LOPD

Ayer nos preguntábamos si las prácticas de algunas aplicaciones para smartphone y servicios web, que se dedican a copiar una agenda de contactos a escondidas, podrían estar incurriendo en algún tipo de infracción de la Ley de Protección de Datos.

Por ello, preguntamos a un experto en la materia, el abogado del Bufet Almeida, Javier Maestre, que respondió amablemente a nuestras consultas, poniendo algo de luz sobre este oscuro tema.

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Una de las banderas de los defensores de la lucha contra la mal llamada “piratería de Internet” es el “ánimo de lucro” de aquellos que “trafican” con contenidos ajeno sin permiso. Cuando las sentencias dictan que la copia de uso privado no era delito, por lo que es completamente legal, dijeron que no importa si hay “ánimo de lucro” o no: traficar con material ajeno sin consentimiento expreso debe ser delito.

Por otra parte, la custodia y el uso de datos personales de los clientes lleva años en tela de juicio. Las empresas a las que facilitamos nuestros datos para que, a) puedan proporcionarnos servicios, y b) puedan cobrar por ellos, debían pedir nuestro permiso para poder usar esos datos para fines no demasiado claros, pero que siempre terminaban con nosotros recibiendo molestas llamadas a horas intempestivas.

Y digo “debían” porque ya no tendrán por qué hacerlo, ya que el Tribunal Supremo de España ha dicho que las empresas pueden usar vender nuestros datos personales a terceros, y todo ello sin pedirnos permiso para nada.

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Hoy, 28 de enero, se celebra en Europa el Día de la protección de datos, una iniciativa de la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de protección de datos de los estados de la UE que busca concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger sus derechos y obligaciones. Es la sexta edición de este día institucional, que conmemora la firma en 1981 del Convenio 108 sobre tratamiento automatizado de datos, y lo cierto es que cae en mitad de muchos debates que tienen que ver con cómo protegemos nuestros datos en la red.

Algunas píldoras a modo de ejemplo de lo que está ocurriendo se enumeran en pocas palabras: tenemos agujeros de privacidad en Facebook que afectan hasta a Zuckerberg, tronchantes políticas de protección de datos, con publicidad ad-hoc incluida, que Google cambia como le parece. Y luego están anécdotas como lo de O2 y los números de teléfono, que son para nota.

Por su parte, la Comisión Europea ha presentado nuevas normas, pendientes de aprobación, para mejorar la protección de la privacidad de los datos de los usuarios, especialmente en el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho al olvido. Además, se plantea endurecer las sanciones a las empresas que incumplan estas leyes, como aquella que metió al 75 % de los españoles en bases de datos que ni controlamos ni conocemos ni nada de nada.

En ese sentido, las palabras de Josep Albors, director de laboratorio de la empresa de seguridad informática Ontinet, son claras:

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36.812.617 personas residentes en España forman parte de una base de datos elaborada por una empresa, que hasta hace un par de años tiempo se llamaba Saberlotodo y que ahora responde al nombre de Trumbic, según una investigación del diario El País que pone al descubierto varios detalles sobre la empresa, que desde 2004 se dedica a obtener datos para su venta ilegal, sobre todo a empresas de cobros a morosos.

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la compañía en reiteradas ocasiones por un valor total de 4,9 millones de euros, y es que las actividades de Saberlotodo, ahora Trumbic, han sido constitutivas de infracciones graves y muy graves a la LOPD. ¿Que cómo obtuvo los datos la compañía? Según El País, por medio del censo de población, de padrones municipales, de la entidad Detectives Lucentum y, atención, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ya que la empresa posee una licencia que le da acceso a 22 millones de datos pertenecientes a teléfonos públicos.

Con esos datos, según el diario, el binomio Saberlotodo-Trumbic vendieron los datos a empresas de cobro para gestionar los impagos que en muchos casos eran multinacionales que a su vez pasaban los datos a sus diferentes teleoperadores. A 210 euros la consulta y a 1.400 euros la tarifa plana. Negocio redondo en un mercado cerrado.

A pesar de las multas y las reclamaciones para que la empresa cesara en sus acciones, a pesar de que El País ya destapó este caso en abril y recibió de Trumbic una petición de rectificación al periódico y la reserva del derecho de presentar una demanda civil, a pesar de que a la vista del caso la CMT tomó cartas en el asunto; a pesar de todos los pesares, no sólo Trumbic no ha cesado sino que su titular se jacta de haber aumentado beneficios en un 25 %. La investigación periodística cifra los ingresos de Trumbic en 370.000 euros anuales.

Vía | El País

Víctor Salgado es abogado especializado en Derecho Informático y Profesor de esta misma materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Cofundador y en la actualidad socio-manager del bufete Pintos & Salgados Abogados, referente del Derecho de las Nuevas Tecnologías en Galicia.

Víctor Salgado fue incluido en la lista de expertos de la Comisión Europea para evaluar Proyectos de I+D relacionados con la Sociedad de la Información. Conferenciante y colaborador en diversas publicaciones especializadas.

Además es un activo y didáctico bloguero. Con él hemos repasado la actualidad jurídica y los retos del derecho, que son los de nuestra libertad, desde la perspectiva de un “abogado 2.0”.

Me ha parecido muy interesante un post que has escrito en tu blog sobre el polémico canon digital. Para sostener la incongruencia de su aplicación mantienes que es como cobrarle un impuesto a Al Capone por comerciar con el alcohol…

Efectivamente. En los últimos años, se nos ha presentado el canon digital como una compensación por la piratería. Esto legalmente no es así.

El canon digital es, en todo caso, una compensación por la copia legal privada, autorizada desde hace años por el art. 31 de la LPI. Lo contrario sería como reconocer la legalidad de aplicarle un impuesto sobre el alcohol a Al Capone en plena ley seca. Ello sería, ni más ni menos, la participación del Estado en un negocio ilícito.

Por tanto, una de dos: o las descargas son ilegales y, por tanto, no se les aplica canon o, por contra, las descargas son legales y, por ello, se les aplica canon. En este sentido, aunque la Ley es clara, ha habido mucha desinformación, en ocasiones interesada y en otras por mero desconocimiento, tanto por parte del gobierno como por los propios representantes de las entidades de gestión. Ello nos ha llevado, desgraciadamente, a las actuales “trincheras” de la Red.

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