Francia

Internautas franceses dicen que varias operadoras de telecomunicaciones del país limitan el libre acceso al mayor portal de vídeos de la red, YouTube. Según afirman, Orange, SFR y Free castigan dicha web de forma que ver un vídeo puede tomar entre cinco y 15 minutos de carga.

Las operadoras rechazan la acusación de los internautas y dicen que los problemas vienen de parte de Google, propietario de YouTube. Sin embargo, las denuncias se basan en un boicot encubierto a la compañía con sede en Mountain View para que pague la tasa que las operadoras le reclaman desde hace tiempo para contribuir al desarrollo de las infraestructuras de la red.

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El secretario general de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), homólogo francés de la Agencia Española de Protección de Datos, Yann Padova, ha informado que se ha impuesto a Google una multa de 100.000 euros por recopilar datos de localización de redes Wifi y datos de tráfico asociados a esas redes a través los vehículos que utilizaba Google para fotografiar las calles de distintas ciudades para su aplicación cartográfica Street View.

Según un comunicado de la citada comisión gala, la multa ha sido impuesta a Google porque la compañía no respondió a las peticiones de CNIL “en el plazo concedido”. Fuentes de la multinacional en España aseguran que el buscador ha recurrido la resolución.

La CNIL pidió al buscador que pusiese fin a la recolección de datos y que les entregase una copia con toda la información recopilada en el país. Tras analizar los datos, descubrieron que, además de los datos técnicos, se había recopilado información como “datos de la conexión con sitios webs, contraseñas de servicios de mensajería, direcciones de correo electrónico e intercambios de correos con información sensible”.

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A Hadopi la ceban con los datos de usuarios a sancionar, dejar sin conexión (o incluso encarcelar) las sociedades de derechos autor (la SGAE para entendernos) y otras organizaciones autorizadas por la CNIL (la clave) que preside un ¡senador! que se llama Alex Türk, muy cuestionado – de siempre – por su escasa firmeza en defender las libertades que es lo que debería garantizar desde la poltrona de la comisión que preside.

Desde esta semana Alex Türk simboliza todavía con más “propiedad” el control estatal de la red o privatización, como con Sinde, de competencias judiciales que se dejan en manos del Teddy Bautista de turno y al fondo una comisión cuya composición deciden los políticos (como en España). A Montesquieu no lo han invitado al S.XXI. Si depende de Ramón Jáuregui, además de darlo por muerto, como Guerra en el pasado siglo, lo saca del panteón y lo cuelga de un árbol. No se ha visto nada igual en defensa de la mordaza desde la dimisión de Arias Navarro que lo sugerido por el ministro de la Presidencia y delegado del gobierno en el País Vasco cuando el GAL. Eso si que era crispar (y agresividad, Señor Jáuregui) con homenajes a los secuestradores de un hombre inocente que sufrió hasta su muerte las secuelas de aquel cautiverio.

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El servicio de almacenamiento de archivos online Megaupload afirma que Orange, perteneciente al grupo France Telecom, ralentiza el tráfico en su web, lo que incluye la descarga de contenidos y el visionado online de vídeos. El sitio de alojamiento en la nube dice tener pruebas y anima a los clientes de Orange a que contacten con su proveedor de Internet para remitir la queja. Aún van más allá, piden a los internautas que se cambien de ISP, recomendando a otros como Free o SFR.

Por su parte, la compañía de telecomunicaciones francesa ha declarado al periódico Le Point que estaban “muy sorprendidos” por las acusaciones. Añaden que Megaupload no debería haber escogido compañías de poca confianza, aludiendo a Free o SFR, y que Orange no es culpable de los fallos en la velocidad de sus usuarios.

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Ante la regulación de Internet, cambios de hábitos. Ya lo dijimos hace unos días en Nación Red, pero la sociedad francesa lo confirma. En respuesta a la ley Hadopi, que prevé la desconexión de Internet de todos los que usen sistemas de intercambio de archivos P2P, ha crecido el consumo de música y películas en streaming y descarga directa.

O lo que es casi sinónimo, Megaupload y Megavideo han visto cómo su tráfico se dispara. En tan solo un año, los dos servicios han obtenido un crecimiento del 35%. En noviembre, más de 7,4 millones de franceses han usado Megaupload, según la empresa de medición de audiencias digitales comScore. Para tener algo con que comparar, en agosto de 2008, el sitio de descargas directas registró 350.000 usuarios.

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El senador francés Jean-Louis Masson presentó a principios de mayo una proposición de ley que de ser aprobada obligaría a los blogueros a publicar en sus blogs su nombre y apellido, su dirección y su número de teléfono. Además, el senador pide que las publicaciones de este tipo sigan las mismas reglas que las publicaciones en papel, sobre todo en lo que se refiere a la difamación. La propuesta se llama “proposición de ley para facilitar la identificación de los editores de sitios de comunicación online y en particular a los blogueros profesionales y no profesionales”. Ya ha levantado ampollas entre los blogueros franceses más conocidos de la Red.

Masson pretende con esta proposición asimilar a todo aquel que escriba una palabra en Internet a la figura de “director” que en las publicaciones en papel es el responsable y como tal sus datos personales deben ser públicos por ley. Esto ha abierto el debate del anonimato en Internet. Los opositores a esta proposición alegan que el derecho a guardar la propia identidad está en la propia naturaleza de Internet. Es la única manera, dicen, de preservar la libertad de expresión de las presiones del poder. Y añaden que esta ley sería inútil porque cualquiera puede abrir un blog alojado en otro país y porque cuando un bloguero quebranta la ley es fácilmente encontrado.

Sin embargo, algunos especialistas citados por el diario Le Monde estarían de acuerdo en “llevar el Estado de Derecho” a Internet porque según ellos en la situación actual es más fácil de lo que parece conservar el anonimato: basta escribir desde un cibercafé y usar un correo falso para abrir una cuenta en cualquier servicio de blogs. Aunque advierten de que los litigios contra los blogueros podrían aumentar si se levanta el anonimato, y no todos podrían permitirse ir a juicio contra una gran empresa como sí podría hacer, por ejemplo, un periódico, por lo que serían mucho más sensibles a las amenazas.

Vía | Le Monde.
Imagen | Chesi.