Gobierno

Los últimos años, la industria cultural española se ha quejado de que España esté en la lista negra de piratería internacional. Incluso se ha llegado a decir que es una “deshonra nacional”. Tales declaraciones, entre otras, las hizo el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola. Ricardo Galli, fundador de Menéame, ha expuesto en su blog algunas otras declaraciones hechas por Guisasola en referencia a la lista 301 de Estados Unidos:

La aparición destacada del nombre de España entre los países menos respetuosos de la propiedad intelectual en todo el mundo constituye una deshonra nacional, no por reiterada y esperada menos dolorosa.

El informe tiene una parte positiva, y dice felicidades por dar un primer paso, por tener la voluntad y otra negativa, al destacar que no se relajen, porque la cosa está muy mal.

La inclusión de España en la lista 301 es una vergüenza.

Todas ellas corresponden al punto de vista que mantiene la industria en relación con el intercambio de archivos, pero lo interesante es que WikiLeaks ha revelado, mediante un cable diplomático de Estados Unidos, que Guisasola está en realidad a favor de que España esté en la lista negra de piratería.

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El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha solicitado a Twitter que aísle perfiles de usuarios que escriban mensajes que inciten a la anorexia, la bulimia u otros trastornos alimenticios. Leire Pajín, la titular del ministerio, asegura que ha pedido que se usen para ello “todos los mecanismos que estén en las manos” de la red social, siempre “respetando la libertad de expresión”.

Pajín afirma que la iniciativa ha surgido después de que varios usuarios de Twitter les han pedido, a través de la red, que actuasen ante la proliferación de cuentas con estas características. Por ello, el ministerio ha formulado una petición a través de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. El gobierno hará una lista de usuarios sospechosos y rastreará la red social.

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El gobierno de Estados Unidos quiere bloquear la compra de T-Mobile por parte de AT&T. Para ello, ha presentado una demanda antimonopolio alegando que el acuerdo “dañaría sustancialmente la competencia” en el mercado de las telecomunicaciones móviles. Como consecuencia directa, las acciones de AT&T han caído un 5%.

“La eliminación de T-Mobile como rival independiente y de bajos precios por parte de AT&T significaría la supresión de la fuerza competitiva del mercado”, afirman los representantes del gobierno en la demanda. En dicha queja, Estados Unidos pretende que se establezca una declaración formal de que la compra de T-Mobile por AT&T viola las leyes antimonopolio del país. Asimismo, el gobierno también ha pedido que se bloqueen acuerdos alternativos.

Además, en caso de que la demanda antimonopolio sea aprobada, AT&T tendría que pagar a T-Mobile 3.000 millones de dólares en efectivo, facilitar una parte del espectro inalámbrico y dar descuentos de hasta 7.000 millones de dólares en el uso de las redes de telefonía móvil, asegura Bloomberg.

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La página web de WikiLeaks quedó ayer inoperativa después de un ataque informático. La asociación publicó decenas de miles de cables diplomáticos confidenfiales filtrados del Departamento de Estados de los Estados Unidos. El ataque ha tenido lugar después de que representantes y funcionarios estadounidenses criticaran duramente las filtraciones, consideradas ilegales por ellos. En estos momentos, el sitio funciona correctamente.

La organización colgó ayer un mensaje en Twitter en el que afirmaba que su sitio estaba siendo atacado. Una hora después, la web y los cables colgados en ella eran inaccesibles. Como consecuencia, WikiLeaks colgó en la red social un sitio-espejo, cablegatesearch.net, en el que se podía consultar los documentos sin problemas.

La filtración de los cables ha tenido, además, controversia por la forma en que se ha llevado a cabo. Los documentos, a diferencia de anteriormente, contienen los nombres de los informantes, lo cual representa serios y evidentes problemas de seguridad para éstos. Asociaciones pro Derechos Humanos ya han mostrado su preocupación por la forma de publicar la información.

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El gobierno chino está decidido a delimitar aún más el uso que sus ciudadanos hacen de Internet. El Tribunal Supremo de China y la Fiscalía afirman que aumentarán la presión en la lucha contra los hackers y que impondrán penas mayores para aquellas personas que cometan delitos informáticos. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de septiembre.

La agencia de noticias oficial de régimen, Xinhua, cita un comunicado oficial en el que se remarca que las personas que “a sabiendas adquieran, vendan o encubran datos o control de redes obtenidos de forma ilegal serán objeto de penalizaciones judiciales”. En otras palabras, el gobierno chino quiere tener el monopolio de los ataques informáticos.

Como es lógico en un régimen como es el de la República Popular de China, se alegan cuestiones de seguridad nacional: “Un delito que pone en peligro una red de seguridad informática supone una amenaza no sólo para la seguridad informática, sino también para los intereses de la seguridad nacional y pública”, afirman en el comunicado.

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El Estado belga reclama a Google 150.000 euros para zanjar de forma amistosa la disputa legal sobre Street View. El gobierno belga abrió hace unos meses una investigación para esclarecer si Google ha violado la legislación del país sobre privacidad.

La compañía del buscador tomó fotografías de varias ciudades entre 2008 y 2010 para crear Street View, pero además también escaneó las redes wifi de la zona y se apoderó de datos de las redes que no estaban protegidas. Según Google, fue un error involuntario, pero un informe del año pasado confirma que los de Mountain View eran conscientes de ello y que tenían intención de guardar la información recabada.

Ahora, Google tiene tres meses para aceptar la oferta del Estado belga de 150.000 euros y pagar. De lo contrario, el gobierno ya ha comunicado que llevará el caso por la vía judicial, lo que podría elevar la multa hasta cuatro millones de euros.

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El primer paso para controlar el pensamiento y la libre expresión de las personas es instalar filtros. Cuando los filtros no funcionan, se hacen leyes de censura. Y cuando las leyes de censura, oh ¿sorpresa?, tampoco funcionan, se prohíben los esquemas de cifrado de comunicaciones.

Y exactamente esto es lo que planean hacer en Pakistán. Cuando el uso de servicios de Red Privada Virtual (VPN en inglés) ha aumentado para rodear las restricciones existentes, el Estado Pakistaní ha empezado a estudiar la reforma de su ley de telecomunicaciones, para prohibir cualquier tipo de cifrado en las comunicaciones de sus ciudadanos.

Ni VPN, ni HTTPS, ni nada de nada. Todo en abierto, vía libre para los espías del gobierno, o para las operadoras, que estarán obligadas a espiar a sus clientes.

¿Cuantos lectores de Nación Red han mandado cartas o postales? Dependiendo de la franja de edad, seguramente bastante pocos. Básicamente, la diferencia entre una carta y una postal, es que la ultima contiene texto banal. “Mucho calor pero todo muy bonito. Besitos, Papá y Mamá”. Por el contrario, las cartas llevan, o llevaban, cosas más personales.

Por eso las cartas van en un sobre cerrado, y las postales, por lo general, ‘en abierto’. Pero como decía Phil Zimmerman, creador de Pretty Good Privacy (PGP), “Es personal. Es privado. Y no le importa a nadie, más que a ti.“

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Ante los acontecimientos de ayer, cabe hacer cinco reflexiones:

El jefe de la agencia de seguridad tecnológica de Estados Unidos, Randy Vickers, ha dimitido sin más explicaciones después de varios ataques a los servidores del gobierno norteamericano. Además, el departamento de Seguridad Nacional ha declinado hacer cualquier comentario al respecto.

Según ha podido saber la agencia Reuters, Vickers dimitió el pasado viernes. Su secretaria de seguridad tecnológica y comunicaciones, Roberta Stempfley, mandó un correo electrónico a algunos empleados confirmando el hecho. El e-mail, al que Reuters ha tenido acceso, no da ninguna razón concreta como causa de la dimisión.

Por ahora, Lee Rock, hasta ahora director adjunto de la agencia, relevará a Vickers en su puesto hasta que se nombre a una nueva persona para liderar el departamento.

Vía | Reuters
Foto | Carlos Varela