Fiscal General del Estado

Hay un principio jurídico con 4.000 años de historia, el ‘in dubio pro reo’, que dice ante la duda se favorecerá al acusado, algo que no se está respetando en este caso. Isacar Marín, joven activista de la red y de la calle.

Se puso a ello el miércoles por la noche: Free Wikileaks!. Nada más hay detrás de las manifestaciones convocadas hoy en España y Latinoamérica. Pero lo ha conseguido.

Cientos de personas se han concentrado esta tarde, por ejemplo, ante el consulado británico de Barcelona en la que es una de las innumerables concentraciones que se han celebrado o se están celebrando para pedir la libertad de Julian Assange en diversas ciudades del mundo. Las “hispanas” las ha convocado Isacar y sus dos amigos Borja Tarraso y Benjamín. Esta es la revolución de los anónimos. La Revolución de la gente.

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En los Estados Unidos se le enseña a cada niño en la escuela que George Washington – el primer Presidente de dicho país – era alguien incapaz de mentir. Si los sucesores de cada administración que le precedió realizaran su trabajo ajustados a dicho principio, entonces la marejada de documentos publicada hoy no sería más que una situación incómoda. Al contrario, el Gobierno de los Estados Unidos ha alertado a cada gobierno – aún aquellos más corruptos- alrededor del mundo, tratando de mitigar el daño ante el inminente impacto de (estos) documentos. Julian Assange.

Dicen que el meteorito que acabó con los dinosaurios equivalía a un millón de hiroshimas. No sabemos si el impacto de las primeras filtraciones de cables clasificados y ahora desclasificados por WikiLeaks con referencias a España, como adelantó Nación Red (1 y 2), y que está publicando el diario El País, acabará con los dinosaurios de la vieja política que alteran el principio esencial de toda democracia: la división de poderes.

Lo que está claro es que el resplandor del impacto los ha retratado como servidores de otro país que no es el nuestro. Sirviendo al encubrimiento de los sospechosos del asesinato del ciudadano español José Couso.

Por cierto, parece que el miedo, que no tuvo nunca Couso, se ha apoderado de los políticos y editorialistas que todavía no han pedido dimisiones, como hace desde su rincón, digno y profesional, Ramón Lobo. Naturalmente más que dimisiones la familia del cámara de Tele 5 va a emprender acciones penales contra los nuevos responsables políticos y judiciales.

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La Embajada de Estados Unidos en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. La legación diplomática estadounidense ha dejado constancia escrita de esa actividad en algunos de sus miles de documentos secretos, clasificados o reservados a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El propio embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración Bush, ha dirigido personalmente muchas de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español o las autoridades judiciales españolas, pero de los informes secretos se desprende que EE UU contó con el apoyo de importantes contactos en España. Entre estos destacan los del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza. El País.

Como explica El País, que ha tenido acceso a los documentos filtrados por WikiLeaks, aunque algunos nos los publicará, estos evidencian la gran preocupación de la embajada por dos procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional y que afectaban a los intereses de EE UU: la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.

En ambos casos, los informes secretos demuestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y el Fiscal Jefé de la Audiencia Nacional (antes Fiscal Antidroga) Javier Zaragoza y del también fiscal Vicente González Mota.

Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.

Actualización: Los cables de WikiLeaks dejan al descubierto que el Fiscal General del Estado comunicó al embajador de EE.UU su disposicíón a cerrar el caso del asesinato de Couso. El fiscal de la Audiencia Nacional y ex Fiscal AntiDroga Javier Zaragoza, telefoneó a la embajada para contar que él haría todo lo posible para que el caso de Guantánamo no cayera en manos de Garzón, y sí del juez Ismael Moreno.

Vía | El País
Foto | Vicent Vercher Garrigós

Corría el año 2007 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra HP por pagar desde la década de los noventa sobornos mediante reembolsos millonarios en forma de descuentos a socios que trabajaban con contratos del Gobierno. Ahora Hewlett-Packard ha llegado a un acuerdo con este mismo Departamento para ingresar 47 millones de dólares en las arcas públicas y de esa manera “cerrar” el caso (conciliarse) en el que se le acusaba de pagar “comisiones” a fin de obtener contratos del gobierno federal.

En abril de este mismo año las autoridades judiciales rusas y alemanas investigaban un supuesto pago de la empresa estadounidense para lograr un contrato, por un valor de 35 millones de euros para suministrar sus productos a la oficina del Fiscal General en la Federación Rusa. Hay gente para todo.

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