Electronic Frontier Foundation

Un juez de Las Vegas ha tratado como ‘farsa’ un caso de ‘infracción de copyright’ presentado por la conocida empresa-troll Righthaven, de la que ya hemos hablado por aquí.

Según el juez, Righthaven no dispone de autoridad legal alguna para llevar al foro político Democratic Underground ante los tribunales por presunta infracción de unos derechos, ya que nunca han sido los titulares de los derechos.

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La juez estadounidense Theresa Carroll Buchanan ratificó este viernes la orden del Departamento de Justicia por el que obliga a Twitter a entregar los datos de los usuarios que mantuvieron cualquier tipo de contacto con WikiLeaks cuando le sean solicitados por las autoridades en el marco de una investigación. La magistrada volvía a rechazar los argumentos sobre la violación del derecho a la intimidad y la libertad de expresión y asociación esgrimidos por los usuarios “investigados”.

Birgitta Jonsdottir, miembro del parlamento de Islandia, el holandés Rop Gonggrijp y el estadounidense Jacob Appelbaum son los tres usuarios sobre los que los federales primero (y los fiscales después) se interesaron hasta llamar a la puerta de Twitter para que les entregase el historial con todos los datos sobre los “movimientos, contactos y seguidores” de los “sospechosos” de relacionarse con WikiLeaks, el propio Julian Assange y en el pasado con Bradley Manning.

Los tres usuarios incluidos en la orden judicial intentaron anularla. De nada ha servido. Más bien la jueza viene a interpretar que una ley federal permite obtener ciertos datos electrónicos sin una orden judicial previa y recuerda en la sentencia que “la libertad de asociación y expresión no impide que se coopere con las investigaciones gubernamentales legítimas”.

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Casi 100.000 usuarios de Internet han sido denunciados por infracción de copyright en los últimos 12 meses en los Estados Unidos, además de los nuevos casos que ya se registran en los tribunales. Especialmente las compañías de contenidos audiovisual para adultos se han unido a la iniciativa de las grandes corporaciones contra los internautas que descargan obras culturales.

Con este tipo de demandas masivas, los propietarios de los derechos de autor quieren obtener detalles personales de los ciudadanos que usan redes p2p y presuntamente han compartido material protegido. Una vez tienen la información que necesitan, le proponen al denunciado la oportunidad de cerrar el caso tras el pago de algunos miles de dólares. Te bajas unas canciones, pagas unos miles de dólares. Proporcional.

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El joven que ha salido en el telediario de TVE decía “es la primera revolución mundial”, pero la voz en off traducía “es una revolución”. No lo quieren escuchar, pero le pueden preguntar al dictador de la Internacional Socialista, que ese sí que ha escuchado con toda nitidez la “revolución” y el informe del primer ministro explicándole que ciberactivistas internacionales habían bloqueado las webs del gobierno, y que todos los medios del mundo, que nunca se preocuparon de sus tropelías, estaban destacando la noticia en la portada de sus ediciones digitales.

Ahora disfrutará del botín, que le ha robado al pueblo, en Dubai (como el vicepresidente y narcotraficante de Afganistán) o algún otro palacio, dicen que de Arabia Saudí, pero ya es mucho que Sarkozy no lo haya querido recibir en su país, no, por cierto, como ha dicho también TVE, “para evitar las manifestaciones de jóvenes tunecinos residentes en Francia”, sino para no tener que enfrentarse él a los miles de jóvenes franceses que se habrían sumado a las protestas por acoger al tirano tunecino en Francia.

Buenos reflejos ha demostrado Sarkozy que tenía muy buena información. La gente esta muy harta, más desde que WikiLeaks ha desvelado que hay una “ONG insolidaria” instalada en el poder: chorizos sin fronteras

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El FBI ha dirigió una carta (pdf) a la Fundación Wikimedia en la que le exige retirar su logotipo del artículo de Wikipedia y le advierte que de no hacerlo tomarán medidas legales en contra de la fundación, que sostiene a Wikipedia, entre otros proyectos.

El problema es que la ley citada en la carta del FBI hace referencia al uso de logotipos “placas” falsas o acciones de lucro que se hagan con el sello de una agencia del gobierno, y no acerca de la publicación de imágenes en sitios web no comerciales. La versión on-line de la Enciclopedia Británica acaba de retirar el logotipo. La BBC ilustra la información con el logotipo “prohibido”.

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Los agentes que incautaron los tres teléfonos móviles del activista de WikiLeaks retenido durante tres horas en el aeropuerto de Newark (New Jersey), descubrieron en su equipaje la “Carta de Derechos” de Estados Unidos. Con esta fuerte carga simbólica en un ligero equipaje, viajó Jacob Appelbaum a Amsterdam para atender asuntos relacionados con la Fundación Wau Holland con sede en Kassel (Alemania) y “gestora” de los donativos que recibe WikiLeaks.

La Carta de Derechos, símbolo fundamental de la libertad y del poder civil frente a los abusos del Estado, no estaba en el equipaje de Appelbaum por casualidad. Forma parte del “kit de viaje”, estratégicamente pactado por los voluntarios de WikiLeaks.

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Varapalo casi sin precedentes a los “abusos de autor”. La Oficina de Copyright de los EE.UU. ha autorizado nuevas y trascendentales excepciones en la aplicación de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Una de ellas permitirá a los usuarios de teléfonos móviles “liberar” sus dispositivos para bajar aplicaciones no autorizadas por el fabricante del teléfono. Hackear móviles para descargar aplicaciones “alternativas” será legal.

Todo el mundo ha pensado en la tienda de Apple que técnicamente tenía el derecho de solicitar una multa al gobierno de 2.500 dólares por daños y perjuicios cada vez que un usuario violaba la ley que controla el acceso a las obras con derechos de autor, en este caso, el software iOS de los iPhone.

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Cuatro senadores estadounidenses han solicitado a Facebook que cambie la forma en que comparte información con otras compañías. Los cuatro, todos demócratas, argumentaron que las nuevas políticas de Facebook están poniendo en riesgo la privacidad de los sitios web de 400 millones de usuarios.

Facebook por su parte mantiene que los clientes tienen la capacidad de no compartir la información personal dando cuenta de esa voluntad a la compañía y optar por salirse del programa. Los senadores dijeron que que muchos clientes no conocen esa opción. En esta misma línea crítica con la política de privacidad de Facebook ha salido una vez más el grupo de activistas de Moveon.org que ha denunciado que el nuevo programa comparte información personal de los usuarios, con sitios web externos, sin su consentimiento.

Moveon.org ya lanzó una campaña contra Beacon, el programa de publicidad que Facebook lanzó en el otoño de 2007. La críticas generadas y las demandas judiciales forzaron a Facebook a suspender el programa. Ahora Moveon.org quiere repetir su “éxito” y ya son más de 45.000 los seguidores de su grupo Facebook, respect my privacy!.

Por otra parte la prestigiosa y activa Electronic Frontier Foundation ha publicado una detallada cronología del progresivo abandono que Facebook ha hecho, en su normativa interna, de las políticas que deberían garantizar la privacidad. La EFF denuncia que Facebook se ha convertido en una plataforma obligada a hacer pública la información personal de los usuarios para compartirla con sus socios comerciales y orientar sus estrategias publicitarias.

Vía | cnet news / Excelsior

Google y otras organizaciones se han unido para defender a Yahoo en su lucha frente al Gobierno federal, según adelantabael portal CNET. Al parecer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos exige al conocido portal que le proporcione acceso a las cuentas de correo, algo a lo que se niega Yahoo arguyendo que se trata de información privada y que por lo tanto es necesaria una autorización judicial para tener acceso.

Según Yahoo, los usuarios de su servicio de correo electrónico esperan una seguridad “razonable” en sus cuentas, algo que estaría protegido por la propia Constitución estadounidense. El argumento del Departamento de Justicia es que esas garantías sólo son aplicables a aquellos mensajes que tienen menos de 181 días de antigüedad. Google y una coalición de organizaciones que incluye a la Electronic Frontier Foundation, el Center for Democracy and Technology, la Progress and Freedom Foundation, la Computer and Communications Industry Association, y TRUSTe, apoyan a Yahoo en su litigio y han presentado una moción de apoyo frente al juzgado que lleva la causa.

Tanto para Yahoo como para la coalición, la información almacenada en la “nube” debería tener el mismo nivel de privacidad que la información que se guarda en casa y por ello exigen la autorización judicial. Además, la ley en la que se basa la petición de las autoridades estadounidenses data de 1986, anterior por lo tanto a la “era Internet”, por lo que temen que se aproveche este agujero legal, desprotección que podría retrasar la adopción de servicios basados en la “nube”.

Yahoo añade otro argumento: dentro de los emails requeridos puede haber correos que estén protegidos por la relación abogado-cliente, algo que el Departamento de Justicia parece no tener en cuenta.

Más información | La moción de apoyo presentada por la coalición frente al juzgado.
Imagen | Argazkiak.org