Gobierno australiano

La iniciativa del filtro censor australiano pretendía bloquear el acceso a webs relacionadas con la pornografía infantil. Pero al gobierno se le había ido la mano elaborando la lista de webs que serían censuradas, tal y como desveló WikiLeaks.

Entre los sitios de supuesta “pornografía infantil” se habían “colado” sitios legales de pornografía para adultos e incluso webs con referencias al aborto, la eutanasia o la anorexia.

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Su credibilidad estaba por los suelos. Era un candidato a la derrota que arrastraba a su propio partido a la oposición. Una revuelta interna en el partido laborista se lo ha llevado por delante hace unas horas. Rudd no ha opuesto resistencia. Julia Gillard lo desafío y ha ganado. Será la nueva presidenta de Australia. Al menos hasta las elecciones de octubre. Los activistas digitales esperan que con Rudd se vaya Stephen Conroy. Probablemente el político de un país democrático que se ha tomado más en serio la censura en la red. Quizá lo siga haciendo en la polémica comisión de la ONU a la que asesora. Ganan los ciudadanos australianos.

Los medios australianos reconocen que la delirante política censora sobre la red le ha pasado factura. ¿Más o menos que el proyecto de ley sobre emisiones de gases contaminantes o el impuesto sobre las actividades mineras?. No es fácil cuantificar la razones de un declive político, pero la experiencia nos dice que es un conjunto de razones las que dañan la credibilidad de un presidente. Una de ellas, que se lo pregunten a Sinde, la ministra peor valorada, es enfrentarse a los ciudadanos digitales.

El gobierno de Rudd les declaró la guerra o lo que es lo mismo levantó muros políticos a la libertad digital. Lo ha pagado. Así opina el pretigioso columnista John Birmingham en The Sidney Morning Herald:

Sí, el primer ministro cortejó a la derecha religiosa sobre la censura en Internet (...) y eso tiene un coste. A la gente simplemente no les gusta Gran Hermano.

Así sea.

Foto | rubenerd
En Nación Red | La censura en la red impulsa al Partido del Sexo en Australia

Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha denunciado que a su llegada a Australia funcionarios de aduanas le requisaron el pasaporte y le advirtieron que sería cancelado por “parecer muy usado”. Sin embargo el periódico digital australiano The Age informa que el pasaporte de Assange estaba en orden.

Cuando el pasaporte le fue devuelto, media hora después, fue informado por los funcionarios de la anulación del pasaporte. En ese momento un oficial de la Polícia Federal de Austrlia le resgistró una de sus bolsas de viaje y le preguntó sobre sus antecedentes penales relacionados con delitos de piratería informática en 1991.

Wikileaks ha adquirido popularidad más allá de la red después de difundir el vídeo en el que militares estadounidenses disparan a civiles iraquíes y a un fotógrafo de Reuters en 2007, desde un helicóptero.

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El gobierno australiano tiene dos obsesiones que parecen la misma: internet y el sexo. Al llegar a Australia los funcionarios te preguntan en la aduana si llevas pornografía en tu maleta. En tal caso puedes ser condenado hasta a cinco años de cárcel en virtud de una “regulación de imágenes” que incluye como ilícitas, aquellas de mujeres con senos pequeños, ya que podían ser confundidas con menores de edad...

El Gobierno australiano gastó en 2008 más de 162 millones de dólares para combatir la industria pornográfica de Internet, y es precisamente la “pornografía indeseable” la principal bandera que alza el gobierno para justificar el filtro censor. Todo un galimatías tecnológico y jurídico de dudosa eficacia pero que desvela las intenciones represivas del peculiar gobierno laborista (centro-izquierda) y su ministro de Telecomunicaciones, el polémico Stephen Conroy.

Además el gobierno australiano está clasificando contenidos para autorizarlos, catalogarlos por edades, como los rombos de antaño, o directamente censurarlos y penalizarlos. Los contenidos clasificados deben mostrar un icono sobre el contenido y margen de edad autorizado. Pero, insisitimos, de no pasar la criba de la censura su emisión queda prohibida y los proveedores de servicios de Internet deben bloquear el acceso a los contenidos considerados ilícitos.

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