Francisco Camps

El portal de Ocio y Turismo de la Comunidad de Madrid busca community manager. El proceso de selección que se ha propuesto es original, atractivo y polémico: los candidatos al puesto deberán demostrar sus habilidades en el entorno online y las redes sociales movilizando a todos sus contactos para conseguir el máximo de recomendaciones a su candidatura, a la vez que promocionan Madrid en el perfil de Facebook de turismomadrid.es y en otras redes sociales.

El elegido se hará cargo entre junio y diciembre de 2011 de la dinamización en las redes sociales de la imagen turística de la Comunidad de Madrid. Parece que los promotores de la idea se han replanteado algunos aspectos del proceso de selección atendiendo a los comentarios y sugerencias hechas en la red. Hay tiempo para hacer esos cambios.

La Generalitat Valenciana tiene más prisa (y menos imaginación). La institución que preside Camps ha convocado por el procedimiento de urgencia una plaza de funcionario interino para incorporar de manera inmediata un “publicista” que deberá encargarse de “proponer, coordinar y supervisar campañas y proyectos de información institucional, y en particular los planes de comunicación en redes y medios sociales”.

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Esta trama no estaría servida sin ciertas universidades públicas que han sacado pingues beneficios dando cobertura “honorable” a los intereses del “lobby de la industria cultural”, por definirla de alguna forma. No han tenido vergüenza de usar incluso sellos y marcas de la propia universidad, para servir a los intereses que les pagaban. Ellas han dirigido millonarias investigaciones, financiadas con dinero público, sin más resultado que apoyar unos intereses privados. Ellas han firmado y avalado “estudios a la carta” o peritajes para apoyar los intereses del lobby de turno. – Josep Jover

La coordinadora del portal del Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante especializado en el Derecho de propiedad industrial e intelectual y en los aspectos jurídicos de la Sociedad de la Información ha celebrado el éxito del seminario internacional que ha organizado sobre la materia y también la aprobación de la Ley Sinde porque así “España se ajusta a los parámetros de Estados Unidos”. Eso le ha contado Lydia Esteve a la prensa local.

También ha contado lo que nunca dejan de repetir los expertos del lobby: “España es uno de los países europeos con mayor índice de infracciones de propiedad intelectual de los programas de ordenador”.

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La Generalitat Valenciana ha anunciado que emprenderá acciones jurídicas contra los responsables de los ataques a su web durante los pasados días en protesta por el cierre de TV3 en el territorio. Anonymous pidió a los internautas que empezaran a bombardear la página oficial del gobierno de Francisco Camps mediante técnicas de denegación de servicio.

Según confirma el ejecutivo valenciano, disponen de un servicio de seguridad que sería capaz de identificar a las personas detrás de los ataques a través de las IP. Según nos comentan algunos lectores, los DDoS son ilegales desde el pasado diciembre.Sin embargo, como ya ha dictaminado un juez británico, no se puede asociar una persona con una IP. Se trata de un fallo de Reino Unido y no establece jurisprudencia en España, pero crear una relación directa entre un sujeto y una IP es una suposición jurídica que deja muchos cabos sueltos.

La portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, ha afirmado que Anonymous puso a disposición de los internautas un software que es capaz de mandar “millones de solicitudes de acceso” a una web, lo que llevó su página al colapso.

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La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía del gobierno de Camps subvencionó proyectos con partidas destinadas a Ayuda en Acción que son elaborados por técnicos que recurren a la web del Rincón del Vago para completar los trabajos que realizan para diversas organizaciones o fundaciones. En varias ocasiones el trabajo consiste en presentar el mismo informe con ligeras variaciones que será subvencionado.

Un proyecto varias veces presentado por diversas fundaciones es Contra la Violencia y la Explotación Laboral de Niños, Niñas y Adolescentes en… una u otra ciudad (o país). Se añadía algún párrafo copiado textualmente de la web de El Rincón del Vago y se presentaba por una u otra asociación o fundación y la Generalitat lo subvencionaba.

Según denuncia Levante-EMV, que ha destapado esta trama de “subvenciones solidarias” y ahora investiga lo que hay detrás de todo este escándalo, la Fundación Solidaria Entre Pueblos plagió también gran parte del contenido de los proyectos aprobados en 2008 a las fundaciones Tierra de Hombres y Fundación Iuve en Brasil y Honduras, respectivamente. Concretamente una copia que se realizó para los trabajos de la Agrupación Ceiba para Guinea Ecuatorial ha recibido 656.355 euros de la Generalitat Valenciana, que nunca ponía objeciones para aprobarlos y transferir tan importantes sumas de dinero público.

Otro caso es el proyecto para la “Reducción del Nivel de Contagio de VIH/Sida en Malabo” que es en gran parte una copia descarada del aprobado en 2008 a la Fundación Iuve, vinculada al Opus Dei, titulado “Reducción del Nivel de Contagio de VIH/Sida en Honduras“. En este caso, el entramado recibió 353.367 euros, mientras que Iuve se tuvo que “conformar” con 148.912. En total más de medio millón de euros.

En algunos casos empresas relacionadas con las fundaciones cobraron el 88% del total del dinero que destinó la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirige Rafael Blasco a cada proyecto.

Vía | levante-emv.com

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana tiene bloqueado el acceso a páginas web de varias asociaciones, tanto españolas como internacionales, que informan sobre aspectos relacionados con la diversidad sexual.

Los alumnos y profesores de los institutos valencianos no pueden acceder a páginas de contenidos basados en la diversidad sexual. Al introducir palabras como “gay”, “lesbiana” y “homosexual” aparece un aviso de “acceso denegado”.

Los filtros en cuestión y la decisión “de lo que se censura” dependen de una empresa externa según ha reconocido el gobierno de Camps. ¿Esta empresa establece filtros a su antojo? ¿Se ha privatizado incluso la gestión de lo que se censura en la red? Nadie lo cree. Como es normal la “empresa externa” sigue instrucciones políticas.

Las características y el proceso del filtro censor de Camps, no tanto la propia privatización de la decisión política de lo que se censura, si el gobierno de Camps dijese la verdad – es casi idéntico a otros casos similares a nivel internacional.

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Todo eso es posible con el PP porque así lo demuestra, día a día, nuestro president Camps. Ahora somos una autonomía fuerte, respetada, pujante y con una proyección y prestigio internacional incuestionables. Ese es el mensaje que vamos a trasladar a los ciudadanos en esta campaña electoral que ahora comenzamos, la de las autonómicas y municipales de la nueva era. La era de Internet 2.0. Ahora más que nunca: Yes, we Camps.

Ya hemos comentando por aquí que llegaba la campaña de las autonómicas con mucho ribete publicitario 2.0, venga o no a cuento, y poco que rascar en cuanto a nuevas ideas o propuestas sólidas y presupuestadas.

Quizás él que se ha superado ha sido Antonio Peral Villar, bloguero, diputado autonómico del PP en la Comunidad Valenciana y Portavoz de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información en un artículo en la prensa regional con el título Elecciones autonómicas 2.0 (Yes, we Camps)

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El 18 de febrero, Francisco Camps visitaba la sede de Microsoft. El 21 de abril las Cortes de la Comunidad Valenciana aprobaban la Ley de la Administración Electrónica con los votos a favor del PP y el PSOE. Para la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, la Generalitat había decidido “engordar las cuentas bancarias de Microsoft”. La Generalitat Valenciana, que en otro tiempo había sido ambiciosa promotora del software libre, parecía “traicionar” su pasado.

Antes del 21 de abril, concretamente el 3 de marzo, se anunciaba que Valencia acogería el primer centro de innovación Microsoft de tecnologías para la salud. Un poco antes de esa fecha, el 21 de febrero, la Generalitat y Microsoft unían fuerzas para fomentar el uso del valenciano en las nuevas tecnologías. Resultado: Windows y Office en lengua valenciana. Tres días después de la foto.

Mucho antes, dos años precisamente, el por entonces consejero de Educación del gobierno valenciano, Esteban González Pons, había declarado:

Las administraciones públicas que no utilizan software libre no son democráticas completamente, ya que es un deber de las instituciones no pagar por los recursos que pueden obtener gratuitamente

Hemos preguntado a Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida y gran defensora del software libre, por ese cambio tan radical de filosofía en la Generalitat Valenciana y por el “idilio” entre Camps y Microsoft. También por el apoyo que, en este caso, ha recibido Camps del PSOE.

En el debate sobre la Ley de la Administración Electrónica de la Comunidad Valenciana has acusado al gobierno de Camps de “engordar las cuentas bancarias de Microsoft”...

El Partido Popular se ha opuesto en todo momento a respaldar la petición de Esquerra Unida de incorporar el uso del software libre por parte de la administración valenciana y su fomento, dentro de la nueva ley de administración electrónica del País Valencià. Desde de Esquerra Unida hemos defendido siempre que La Generalitat tiene que utilizar y fomentar preferentemente el software libre y debe favorecer su uso para los ciudadanos y ciudadanas. No solo para que sea más eficiente y más económico, al no tener que pagar los derechos de propietario, sino además porque ya sabemos que tener el código fuente de los programas informáticos es una garantía frente a las intrusiones de terceros.

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