Mientras que SOPA podría estar muerta (por ahora) en los Estados Unidos, los grupos de lobbying están intensificando sus esfuerzos para exportar leyes parecidas a SOPA a otros países. Con la Bill C-11 en la agenda legislativa para finales de mes, Canadá será un objetivo primordial para las leyes calcadas a SOPA. De hecho, un vistazo cercano a las propuestas no publicadas al comité legislativo de la Bill C-32 revela que varios grupos han preparado el terreno para introducir reglas parecidas a las de SOPA en la Bill C-11, incluyendo el bloqueo de webs. Michael Geist

SOPA está en el congelador gracias a la presión ciudadana, pero la industria del copyright no se queda de brazos cruzados. Vista la difícil tarea en Estados Unidos, los grupos de lobbying han decidido desplazar sus demandas hacia Canadá. Así lo asegura Michael Geist, profesor de Derecho en la Universidad de Ottawa.

Geist afirma que el Parlamento canadiense está debatiendo la Bill C-11, una propuesta de ley que está tomando tintes parecidos a los de SOPA. La ley, concretamente, se llama Copyright Modernization Act (Ley de Modernización del Copyright) y resulta que tiene detrás a las mismas empresas que presionaron para que SOPA se aprobara. En un principio, la Bill C-11 tiene como objetivo hacer que las leyes de propiedad intelectual estén actualizadas a las nuevas tecnologías, pero los principios pueden cambiarse. Si no, que le pregunten a Groucho Marx.

Pero Geist dice que la propuesta podría ir más allá, según los documentos de enmiendas que ha propuesto la industria musical. En concreto, Geist asegura que esos informes de los lobbies defienden la posibilidad de bloquear webs. Y la industria pone ejemplos concretos: señalan directamente a The Pirate Bay. Por si fuera poco, las propuestas de los grupos de presión buscan también que los proveedores de Internet desconecten las personas que infrinjan las leyes de copyright más de una vez.

Y no sólo eso, las enmiendas propuestas por la industria musical recogen también la posibilidad de cerrar webs que, aunque no tengan como objetivo principal el intercambio de archivos, vulneren de forma lateral alguna ley de propiedad intelectual. En otras palabras, se podría cerrar Facebook, Google, YouTube, Twitter y casi cualquier página.

Duleepa Wijayawardhana, director de Empire Avenue, un portal de divisas digitales y juegos online, asegura que la estrategia de los lobbies del copyright, una vez fallada la legislación en Estados Unidos, es presionar a gobiernos de otros países para que aprueben leyes contra el intercambio de archivos y, así, que sea Estados Unidos uno de los pocos territorios donde no haya una ley y, como consecuencia, que se apruebe para no estar solos.

Vía | Mashable
Enlace | Michael Geist
Foto | Alexindigo

Hombre, decir que al cerrar Megaupload la gente va más al cine así de entrada ya huele a chamusquina mal quemada, que una cosa es maquillar los datos y otra muy distinta dar a la gente forraje para comer, tal y como quedó demostrado ayer por el ombudsman de la red, que pone en evidencia lo que es evidente de por sí: que una flor no hace verano, como diríamos en mi pueblo, y que no se puede extrapolar un dato en caliente porque los números los carga el diablo, que es un tipo muy chungo, dicen.

Tampoco han estado finos los que han hablado de un gran crecimiento en los ingresos de filmin, el (teóricamente) gran beneficiado español de la movida de Megaupload. Tráfico, sí. ¿Ingresos? Se verá. Qué manía de querer tener los resultados del balance antes que los departamentos financieros de las empresas. Si tienen que ganar más, no nos preocupemos, que ya se sabrá. Y, desde luego, si comparamos el cese de un sitio con millones de usuarios con los anunciados crecimientos, casi que lo dejemos correr. ¿Llegará a representar ese movimiento un 1 % del tráfico de Megaupload? Ni eso.

De momento, lo que se está demostrando es que la gente que se mueve por internet no está por el todo gratis, y eso es palmario tanto si tenemos en cuenta la millonada que atesoraba el ahora detenido y vapuleado por todo el mundo, por friki y por internauta, como si tenemos en cuenta el interés que despiertan los stores de diferentes empresas.

¿Y los otros sitios de descargas? Pues haciendo las maletas están. Los hay que retiran sus programas de pago por subidas, como Fileserve, que ya estaba el segundo de la lista en la agenda del FBI, los hay que optan por reconvertir lo de compartir en compartir con uno mismo y trasformarse en un servicio cutre de almacenamiento, como es el caso de Filesonic, y los hay que proceden al vaciado de servidores como ocurre en varios sitios similares al ahora desmantelado, por aquello de las barbas del vecino.

Veremos también qué pasa con las webs de enlaces. Ya reconocimos la pifia de SeriesYonkis, que a nosotros no nos duelen prendas, pero la idea de fondo era real: aunque la persecución se va a cebar con la raíz del “problema”, las páginas de enlaces irán detrás si no han muerto antes de aburrimiento, en cuanto se queden sin servidores a los que enlazar. Buscando un paralelismo, ¿alguien se acuerda de lo peñazo que era encontrar en el eMule servidores caídos por la gracia de Alemania?

Y hablando del eMule, luego tenemos ese clamor popular por la reivindicación del p2p, así en plan recordatorio por parte de los puristas de la red, esos que siempre despotricaron del carácter mercantilista de las páginas de descargas directas y abogaron por que tener un amigo en las antípodas con el que te intercambias información es lo más natural del mundo.

Volvamos pues a la mula y a los torrents, y volvamos a los tiempos de descartar los archivos que, tras haber sido descargados, nos revelaban una secuencia inesperada de dos (o más) personas en actitud muy cariñosa que alguien con muy mala baba decidió poner ahí. Pregunta al margen: ¿quién puede tener interés en desprestigiar así una red que no tiene ánimo de lucro?

¿Y qué pasa con los datos de los que se ha incautado el FBI? Porque ahí, no nos engañemos, no sólo hay archivos privados de esos que Rajoy debería reclamar según Facua (ay, que me LOL), sino todo un registro de conexiones e IP fijas o dinámicas que según la mentalidad de los de la oficina federal convierten al 200 % de los internautas en peligrosos criminales, sólo comparables a los terroristas más sanguinarios, que pueden ser perseguidos y detenidos en cualquier momento y en cualquier lugar.

¿Debemos tener miedo, aquellos que un mal día nos descargamos las aventuras completas de ‘Doraemon’ por hacer una gracia? Hombre, quizá no bajen hasta este nivel, máxime si se quedan satisfechos con la reacción que han tenido el resto de las páginas de descargas tras la espectacular detención y disposición al escarnio público del señor Megaupload, pero…

En Nación Red | Cierre de Megaupload: lo que el FBI cree que consigue

La noticia de que las autoridades estadounidenses cerraban Megaupload sin más aviso cogió a todo el mundo por sorpresa. En un primer momento parecía que se terminaba el mundo: ¿Y ahora qué? ¿De dónde me bajaré las series? ¿Por dónde veré las películas online? ¿Qué pasa con mi suscripción que renové por seis meses hace dos días?

Poco a poco se fue digiriendo la novedad y se pasó a otras preguntas: ¿Hay otras webs que ofrezcan servicios similares a Megaupload? Una búsqueda rápida en Google arroja resultados sencillos de encontrar: Fileserve, Wupload, Bitshare, Filesonic, Hotfile, Filejungle, Rapidshare, Depositfiles… Vaya, que sí, que hay más páginas que permiten descargas similares a las de Megaupload.

Pero, entonces, ¿de qué sirve que el FBI, en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Centro Nacional de Coordinación de la Propiedad Intelectual, haya cerrado Megaupload? Respuesta corta: de poco. Respuesta larga: para cabrear al personal y, concretamente, Anonymous. Como dice la publicación online francesa Numerama, la ciberguerra ha comenzado.

Sin necesidad de Sindes, ni SOPAs, ni PIPAs. Parece que la legislación americana ya contempla la posibilidad de cerrar webs. Precisamente eso: cerrar páginas. Porque sí, Megaupload era un disco duro infinito en la red en el que se podía encontrar casi cualquier película o serie, pero también era un servicio fantástico para mandar archivos muy pesados que no caben en un e-mail, por ejemplo. Precisamente eso: cerrar páginas. Como era de esperar, Anonymous ha tardado poco en dar respuesta.

Al cabo de unas horas de que la noticia saltara, el grupo de ciberactivistas ya habían tumbado las webs del Departamento de Justicia estadounidense y de HADOPI y también atacaban las de Universal Music, la RIAA y la MPAA. En el momento de redactar el post, ninguna de las webs funciona. Una operación a gran escala en la que algunos dicen que han participado más de 5.000 ciberactivistas.

Todo esto me recuerda un poco a las películas de Eliot Ness, Al Capone y la ley seca. Una normativa que prohibía la comercialización del alcohol y que hizo que el mercado negro creciera de una forma exponencial y que, al final, se tuvo que derogar por motivos lógicos. Si no existe un mercado legítimo, se desarrollan mercados alternativos.

Con todas las diferencias, pero luchar contra el intercambio de archivos con las armas que usan algunos gobiernos y los lobbies pro-copyright no es lo más inteligente. Puede que consigan bloquear el acceso a Megaupload. Incluso quizás aprobarán SOPA y PIPA. Y la ley Sinde entrará en funcionamiento. Y puede que cierren SeriesYonkis. Y lo más seguro es que, de paso, se carguen también la libertad de expresión en Internet.

Pero también conseguirán que Anonymous se cabree, ponga patas arriba las páginas de la administración pública y robe datos gubernamentales. Y lo que es peor para las empresas interesadas: lograrán que los consumidores les den la espalda. Y todo por no apostar por las nuevas tecnologías. Todo por llegar diez años tarde y hacerlo mal. Todo por aumentar sus bolsillos y no por velar por que los autores reciban sus ingresos, si no que le pregunten a la SGAE. Todo por gastar el dinero en campañas para restringir Internet y no en invertir en nuevos canales y formatos de explotación. Ya lo dice David Bravo en Facebook: “Si un niño pone un dedo en uno de los agujeros de un colador, sólo él piensa que ahora se filtra menos cantidad de agua”. Lo dicho: la ciberguerra ha empezado.

Los últimos meses en la red han sido muy convulsos, tanto en España como a escala internacional. En nuestro territorio se ha aprobado una ley que pretende cerrar páginas que enlacen a obras culturales y de entretenimiento, algo que los jueces han dicho que es perfectamente legal, y en Estados Unidos la clase política tiene como objetivo hacer algo semejante con SOPA y PIPA.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que ha ocurrido en España y lo que está pasando en Estados Unidos. Aparte del hecho de que los yankees hayan ejercido presión para obtener una ley Sinde a su medida y que el gobierno de Zapatero primero y el de Rajoy después hayan asentido como uno de los satélites de la URSS 40 años atrás, la principal diferencia entre el caso de Estados Unidos y el de España son las empresas.

Mientras que aquí los que se oponen a la ley Sinde son “cuatro gatos” o “cuatro ganapanes”, unos “talibanes de Internet” y unos ladrones en general; en Estados Unidos son Google, Facebook, Wikipedia, Amazon, AOL, eBay, LinkedIn, Mozilla, PayPal, Twitter o Yahoo!, entre otros. Y tanta es su oposición que están dispuestos a dejar la red a oscuras el 23 de enero para ejercer presión contra SOPA y PIPA. Mientras tanto, en España hay 14 grandes empresas internacionales que dan las gracias a Rajoy por aprobar la ley Sinde-Wert. ¿Qué hubiera pasado si en España existieran empresas como las de Estados Unidos?

A falta de compañías con el peso económico de las estadounidenses, en España también hubo apagón. Las principales páginas de enlaces a vídeos y descargas cerraron como medida de protesta contra la ley Sinde meses atrás, cuando estaba pendiente de aprobación en el Congreso y el Senado. Sirvió una vez, pero en el Senado el pacto entre PSOE, PP y CiU dejó la protesta en nada.

En España no hay empresas que publiquen anuncios en el New York Times para mostrar su rechazo a la ley Sinde. No hay compañías tecnológicas que estén comprometidas con una red libre, esa que unos políticos que aún no entienden su funcionamiento quieren capar. Por ello, en España se aprueban leyes que van en contra de los fundamentos de la red, que limitan la libertad de expresión, que hacen caso omiso de los jueces y que, en definitiva, son inútiles. Pero eso sólo lo demostrará el tiempo y la inteligencia colectiva.

Foto | Faramarz

Dos años después que se conociera la existencia del proyecto para una ley que se encargaría de luchar contra la piratería mediante el cierre y censura de sitios web, hoy finalmente se ha aprobado el reglamento que la desarrolla, por lo que ya podemos decir que España se une a los países que declaran la guerra abierta a Internet.

Durante éste tiempo hemos conocido que la famosa Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible, de sostenible tiene más bien poco o nada. También vimos cómo se aprobaba sin debate parlamentario, cómo el Senado la refrendaba mediante un pacto entre PSOE, PP y CiU. Y también supimos que la Ley Sinde la idearon y dictaron desde la Embajada de los Estados Unidos de América en Madrid, a las órdenes de Washington D.C. (que sigue presionando hasta el último minuto) y cómo desde una de las principales entidades defensoras de la Ley Sinde salían hilos que apuntan a una trama de financiación ilegal de partidos políticos.

La infame Ley Sinde pretende evitar la piratería de contenidos mediante el cierre administrativo de sitios web, a la orden de una comisión de expertos que serán nombrados a dedo.

Los defensores de la ley argumentan que hay que acabar con el “gratis total“, pero ignoran, esperemos que por desconocimiento de la realidad tecnológica, que su ley no sólo no arreglará su problema (no querer adaptarse a la realidad tecnológica), si no que creará infinidad de otros y mucho más graves ya que mutilará uno de los pocos, si no el único, sector económico con capacidad de crear nuevos empleos en la situación económica actual.

Finalmente hoy, tras dos intentos de aprobarlo con un gobierno en funciones, el gobierno entrante de Mariano Rajoy ha decidido recoger la patata caliente que les han dejado, y tirar adelante el fatídico reglamentazo.

Sin embargo, a la Ley Sinde le han puesto una guinda en forma de , supresión del Canon Digital, que se transformará en una “compensación cuyos criterios fijará el Gobierno”. A eso en mi pueblo le llaman desvestir a un santo para vestir a otro.

Ah, y todo esto después que el Presidente de la Academia del Cine llame “delincuentes” a la totalidad de la sociedad civil digital y se quede tan ancho. Y después que el flamante Presidente de EGEDA y FAPAE invitara al anterior Gobierno en funciones a saltarse la ley y el nuevo y flamante Ministro de Educación, Cultura y Deportes lanzara la primera andanada.

Los del lobby pueden estar contentos con el nuevo Ministro. El lunes pasado dijo que actuaría, y cuatro días después se aprueba la ley de la censura de Internet en España. Eso si, en la rueda de prensa del Consejo, ni se ha asomado para dar explicaciones.

De traca y pandereta.

En Nación Red | La red resiste | ¿Ha dado el PP vía libre a la aprobación del reglamento de la Ley Sinde? | Un gobierno en funciones no puede aprobar hoy la #LeySinde

Foto | Gustavo Bravo

Corea del Sur ha subido el nivel de alerta por ciber seguridad como consecuencia de la muerte del dictador de Corea del Norte Kim Jong Il. Según la agencia de noticias coreana Yonhap, la Comisión de Comunicaciones de Corea ha “levantado la ciber alerta al tercer nivel más alto”, poniendo especial atención en posibles ataques de denegación de servicio (DDoS) e incidentes relacionados con el hackeo de las telecomunicaciones del país.

Asimismo, el gobierno surcoreano también ha alertado a sus ciudadanos de tener cuidado al abrir correos electrónicos, sobre todo si en el asunto hacen referencia a la muerte del dictador norcoreano y el origen del e-mail es desconocido. También las autoridades de Japón se han mostrado preocupadas por el futuro político de la zona.

Varios oficiales de Corea del Sur ya habían alertado a las autoridades de que eran el objetivo de ataques cibernéticos, que tumbaron el sistema informático de la Federación Cooperativa Agrícola Nacional en abril. Aunque Corea del Norte no ha aceptado la autoría, sus vecinos del sur los toman como los responsables.

Además, el gobierno de Corea del Sur hace tiempo que controla las opiniones en la red sobre Corea del Norte. En muchas ocasiones se ha censurado a personas que apoyaban el régimen del Norte, lo que llevó en octubre a que se abriera una investigación.

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur no pasan por su mejor momento. Técnicamente, ambos países están en guerra desde el 1953, cuando firmaron un armisticio, pero no un acuerdo de paz. En la última década, las relaciones parecían ir a mejor, pero la crisis se ha agravado recientemente por pruebas de misiles y movimientos armamentísticos que han tensado la situación.

Vía | The Next Web
Foto | Jay.tong

Está claro que una de las características principales de Internet es que proporciona cierto anonimato. La importancia de este hecho es diferente dependiendo del país en que nos encontremos. Por ejemplo, en países europeos o en EEUU, la gente no otorga mucha importancia a esto, y la prueba está en que a menudo los usuarios utilizan su nombre real en muchas webs y redes sociales. Pero en países con un nivel tan alto de censura como China, poder permanecer en el anonimato puede suponer la diferencia entre la libertad o la cárcel, o incluso entre la vida o la muerte.

El país más poblado del mundo aplica desde ya, una política que obliga a todos los usuarios de servicios de microblogging a identificarse con su nombre real. La página más afectada es Weibo, el Twitter chino. Parece que el nivel de control que quiere establecer China en lo referente a las comunicaciones es total.

Este es un buen ejemplo que ilustra lo importante que es Internet para la ciudadanía en general. China en este caso, pretende controlar lo que sus habitantes dicen y piensan porque saben que esa información puede tener una difusión importante, las ideas pueden calar en mucha gente y eso podría provocar el día de mañana una revolución. Weibo se estaba convirtiendo en la herramienta de expresión preferida de los chinos y el gobierno ha decidido meterle mano.

Tener que usar el nombre real implica de primeras que los usuarios no podrán decir según qué cosas por miedo a la represión. La consecuencia directa de esto (además de la obvia falta de libertad) es el sesgo que se va a producir en la información. En vez que contar hechos generales, contarán simplemente hechos parciales, los cuales probablemente nunca estarán fuera de los parámetros de “corrección política” del gobierno chino.

Esta nueva exigencia se aplica con efecto inmediato a todos los nuevos usuarios de la red. Los que ya estaban dados de alta, deberán identificarse en el plazo de tres meses o sus cuentas quedarán cerradas.

Internet proporciona un poder de expresión a los ciudadanos que obviamente no pueden tener a través de radios, televisiones o periódicos. Por eso los gobiernos quieren controlarla, para que no se repitan casos como Wikileaks.

Vía | iChinaStock
En Nación Red | China no admitirá la difusión de ‘rumores’ en las redes sociales

El reglamento de desarrollo de la ley Sinde que no aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes no hace caso de la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advirtió al gobierno del PSOE de que las webs con enlaces a archivos protegidos con derechos de autor no cometen ningún delito. El reglamento, al que ha tenido acceso El País, presenta dos diferencias en relación con la ley que salió aprobada del Senado con el apoyo de PSOE, PP y CiU después de que el Congreso la tumbara.

Por una parte, se aumenta el castigo por reincidencia de las personas que administren web con enlaces. Por otra, se insiste y se destinan más esfuerzos a perseguir y cerrar páginas, aunque la jurisprudencia española es muy clara en este sentido: el intercambio de archivos, según la ley española, es completamente legal. Por lo tanto, y según se extrae de los apuntes del CGPJ, lo que hace la ley Sinde es criminalizar unas webs que llevan a cabo una actividad legal.

El reglamento deja intactas las dos secciones que salieron aprobadas del Senado. Una primera, de mediación, y una segunda, que procede de forma directa al cierre de las páginas. La segunda sección, que es la que tomará las decisiones de peso, estará formada por seis miembros: funcionarios de los ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia. Se deja de lado el Ministerio de Justicia, no sea que tuviera recelos legales sobre la ley. La intervención judicial estará presente; pero como si no lo estuviera, ya que no entrará en el fondo del asunto y a la práctica no tendrá voz ni voto.

El País, que ha tenido acceso en exclusiva al reglamento de la ley Sinde, asegura que la principal novedad está en el artículo 20.2 del borrador. Antes del reglamento, si los responsables de las páginas eliminaban los enlaces a los contenidos denunciados en menos de 48 horas, el proceso se archivaba. En caso de que los administradores de las páginas enlazaran a los mismos archivos de nuevo, el proceso administrativo tenía que empezar desde el principio. Con el nuevo reglamento, el trámite ya no será así: si se reincide, el expediente se reabrirá “en fase de prueba y conclusiones”. Esto ocurrirá si se enlaza a contenidos del mismo autor en general, no necesariamente a los mismos contenidos concretos.

El reglamento no fue aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, contra todo pronóstico. Según fuentes cercanas al PSOE, hubo un acalorado debate en el Consejo que hizo que Zapatero dejara al PP la tarea de dar el empujón final a la ley Sinde. Ahora, son los populares los que tienen la pelota en el tejado: ¿Legislarán en contra del interés público y general, criminalizando una actividad legal según los jueces, u optarán por apoyar a empresas que ofrezcan contenidos de calidad a precios competitivos?

Foto | Oneras

Un tercio de la gente que usa Internet en Suiza, se descarga material protegido con derechos de autor de la red. Películas, música, videojuegos etc. Como en casi todos los países, los ‘lobbys’ del copyright, instaron al gobierno a tomar medidas drásticas para paliar las pérdidas del sector.

En vez de legislar a favor de la industria sin tener datos objetivos de esas afirmaciones, Suiza decidió hacer un estudio para corroborar esos datos. Y desgraciadamente para la industria audiovisual, la conclusión es clara: descargarse música o películas de la red para uso personal está permitido y no tiene que cambiar.

La industria del entretenimiento se ha opuesto de manera sistemática a todos los avances que se han dado en este sector en relación con las nuevas tecnologías e Internet. Según el gobierno suizo, este no es la medida correcta, y deberían favorecer acciones para utilizar la tecnología a su favor, en vez que continuar con medias represivas.

Cada vez que una nueva tecnología está disponible, hay alguien que se lo toma como un abuso. Este es el precio del progreso. Los ganadores serán los que sean capaces de usar esas nuevas tecnologías en su provecho, y los perdedores serán los que se obcequen en continuar con viejos modelos de negocio.

El gobierno dice que incluso en la situación actual en que la piratería está en auge, las industrias de entretenimiento no están perdiendo dinero necesariamente.

En el informe se concluye que por ejemplo, alrededor de un tercio de los chicos de 15 años se descargan música, películas y videojuegos. Sin embargo, esta gente no gasta menos dinero en entretenimiento a causa de esto, porque el presupuesto que manejan para esas actividades es relativamente constante. Esto significa que descargar cosas de Internet es algo complementario, no sustitutivo.

Otra parte de la investigación afirma que los que descargan música de la red, acuden a conciertos más frecuentemente, y que los que se descargan juegos, compran más originales que los que no lo hacen. También dice que en la industria musical, el acto de compartir canciones hace que los grupos ganen en popularidad y por tanto en ingresos.

También tuvieron tiempo para analizar leyes como la Hadopi en Francia, la cual consideran de dudosa legalidad, ya que el acceso a Internet se considera un derecho humano reconocido por la ONU. Huelga decir que el informe recomienda la eliminación de dicha ley.

Otras acciones promovidas por los ‘lobbys’ como el filtrar o bloquear contenidos han sido categóricamente rechazadas, en defensa de la libertad de expresión y porque dichas medidas violarían la privacidad de los usuarios. Aprobar estas normas entraría en conflicto con muchas leyes vigentes.

La recomendación final del gobierno suizo a la industria es sencillo: deben adaptarse a las circunstancias y a los nuevos comportamientos de los consumidores, en caso contrario, desaparecerán. No hay ninguna necesidad de cambiar la ley porque no hay pruebas de un impacto negativo de las descargas en la producción nacional de contenidos culturales.

Vía | Torrent Freak
Foto | Flickr

Varios miembros del PSOE se oponen ahora a que se apruebe el reglamento de la ley Sinde en un Consejo de Ministros de un Gobierno en funciones. Como ya os informábamos hace unas horas, María González Veracruz, diputada socialista y responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal, ha afirmado que no puede “compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la ley Sinde” y que espera que “el Consejo de Ministros lo pare”. Asegura que no está “de acuerdo con esta decisión”. Finalmente, el Consejo de Ministros no ha aprobado el reglamento de la ley Sinde.

Pero no sólo González Veracruz se ha opuesto ahora a la aprobación del reglamento de la ley Sinde, también la diputada Elena Valenciano no lo ve con buenos ojos. Según fuentes de Europa Press, una parte del Comité Federal del PSOE (el máximo órgano entre Congresos) aplaudió una intervención crítica con la ley Sinde.

Por parte de las Juventudes Socialistas, Sergio Gutiérrez, el secretario general, ha pedido dejar en manos del próximo Ejecutivo la aprobación del reglamento en cuestión. En otras palabras, pasar el marrón al PP: el PSOE construye la ley Sinde y deja a los populares que la pongan en marcha.

Toda la reacción del PSOE frente a la ley Sinde en estas circunstancias es lamentable: primero se vuelcan completamente con “la defensa de la cultura y de los artistas” y después varios miembros destacados de la directiva socialista se echan para atrás afirmando rotundamente que el reglamento de la ley Sinde no debería aprobarse en estas condiciones. Finalmente, la tarea de tirar para adelante una ley deplorable y completamente improductiva recaerá en el PP, que ya dio su apoyo meses atrás junto a CiU.

Vía | Europa Press
Foto | PSOE Extremadura