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Hombre, decir que al cerrar Megaupload la gente va más al cine así de entrada ya huele a chamusquina mal quemada, que una cosa es maquillar los datos y otra muy distinta dar a la gente forraje para comer, tal y como quedó demostrado ayer por el ombudsman de la red, que pone en evidencia lo que es evidente de por sí: que una flor no hace verano, como diríamos en mi pueblo, y que no se puede extrapolar un dato en caliente porque los números los carga el diablo, que es un tipo muy chungo, dicen.

Tampoco han estado finos los que han hablado de un gran crecimiento en los ingresos de filmin, el (teóricamente) gran beneficiado español de la movida de Megaupload. Tráfico, sí. ¿Ingresos? Se verá. Qué manía de querer tener los resultados del balance antes que los departamentos financieros de las empresas. Si tienen que ganar más, no nos preocupemos, que ya se sabrá. Y, desde luego, si comparamos el cese de un sitio con millones de usuarios con los anunciados crecimientos, casi que lo dejemos correr. ¿Llegará a representar ese movimiento un 1 % del tráfico de Megaupload? Ni eso.

De momento, lo que se está demostrando es que la gente que se mueve por internet no está por el todo gratis, y eso es palmario tanto si tenemos en cuenta la millonada que atesoraba el ahora detenido y vapuleado por todo el mundo, por friki y por internauta, como si tenemos en cuenta el interés que despiertan los stores de diferentes empresas.

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La noticia de que las autoridades estadounidenses cerraban Megaupload sin más aviso cogió a todo el mundo por sorpresa. En un primer momento parecía que se terminaba el mundo: ¿Y ahora qué? ¿De dónde me bajaré las series? ¿Por dónde veré las películas online? ¿Qué pasa con mi suscripción que renové por seis meses hace dos días?

Poco a poco se fue digiriendo la novedad y se pasó a otras preguntas: ¿Hay otras webs que ofrezcan servicios similares a Megaupload? Una búsqueda rápida en Google arroja resultados sencillos de encontrar: Fileserve, Wupload, Bitshare, Filesonic, Hotfile, Filejungle, Rapidshare, Depositfiles… Vaya, que sí, que hay más páginas que permiten descargas similares a las de Megaupload.

Pero, entonces, ¿de qué sirve que el FBI, en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Centro Nacional de Coordinación de la Propiedad Intelectual, haya cerrado Megaupload? Respuesta corta: de poco. Respuesta larga: para cabrear al personal y, concretamente, Anonymous. Como dice la publicación online francesa Numerama, la ciberguerra ha comenzado.

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Los últimos meses en la red han sido muy convulsos, tanto en España como a escala internacional. En nuestro territorio se ha aprobado una ley que pretende cerrar páginas que enlacen a obras culturales y de entretenimiento, algo que los jueces han dicho que es perfectamente legal, y en Estados Unidos la clase política tiene como objetivo hacer algo semejante con SOPA y PIPA.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre lo que ha ocurrido en España y lo que está pasando en Estados Unidos. Aparte del hecho de que los yankees hayan ejercido presión para obtener una ley Sinde a su medida y que el gobierno de Zapatero primero y el de Rajoy después hayan asentido como uno de los satélites de la URSS 40 años atrás, la principal diferencia entre el caso de Estados Unidos y el de España son las empresas.

Mientras que aquí los que se oponen a la ley Sinde son “cuatro gatos” o “cuatro ganapanes”, unos “talibanes de Internet” y unos ladrones en general; en Estados Unidos son Google, Facebook, Wikipedia, Amazon, AOL, eBay, LinkedIn, Mozilla, PayPal, Twitter o Yahoo!, entre otros. Y tanta es su oposición que están dispuestos a dejar la red a oscuras el 23 de enero para ejercer presión contra SOPA y PIPA. Mientras tanto, en España hay 14 grandes empresas internacionales que dan las gracias a Rajoy por aprobar la ley Sinde-Wert. ¿Qué hubiera pasado si en España existieran empresas como las de Estados Unidos?

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Dos años después que se conociera la existencia del proyecto para una ley que se encargaría de luchar contra la piratería mediante el cierre y censura de sitios web, hoy finalmente se ha aprobado el reglamento que la desarrolla, por lo que ya podemos decir que España se une a los países que declaran la guerra abierta a Internet.

Durante éste tiempo hemos conocido que la famosa Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible, de sostenible tiene más bien poco o nada. También vimos cómo se aprobaba sin debate parlamentario, cómo el Senado la refrendaba mediante un pacto entre PSOE, PP y CiU. Y también supimos que la Ley Sinde la idearon y dictaron desde la Embajada de los Estados Unidos de América en Madrid, a las órdenes de Washington D.C. (que sigue presionando hasta el último minuto) y cómo desde una de las principales entidades defensoras de la Ley Sinde salían hilos que apuntan a una trama de financiación ilegal de partidos políticos.

La infame Ley Sinde pretende evitar la piratería de contenidos mediante el cierre administrativo de sitios web, a la orden de una comisión de expertos que serán nombrados a dedo.

Los defensores de la ley argumentan que hay que acabar con el “gratis total“, pero ignoran, esperemos que por desconocimiento de la realidad tecnológica, que su ley no sólo no arreglará su problema (no querer adaptarse a la realidad tecnológica), si no que creará infinidad de otros y mucho más graves ya que mutilará uno de los pocos, si no el único, sector económico con capacidad de crear nuevos empleos en la situación económica actual.

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Corea del Sur ha subido el nivel de alerta por ciber seguridad como consecuencia de la muerte del dictador de Corea del Norte Kim Jong Il. Según la agencia de noticias coreana Yonhap, la Comisión de Comunicaciones de Corea ha “levantado la ciber alerta al tercer nivel más alto”, poniendo especial atención en posibles ataques de denegación de servicio (DDoS) e incidentes relacionados con el hackeo de las telecomunicaciones del país.

Asimismo, el gobierno surcoreano también ha alertado a sus ciudadanos de tener cuidado al abrir correos electrónicos, sobre todo si en el asunto hacen referencia a la muerte del dictador norcoreano y el origen del e-mail es desconocido. También las autoridades de Japón se han mostrado preocupadas por el futuro político de la zona.

Varios oficiales de Corea del Sur ya habían alertado a las autoridades de que eran el objetivo de ataques cibernéticos, que tumbaron el sistema informático de la Federación Cooperativa Agrícola Nacional en abril. Aunque Corea del Norte no ha aceptado la autoría, sus vecinos del sur los toman como los responsables.

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Está claro que una de las características principales de Internet es que proporciona cierto anonimato. La importancia de este hecho es diferente dependiendo del país en que nos encontremos. Por ejemplo, en países europeos o en EEUU, la gente no otorga mucha importancia a esto, y la prueba está en que a menudo los usuarios utilizan su nombre real en muchas webs y redes sociales. Pero en países con un nivel tan alto de censura como China, poder permanecer en el anonimato puede suponer la diferencia entre la libertad o la cárcel, o incluso entre la vida o la muerte.

El país más poblado del mundo aplica desde ya, una política que obliga a todos los usuarios de servicios de microblogging a identificarse con su nombre real. La página más afectada es Weibo, el Twitter chino. Parece que el nivel de control que quiere establecer China en lo referente a las comunicaciones es total.

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El reglamento de desarrollo de la ley Sinde que no aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes no hace caso de la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advirtió al gobierno del PSOE de que las webs con enlaces a archivos protegidos con derechos de autor no cometen ningún delito. El reglamento, al que ha tenido acceso El País, presenta dos diferencias en relación con la ley que salió aprobada del Senado con el apoyo de PSOE, PP y CiU después de que el Congreso la tumbara.

Por una parte, se aumenta el castigo por reincidencia de las personas que administren web con enlaces. Por otra, se insiste y se destinan más esfuerzos a perseguir y cerrar páginas, aunque la jurisprudencia española es muy clara en este sentido: el intercambio de archivos, según la ley española, es completamente legal. Por lo tanto, y según se extrae de los apuntes del CGPJ, lo que hace la ley Sinde es criminalizar unas webs que llevan a cabo una actividad legal.

El reglamento deja intactas las dos secciones que salieron aprobadas del Senado. Una primera, de mediación, y una segunda, que procede de forma directa al cierre de las páginas. La segunda sección, que es la que tomará las decisiones de peso, estará formada por seis miembros: funcionarios de los ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia. Se deja de lado el Ministerio de Justicia, no sea que tuviera recelos legales sobre la ley. La intervención judicial estará presente; pero como si no lo estuviera, ya que no entrará en el fondo del asunto y a la práctica no tendrá voz ni voto.

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Un tercio de la gente que usa Internet en Suiza, se descarga material protegido con derechos de autor de la red. Películas, música, videojuegos etc. Como en casi todos los países, los ‘lobbys’ del copyright, instaron al gobierno a tomar medidas drásticas para paliar las pérdidas del sector.

En vez de legislar a favor de la industria sin tener datos objetivos de esas afirmaciones, Suiza decidió hacer un estudio para corroborar esos datos. Y desgraciadamente para la industria audiovisual, la conclusión es clara: descargarse música o películas de la red para uso personal está permitido y no tiene que cambiar.

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Varios miembros del PSOE se oponen ahora a que se apruebe el reglamento de la ley Sinde en un Consejo de Ministros de un Gobierno en funciones. Como ya os informábamos hace unas horas, María González Veracruz, diputada socialista y responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal, ha afirmado que no puede “compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la ley Sinde” y que espera que “el Consejo de Ministros lo pare”. Asegura que no está “de acuerdo con esta decisión”. Finalmente, el Consejo de Ministros no ha aprobado el reglamento de la ley Sinde.

Pero no sólo González Veracruz se ha opuesto ahora a la aprobación del reglamento de la ley Sinde, también la diputada Elena Valenciano no lo ve con buenos ojos. Según fuentes de Europa Press, una parte del Comité Federal del PSOE (el máximo órgano entre Congresos) aplaudió una intervención crítica con la ley Sinde.

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