Hadopi

Tras el inicio algo accidentado, por no decir desastroso o bochornoso, de HADOPI, y que el mismo Presidente de la República reconociese que falla, el sistema de tres avisos francés entra en la fase crítica.

Poco más de 20.000 franceses que, supuestamente, cometieron alguna infracción en la red y reincidieron, recibieron un primer correo electrónico de aviso, luego recibieron un segundo y finalmente les llegó una carta.

Ahora, según la presidenta de la Comisión de Protección de Datos de HADOPI, Mireille Imbert Quaretta, se tratará cada caso individualmente con tal de decidir cuales de ellos terminan en la fiscalía para determinar si se les aplica la pena máxima, 1.600 euros de multa y la desconexión de Internet.

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Una docena de ciudadanos franceses han recibido citación formal para comparecer ante la justicia después de recibir los tres avisos instaurados por Hadopi. Según la juez que lleva los casos, dichas personas se tendrán que presentar ante los tribunales dentro de unos meses, hacia finales de año.

La ley antidescargas francesa promovida por Nicolas Sarkozy ha mandado, en nueve meses, más de 400.000 primeros avisos mediante correo electrónico. Solamente un 10% de los notificados se han interesado por la causa del aviso. Después, se han remitido alrededor de 11.000 cartas certificadas, supuestamente a aquellas personas que hicieron caso omiso de la primera alerta. Apenas un 20% de ellos se han puesto en contacto con Hadopi.

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El mercado de las (malas) leyes en contra de las descargas está que arde. No hace demasiado, la Ley Sinde empezaba el camino para convertirse, junto con la fregona y el chupa-chups, en una de las grandes aportaciones españolas a la economía mundial.

Una vez la UE compró la Ley Sinde, el Gobierno de España la intenta exportar al mercado latinoamericano. Se ve que a Sarko le ha entrado la envidia, y está empezando a vender su HADOPI allende los mares, e intenta vender su sistema al mercado norte-americano.

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El informe sobre las políticas relativas a Internet del Relator Especial de Naciones Unidas para la protección de la libertad de expresión contradice radicalmente las directrices establecidas por los gobiernos del G8. El relator de la ONU, Frank La Rue, recuerda a los gobiernos que en su afán por proteger los derechos de autor no deben cruzar la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia.

La respuesta de los gobiernos ante un caso como WikiLeaks, la incautación de nombres de dominio, el corte de la red egipcia, la proliferación de leyes antidescargas, las discusiones en torno a la creación de un “gran filtro censor”, la Directiva de Comercio Electrónico, el ACTA o la conversión de los proveedores de acceso a Internet en una policía privada de los derechos de autor, son citados como amenazas por el relator de la ONU.

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Garantizar el grado de protección correcto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado único es esencial para la economía europea. El progreso depende de nuevos conocimientos e ideas. No se invertirá en innovación si no se protegen los derechos. Por otra parte, los consumidores y los usuarios necesitan acceder a los contenidos culturales, por ejemplo, a la música en línea, para que puedan florecer tanto unos nuevos modelos de empresa como la diversidad cultural. Nuestro propósito hoy es lograr el equilibrio correcto entre esos dos objetivos para los DPI en su conjunto y que la normativa europea en materia de propiedad intelectual capacite a las empresas y los ciudadanos, adaptándose al mundo en línea y a la competencia global por las ideas.

Son las palabras de El Comisario, Michel Barnier, referentes al nuevo plan (otro más) de la Comisión Europea, que tiene como objetivo que “los derechos de propiedad intelectual impulsen la creatividad y la innovación“.

Sea por casualidad o serendípia, las declaraciones las hacía Barnier el mismo día que su amigo el Presidente de la República entraba a dar su discurso en el encuentro del eG8, acompañado del maletín nuclear.

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La empresa encargada de recolectar las IPs en Francia para luego cortar la conexión de las personas que descargan archivos ha sido atacada este fin de semana y miles de direcciones han quedado al descubierto. Trident Media Guard (TMG), se encarga de vigilar el comportamiento de los internautas y ciudadanos galos y rinde cuentas con el ejecutivo sobre aquellas personas que han compartido archivos.

Por su parte, las autoridades encargadas de aplicar la ley antidescargas en Francia han anunciado que suspenderán de forma temporal y como precaución la relación con TMG. Ya no recibirán más datos, aunque sí que mandaran los correspondientes avisos a los internautas cuyos datos han recibido hasta hoy.

En una ofensiva supuestamente orquestada por Anonymous, el grupo de activistas también ha publicado un listado de más de 5.000 archivos BitTorrent vigilados por la administración pública francesa. Es decir, ha localizado aquellos documentos que atestiguan que una persona se descarga archivos mediante redes p2p y, por lo tanto, es la prueba del supuesto crimen.

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Si la Unión Europea va a la cabeza de implantar normas de dudosa validez y eficacia, España podría unirse a esa sinrazón y recuperar el ‘nivel de exportaciones’. Pero no con cosas útiles, si no con más normas de dudosa validez, como la Ley Sinde.

El plan inicial era ‘trasladar’ el modelo HADOPI de tres avisos y desconexión. Será por las ampollas que levantó, o por su nula eficacia y resultados diametralmente opuestos, provocando un aumento de las descargas directas.

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Nicolas Sarkozy, president de la República Francesa, dice ahora que Hadopi tiene “errores”. La conocida medida anti descargas francesa criminaliza al ciudadano que descarga o intercambia archivos en Internet y contempla el corte de la conexión tras tres avisos. No es que la ley tenga errores, es que la ley es un error en sí.

“Asumo mi parte del error. Tenía la intuición de que había que proteger a los creadores. Puede que el error fuera dar la sensación de que eran atacados”, ha afirmado el mandatario galo. Realmente, el grave problema de fondo es ese: la industria ha conseguido que el mensaje político actual sea el de que los artistas están indefensos ante un ataque –ataque inexistente en realidad– por parte de aquellos que descargan archivos –que, por otro lado, es la mayoría de la población.

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha publicado un informe sobre la censura en Internet que afirma que uno de cada tres internautas en el mundo no tiene acceso a una red libre. Aunque las revueltas en países árabes han conseguido que haya una mayor libertad online, el texto dice que hay unos sesenta países que aún filtran contenidos de forma virtual.

Uno de los aspectos que más llaman la atención del informe es que Francia se suma a la lista de países bajo vigilancia. Debido a la nueva legislación para detener las descargas, el ejecutivo de Sarkozy ha colocado su tierra al lado de Sri Lanka o Tailandia, según RSF. Recordemos, el gobierno francés ha instaurado la ley Hadopi, que persigue a los usuarios que descarguen contenido protegido por derechos de autor hasta desconectarlos de la red, tras tres avisos.

El estudio de RSF señala a unos territorios en concreto como los más represivos y los considera los “enemigos de Internet”. Los principales son Arabia Saudita, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Ubequistán, Siria, Turkmenistán y Vietnam. Todos ellos combinarían “el filtraje severo, los problemas de acceso, la persecución de ciberdisidentes y la propaganda en línea”.

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