ERC

Como los jueces de los altos tribunales, aquí, en España, todo tiene color partitocrático. Ayer algún medio se olvidó hasta de que se votaba la Ley Sinde. La previa no existía y menos lo del No les votes, no sea que la gente se entere. Después cuando ya se podía informar subían crónicas en las que se olvidaban, por ejemplo, de mencionar a la diputada más beligerante contra la Ley Sinde, que fue sin duda alguna Rosa Díez, la fundadora y presidenta de UPyD. Ver vídeo.

Si se hace referencia, por ejemplo, en el periódico de PRISA y el grupo Liberty, a la intervención del siempre combativo Joan Tardá, de ERC, que señaló que la ley “responde exclusivamente a los intereses de los lobbys americanos y de las teleoperadoras”, y añadía:

Como decía Alex de la Iglesia (presidente de la Academia de Cine), Internet es el presente, y la ley Sinde es el pasado. Han optado por la represión.

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Azpiazu, el que envía los mensajes de los ciudadanos a la papelera, quería votar a las 14:00. Pero el presidente de la Comisión, Antonio Gutiérrez lo ve difícil. Se cree que sobre las 16:00 horas (o un poco antes). La segunda parte de debate lo puedes seguir por rtve.es.

Duros. Muy duros, como debe ser, han sido los dos representantes de la izquierda que han hecho uso de la palabra. Joan Ridao (ERC) se ha mostrado convendido de que “esta ley responde a la presión del lobby de la industria cinematográfica estadounidense como ha revelado Wikileaks al que se ha prestado el Gobierno”.

La debutante Nuria Buenaventura, que ha sustituido a Joan Herrera, ha expresado en un frase la posición de IU-ICV, “No a la ley de la patada en el módem”. ERC e IU-ICV piden la retirada de la disposición.

Más curiosa o menos clara ha sido la intervención de Ana Oramas (Coalición Canaria) que ha pedido una votación separada de la Disposición (como todos) y anunciado que de producirse esa votación votará en contra, aunque confía en que en el Senado se modifiquen algunos aspectos. Por lo que parece, si bien no es fácil entender a los nacionalistas de centro-derecha, no cree que la disposición sea retirada. Vamos que de una u otra manera va a “pasar”. Se ha olvidado de explicar que si se vota la LES en un pack: votará SÍ.

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Lo que tienen en mente los de ERC no es un operador, es como les gusta resaltar: el gran operador catalán. Se trata de un proyecto que ya ha reclamado en alguna ocasión la organización independentista y sobre la que sus socios del tripartito nunca se han mostrado muy receptivos.El modelo es el operador vasco Euskaltel. Lo explica el candidato Joan Puigcercós:

Arriesgaron. Confiaron en ellos mismos y confiaron en la capacidad del gobierno vasco

Puigcercós recuerda que Euskaltel controla más del 40% del mercado vasco y que, desde su creación, ha generado una ocupación que, por su origen vasco, es “difícilmente deslocalizable” a otras comunidades autónomas o al extranjero. ERC está convencida que la actitud de convergentes y socialistas responde a su temor a enfrentarse al monopolio de Telefónica.

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Juan Varela, uno de los periodistas de referencia del Internet español y un bloguero incansable y riguroso, ha reflexionado sobre el efecto que las enmiendas presentadas por la oposición pueden tener sobre la denominada “Ley Sinde”.

El análisis es a la vez el mejor retrato de las intenciones del promotor de la ley. El gobierno socialista que se ha enmarañado en una proyecto legislativo, que en palabras del propio Varela, “es una amenaza para derechos fundamentales como la libertad de expresión o el secreto de las comunicaciones.”

Respecto a la oposición, el editor de Periodistas 21 resalta que “sólo los grupos de izquierda piden la supresión de la Disposición Final Segunda y la apertura de una reflexión a fondo sobre la propiedad intelectual en la sociedad de la información”.

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La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la propuesta de Joan Tardá para que la SGAE no cobre su parte en actos benéficos. La propuesta ha contado con el apoyo del PNV y CC, la abstención del PP y el voto en contra del PSOE.

Joan Tardá, encargado de defender la iniciativa, consideró que la misma obedece a “una demanda social”, tras diversas polémicas provocadas a raíz de la pretensión de la Sociedad General de Autores (SGAE) de cobrar por los derechos generados en actos con una finalidad benéfica.

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