como en España pero al revés.
Si no fuera porque da pereza, casi podríamos comenzar a plantearnos la posibilidad de crear una sección con las perlas de José Ignacio Wert, ese hombre. Las tres que he leído en las últimas horas son de esas que no se pueden pasar por alto, las unas por atávicas y las otras por sorprendentes:
Como los creadores no son ángeles ni funcionarios, si no somos capaces de proteger el trabajo creativo a través de una garantía de la propiedad intelectual, estos creadores dejarán de crear para empezar a trabajar en una correduría de seguros, por ejemplo.
Como punto de partida para un debate inexistente, la frase suena a posición más vieja que el sol. ¿Cómo puede un ministro de Educación, Cultura y Deporte ignorar deliberadamente que hay creadores que realizan su función, que realizamos nuestra función, sin más garantía de la propiedad intelectual que el derecho a la autoría y a percibir un salario por la obra generada?
Sigamos con su argumentario, a ver por dónde salimos…
Esto es el fin, amigos. La decisión no ha sido fácil, pero hemos decidido cerrar el sitio voluntariamente. Durante varios años hemos luchado por vuestro derecho a comunicaros, pero es el momento de partir. Ha sido la experiencia de nuestra vida. ¡Os deseamos lo mejor!
El grande de los motores de búsqueda de torrents, BTjunkie, ha arrojado la toalla después de más de seis años de hacer la vida fácil a los que buscaban archivos compartidos en la red. Por lo visto, no ha habido ninguna acción legal ni nada parecido, pero los responsables del sitio no han querido buscarse problemas y han decidido echar la persiana y el candado y tirar la llave al mar. Lo que ha sucedido con Megaupload y con The Pirate Bay los ha tenido más que preocupados, y finalmente han preferido cerrar.
Parece ser que BTjunkie nunca estuvo en el punto de mira de los propietarios de copyright, pero su nombre sonó el año pasado en al menos dos ocasiones: en abril, un juez italiano obligaba a los prestadores de servicios a bloquear el acceso al motor de búsqueda de torrents, aunque al cabo de un suspiro los proxies se habían reproducido por esporas. Y en noviembre, la RIAA y la MPAA apuntaron el nombre de BTjunkie en la lista negra como sitio que facilitaba la infracción masiva del copyright, de manera que el motor de búsqueda entró en el particular rincón del olvido de Google.
Un aviso, dos avisos… Los de BTjunkie le han visto las orejas al lobo y han querido evitarse problemas antes de que a la tercera vaya la vencida. Antes de decir si el camino que han tomado me parece así o asá, voy a imaginarme que estoy en la piel de la gente de BTjunkie… para admitir que tiene que haber sido una muy difícil decisión.
Stanislav Ivanov, miembro del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (CEDB), es contundente al explicar que por mucho que algunos países firmasen el ACTA el pasado mes de enero en Tokyo, eso no quiere decir que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación pueda implementarse sin más. En el país de Ivanov, al menos, piensan discutir la cuestión en la Asamblea Nacional tanto como les sea posible, y a partir del debate se verá en qué queda la cosa.
Y es que, si bien es cierto que tanto los embajadores de Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido como el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Japón dieron su apoyo explícito al ACTA, el trámite legal todavía no ha acabado. El Parlamento Europeo tiene que ratificar el Acuerdo en junio y, antes que eso, cada país debe dar el visto bueno a esta reforma legal que queda al margen de la mayoría de las leyes y acuerdos comerciales existentes hasta la fecha.
Dentro del debate que se plantean en Bulgaria, está la posibilidad de adaptar las resoluciones que se deriven del ACTAen función de los intereses de los ciudadanos de aquel país, que como es lógico están preocupados por la transformación de los ISP en policía privada del copyright, con unas sanciones de prisión por razones turbias negociadas a espaldas de los mecanismos democráticos para favorecer el interés de unos pocos. ¿Cómo se le llamaba a eso? ¿Oligocracia, dictadura o simplemente caradura? En fin, parece que al menos una formación política en Bulgaria tiene las cosas un poco claras. No sé cómo andaremos de estos asuntos en nuestro país, pero… ¿y si la gente tuviéramos poder de decisión?
La Asociación de Internautas ha pedido al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la ley Sinde-Wert después de haberla impugnado a la vez que llama a las comunidades virtuales e internautas en general para que suscriban esta demanda y también pide apoyo económico para pagar los gastos que va a generar todo este movimiento en los tribunales.
Las razones aducidas por la asociación son múltiples. Por un lado, está la injerencia que propicia la ley Sinde-Wert, ya que da competencias a un órgano administrativo que la Ley asigna a los jueces. Además, la ley recoge infracciones “difusas” y también sanciones sin la habilitación legal precisa. Y, finalmente, la puesta en marcha de la ley Sinde-Wert contradice las sentencias dictadas por los tribunales Supremo y Constitucional sobre los límites de una norma de este tipo.
A la práctica, estamos hablando de una situación que deja en clara indefensión al ciudadano, por cuanto se trabaja con una ley de censura sin unos límites claramente definidos atacando directamente a dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de información. Estos son los razonamientos. Veremos qué ocurre ahora en el Supremo.
En éste mundo no todo son descargas, películas, discografias y libros. El mundo de la cultura (si amigos) también incluye la ciencia y la investigación. Y ese mundo también está afectado por las nuevas leyes basura del copyright.
Un ejemplo lo tenemos con el grupo editorial Elsevier, que ha logrado soliviantar los ánimos de investigadores y científicos por todo el mundo con sus prácticas casi monopolísticas, apoyando además las nueves leyes como la SOPA o la PIPA o la de Trabajos de Investigación, todas tres en los Estados Unidos de América.
Sobre la SOPA y la PIPA ya hemos hablado, pero de la Ley de Trabajos de Investigación no. Ésta ley, presentada en el Congreso el pasado Diciembre, incluye la prohibición expresa de permitir el acceso a material de investigación pagado con fondos públicos:
Kenneth J. Ford es un abogado de Martinsville, en el estado de Virginia Occidental. Él solito presentó más de 22.000 demandas entre Septiembre y Noviembre de 2010 contra presuntos infractores de copyright. Su presunto delito: que presuntamente se habían descargado películas pornográficas harcdore (y por los títulos, no son presuntas sino porno duro de verdad).
La táctica de Ford era la de demandar a personas poco informadas por descargarse dichas películas de forma ilegal, para luego pedir una compensación económica a cambio de retirarla. Un troll del copyright en toda regla.
El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, más conocido como ACTA, constituye uno de los mayores engaños que ha realizado la Comisión Europea. Mediante negociaciones secretas, empezó a fraguarse como un tratado de comercio que iba a mejorar sustancialmente la competitividad y a estimular la creación de empleo, pero la verdad está muy alejada de la realidad.
La Comisión Europea se ha estado esforzando durante todos estos años para vender ACTA como un tratado de lo más normal, totalmente inofensivo en tanto a derechos civiles, pero siempre ha intentado silenciar cualquier crítica al tratado, al mismo tiempo que ha presionado para imponer su visión ante el Parlamento Europeo, que al final es el organismo que vota para aprobar o rechazar cualquier petición.
Precisamente ahora le toca mover al Parlamento, que en su sesión plenaria de Junio votará sobre ACTA. Los miembros del Parlamento ya están bajo presión, y no sólo por parte de los grupos de la industria del copyright, si no del Directorado de Comercio Internacional, un sub-organismo de la Comisión, el mismo que se encargó de empezar y llevar la negociación de ACTAen el más absoluto oscurantismo durante más de 3 años.
Hace un par de semanas, un juez de La Haya mandó una orden a los dos grandes proveedores de servicios de Internet, Ziggo y XS4ALL, para bloquear el acceso de sus clientes al buscador de torrents The Pirate Bay. Ambos aceptaron, pero por imperativo legal.
Se trata de la primera orden judicial que introduce la censura de Internet en Holanda, a pesar de la moción aprobada para mandar la ley liberticida antidescargas a la basura. El lobby del copyright local, BREIN, cree que no es suficiente, así que siguen presionando al resto de proveedores para que corten el acceso al famoso buscador de torrents.
