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El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, ha afirmado que sopesa la opción de banear en las redes sociales a los vándalos que han protagonizado los disturbios en Londres. “El libre flujo de información puede usarse para bien, pero también puede usarse para mal”, comenta Cameron.

El premier británico prosigue: “Cuando la gente utiliza los medios sociales para crear violencia los tenemos que parar. Por ello, trabajamos con la policía, los servicios de inteligencia y la industria para ver si sería correcto interrumpir a las personas que se comunican con estas webs y servicios si sabemos que han participado en la violencia, el desorden y la criminalidad”.

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Los mensajes colgados en Twitter se consideran información pública y publicable para los medios de comunicación, según ha defendido la Press Complaints Comission (PCC), un órgano británico que regula periódicos y revistas. La queja por el supuesto mal uso de los tweets proviene de Sarah Baskerville, una empleada del Departamento de Transporte que criticó al gobierno a través de la famosa red social.

Según Baskerville, la publicación de sus mensajes en los diarios The Daily Mail e Independent on Sunday rebasó los límites de su intimidad. Sin embargo, los dos periódicos alegaron que se trataba de textos al alcance de cualquiera, además de públicos. Finalmente la PCC se ha decantado por la tesis de los tabloides, en el que es el primer dictamen sobre el uso de la información colgada en redes sociales por sus usuarios.

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El mes pasado el Gobierno británico lanzó una iniciativa para intentar frenar el acoso infantil en Facebook. La iniciativa viene a ser un botón del pánico, un complemento adicional que Facebook accedió a integrar además de su aviso tradicional. Los niños y adolescentes que se ven amenazados sólo tienen que pulsar el botón para denunciar el ciberacoso y la notificación llegará tanto a Facebook como a la CEOP, (Child Exploitation and Online Protection Centre).

Desde su creación el complemento ha sido descargado más de 55.000 veces, tiene más de 20.000 nuevos seguidores y 5.000 visitas únicas. Además el número de denúncias de ciberacoso se han multiplicado puesto que se ha pasado de las 28 registradas en Facebook a más de 200 veces en el mes de julio en el que se implantó. Se espera que el ritmo siga creciendo a medida que aumenta la popularidad de dicho complemento.

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El Gobierno británico quiere aprovechar el indudable alcance de Facebook y su “coste cero” para interactuar con los ciudadanos digitales. El gobierno ha llegado a un acuerdo con Facebook para promover el debate de ideas, precisamente sobre los nuevos recortes en el gasto estatal.

A través del grupo Democracy UK creado durante el período previo a las elecciones generales, se recibirán sugerencias de los ciudadanos para ahorrar dinero antes de la revisión de los gastos.

El ministro del Tesoro, George Osborne, ya había pedido a los trabajadores del sector público que aportasen su punto de vista sobre los recortes pero también nuevas ideas para mejorar y modernizar la administración. El gobierno ha recibido más de 60.000 sugerencias en apenas dos semanas.

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Según informan desde la BBC, el Gobierno británico se ha gastado unos 112.000 euros en cuatro aplicaciones del conocido teléfono móvil de Apple, el iPhone. Y entre esas aplicaciones, una de ellas, que enseña a cambiar una rueda del coche es la que más ha costado, ascendiendo el importe a más de 48.000 euros.

El director de la Alianza de Contribuyentes, Mark Wallace, ha manifestado a este respecto que:

Parece que muchos órganos gubernamentales han cedido a la tentación de gastar dinero en cosas de moda cuando deberían estar recortando gastos.

Alguien que se enfrenta a perder su casa por la subida de impuestos, no va a obtener ningún consuelo en saber que hay una aplicación para eso.

Por su parte, el Gobierno británico ha anunciado que se congelarán los gastos de marketing y publicidad, incluyendo estas aplicaciones y que, además, cerrará el 75% de sus páginas web, para ahorrar los costes de mantenimiento de las mismas.

Vía | NetworkWorld y MacWorld
Foto | Jorge Quinteros

¿Qué ley cambiaría usted si mañana le permitiesen convertirse en legislador improvisado? El líder liberal demócrata, Nick Clegg, viceprimer ministro en el nuevo gobierno de coalición en el Reino Unido lanzó esa pregunta a través de una web del gobierno. Y la respuesta fue tan efusiva que, en su primer día en activo, la página se colapsó en varias ocasiones debido al alto tráfico.

La tradición liberal británica tomó la voz de los ciudadanos que en su mayoría se manifiestaron bajo el lema “prohibido prohibir”. Así, algunas de las sugerencias más populares se referían a eliminar las prohibiciones en el consumo de marihuana y hachís y liberalizarlo, al estilo de Holanda, la inhabilitación de fumar en lugares públicos, la de cazar, la que restringe el límite de descargas por internet o la blasfemia, puesto, que argumentan, en un mundo laico no hay blasfemia posible.

Como afirma el especialista en asuntos británicos de BBC Mundo, Claudio Rojas, el Partido Conservador y el Liberal Demócrata poseen una larga tradición de escepticismo frente a demasiada legislación gubernamental.

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La Digital Economy Bill, el proyecto con el que el Gobierno británico pretende regular las descargas, fue aprobada ayer por la Cámara de los Lores. Es un primer paso para que se convierta en ley esta iniciativa creada a imagen y semejanza de la Ley Hadopi francesa puesta en marcha el año pasado a pesar de la opinión en contra del Parlamento Europeo.

A ambas leyes, la francesa y la británica, se les ha llamado también “ley de los tres avisos” porque permite la suspensión de la conexión “de manera indefinida” a cualquiera que haya sido acusado tres veces de violar el copyright.

La polémica está servida por diversas razones. Para empezar, los opositores al proyecto acusan al Gobierno de haber cedido al intenso lobby de las empresas propietarias de los derechos de autor. Esa es la razón, dicen, de que se haya tramitado con tanta velocidad, sin que pase por la Oficina de Información encargada de velar por todo lo que tenga que ver con la privacidad. El Gobierno, por su parte, considera este paso un retraso innecesario. Que haya elecciones en mayo podría tener que ver también con las prisas.

Pero además, el proyecto contiene supuestos que han levantado muchas críticas. A los opositores les preocupa que el proyecto no dé suficientes recursos legales de defensa a quienes sean acusados. Además, no sólo los usuarios individuales se pueden ver afectados por la ley. Un portal como Youtube, que acoge decenas de videos que podrían infringir el copyright, podría ser cerrado, y las bibliotecas, cafés o restaurantes que ofrecen conexión wifi podrían ser consideradas responsables de las descargas ilegales que lleven a cabo los usuarios.

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