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La Digital Economy Bill, el proyecto con el que el Gobierno británico pretende regular las descargas, fue aprobada ayer por la Cámara de los Lores. Es un primer paso para que se convierta en ley esta iniciativa creada a imagen y semejanza de la Ley Hadopi francesa puesta en marcha el año pasado a pesar de la opinión en contra del Parlamento Europeo.
A ambas leyes, la francesa y la británica, se les ha llamado también “ley de los tres avisos” porque permite la suspensión de la conexión “de manera indefinida” a cualquiera que haya sido acusado tres veces de violar el copyright.
La polémica está servida por diversas razones. Para empezar, los opositores al proyecto acusan al Gobierno de haber cedido al intenso lobby de las empresas propietarias de los derechos de autor. Esa es la razón, dicen, de que se haya tramitado con tanta velocidad, sin que pase por la Oficina de Información encargada de velar por todo lo que tenga que ver con la privacidad. El Gobierno, por su parte, considera este paso un retraso innecesario. Que haya elecciones en mayo podría tener que ver también con las prisas.
Pero además, el proyecto contiene supuestos que han levantado muchas críticas. A los opositores les preocupa que el proyecto no dé suficientes recursos legales de defensa a quienes sean acusados. Además, no sólo los usuarios individuales se pueden ver afectados por la ley. Un portal como Youtube, que acoge decenas de videos que podrían infringir el copyright, podría ser cerrado, y las bibliotecas, cafés o restaurantes que ofrecen conexión wifi podrían ser consideradas responsables de las descargas ilegales que lleven a cabo los usuarios.
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