Piratas

La presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular en esta provincia, Isabel Carrasco, aseguró ayer que los medios digitales “son piratas” para justificar su veto a periódicos como leonoticias.com.

El veto implica la no convocatoria de los profesionales que trabajan en ellos a las ruedas de prensa y a otros actos organizados por la institución que ella preside. Según Carrasco los “otros medios de comunicación (los no digitales)” son los “medios de comunicación oficiales” y a ellos les ha instado a defenderse de otros medios (digitales o piratas).

Al parecer, la presidenta se encuentra molesta, desde hace semanas, con las informaciones publicadas por el digital leonoticias.com en las que se ha denunciado desde sus gastos en plena crisis para la compra de cortinas de lino para la propia institución, hasta su incremento de sueldo en plena crisis, o los desplazamientos realizados en el vehículo oficial para asistir a los consejos de Caja España y posteriormente facturados a la entidad financiera e ingresados en su cuenta personal.

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El revuelo que se ha organizado por la entrada de los piratas en el parlamento de Berlín ha trascendido las fronteras alemanas. Pero si los piratas asombraron al mundo hace una semana, ahora un 19% de los alemanes no descarta contribuir a sorprender al personal un poco más.

Según el último barómetro electoral de la televisión ZDF, los piratas ya se acercan al 5% de los votos necesarios para entrar en el Bundestag (parlamento alemán) y un 19% se declara simpatizante del Piratenpartei reconociéndose como votantes potenciales de los piratas.

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El cineasta Manuel Gutiérrez Aragón llamó terroristas a los internautas españoles que descargan cultura, según publica el diario ABC. Fue en la cena del miedo, tal y como se conoce en la red, donde participaron distintas figuras de la industria cultural, artistas y el editor de libros Amador Fernández-Savater. Aunque Gutiérrez Aragón se ha apresurado a desmentir las palabras que le atribuyen en el periódico madrileño, varios testigos ponen en su boca la expresión terroristas. De hecho, el cineasta no ha pedido a ABC que rectifique.

El insulto de Gutiérrez Aragón se añade a una larga lista que ha aumentado exponencialmente desde que la ley Sinde quedó noqueada en el Congreso. Algunos de sus colegas ya recurrieron a la descalificación como su principal arma en el debate de las descargas. Desde delincuentes hasta fascistas. Piratas, ladrones, mafiosos, proxenetas, talibanes… ¿Hasta cuándo?

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De izquierda a derecha: Bob Pisano (Presidente MPA), Pedro Pérez (Presidente de FAPAE), Miguel Ángel Benzal (Director General EGEDA), Inocencio Arias (Cónsul General de España en Los Ángeles), Enrique Cerezo (Presidente de EGEDA)

Se nos dijo que la Ley ‘Sinde’ era una ley antidescargas que buscaba proteger a los autores. Se nos dijo —a los ciudadanos de éste país— que pertenecíamos a la peor calaña de piratas de entre todos los países. Nosotros con afán de extraer la Verdad de toda está maraña nos hemos dado a la tarea de entender lo que ocurre, ¿Qué hay detrás de la Ley Sinde? Síguenos en este viaje en el que conocerás con nombres y apellidos el Cómo, el cuándo, y el por qué una pléyade de abogados y gestores traicionan los intereses de su país en favor de una potencia extranjera.

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Què és PIRATA.CAT? se preguntaban ayer sorprendidos miles de catalanes al ver en los puestos de arriba de esa segunda división que componen los partidos políticos con pocas posibilidades de subir a primera, si se nos permite el símil laportista.

Ese latiguillo que seguro se ha repetido al ver esas siglas entre los partidos que se presentaban a las elecciones, una vez escrutados los votos, ha sido del que se ha servido Pirates de Catalunya para hacer su “comunicado” de prensa. Mas bien su post porque la prensa a los piratas no les ha hecho ni caso.

No es un resultado para tirar cohetes desde la borda del galeón político más comprometido con Internet. Con una red libre y abierta. Pero tampoco es desalentador si se pone atención en los resultados de esa segunda división electoral. PIRATA.CAT aparece por delante de partidos con representación parlamentaria y líderes conocidos como es el caso de UPyD y Rosa Díez. También muy por encima del partido de Montse Nebrera. Era la primera vez.

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Promusicae, la entidad que engloba a la mayoría de productores musicales españoles, aplaude la sentencia del tribunal sueco que confirma la condenas de prisión para los fundadores de The Pirate Bay. “Hoy es un buen día para los creadores de todo el mundo, los hombres y mujeres que aspiran a ganarse la vida con el fruto de su talento”, ha comentado el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola que no ha podido evitar enviar un mensaje en clave local:

Es una lástima que, mientras la Europa avanzada se compromete en la lucha contra la piratería, España se quede a la cola en cuanto a proteger a sus creadores

La sentencia de la Corte de Apelación de Svea en Estocolmo confirma la sentencia de abril de 2009 por un tribunal de primera instancia, por considerarlos culpables de violar la propiedad intelectual al facilitar “el intercambio ilegal de archivos de una forma que conlleva responsabilidad penal”.

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El presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha declarado hoy en el Foro de la Nueva Cultura que “España es uno de los países más piratas” y un 80 por ciento de su mercado “es fraudulento”. Así, ha señalado que la industria cultural española “pierde más de 10.000 millones de euros y las arcas públicas dejan de ingresar más de 1.500 millones en impuestos y contribuciones sociales”, todo ello debido a que “el mercado ilegal triplica al legal”.

Según Cerezo de Enrique Cerezo Producciones, las cuentas no las hacemos bien ya que “muy lejos de los 2.500 millones de euros totales o los 220 por hogar que algunos detractores del canon dicen” que cobran las entidades de gestión, la realidad es muy distinta, pues el “gasto medio es en torno a 2 euros por habitante y año”.

El conjunto de las entidades ingresaron por copia privada para toda clase de titulares de derechos menos de 100 millones de euros en 2009, o lo que es lo mismo, un gasto medio en torno a 2 euros por habitante y año. Este es el gran desastre económico que tiene el país. La piratería ocasiona daño por 10.000 millones de euros, por lo que la copia privada, con esos 100 millones, ni la compensa, ni lo pretende.

Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, ha defendido que ésta “refrenda la compensación por copia privada, deja claro que las personas físicas la tienen que pagar, sin excepciones, que basta el uso potencial para hacer copias privadas aunque no se hagan, que el canon debe compensar todo el daño causado a la industria cultural”.

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Este sábado los militantes del Partido Pirata español elegirán nuevo presidente y dirección con la que afontar, ahora de verdad, el desafío electoral. También los acuerdos que establecerán con los piratas catalanes que han decido impulsar un partido al margen de la estructura estatal.

Tres candidatos a la presidencia para llevar el timón de un galeón pirata de bandera española que intentará surcar los mares de la política nacional donde no existen precisamente oportunidades para las minorías salvo que se salga a la mar con un candidato o candidata de relumbrón y valoración popular.

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Harry Clarke es un economista australiano muy alejado de los planteamientos socialdemócratas, que ha votado durante 30 años a los liberales. Partido del que es militante. Pero en las pasadas y recientes elecciones votó por Los Verdes.

Yo no podía apoyar al candidato liberal. No votaré a los liberales hasta que cambien.

Se refiere, el nuevo votante verde, que se sigue considerando liberal, a la postura conservadora del Partido Liberal en asuntos como la inmigración o las libertades “morales” (aborto, drogas, parejas de hecho…) pero también y sobre todo al dubitativo discurso sobre las libertades en la red de sus viejos colegas liberales en comparación con la determinación liberal de Los Verdes en la defensa de Internet frente al acoso de la censura gubernamental.

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