Disposición Final Segunda

IU-ICV intentó devolver la LES a los corrales (David Ballota, dixit) pero no hacía referencia en su enmienda a la totalidad a la denominada Ley Sinde. Algo que generó cierta incertudumbre y confusión. Pero las cosas ya están muy claras e IU no defrauda.

Sus enmiendas (pdf) parciales a la Disposición final segunda son un disparo a la línea de flotación del atropello de Sinde. A diferencia del PP los de Cayo Lara y Herrera cuestionan, por ejemplo, el peligroso concepto que autoriza a cerrar webs de “quien pretenda causar un daño patrimonial”.

Sin duda nos enfrentamos a una nueva dimensión en la que los de la Comisión se llevan la bola de cristal al juzgado para decirle al juez, “mire en la bola y vea como fulanito, ese estudiante bellaco, dentro de unos meses causará daño patrimonial”. Esto ya parece El Jueves.

Y esto es lo que han apoyado o al menos dejado pasar, digan ahora lo que digan, el PNV y CC. Y ojo con ERC que no rechazó la LES a pesar de llevar en su seno este concepto aberrante que tritura lo esencial del Estado de Derecho (democrático, garantista y de progreso). En cambio, nada que reprochar a IU que ha presentado enmiendas parciales, convencida de que la de supresión no recibirá casi apoyos.

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Tras aprobar el proyecto de la Ley de Economía Sostenible hace unas semanas, se echaba en falta por parte del Gobierno, la publicación del texto íntegro antes de su paso por el Parlamento. Ayer, en la web del ministerio de Economía y Hacienda se hizo pública este texto (descargar en PDF), que incluye la polémica “ley antidescargas” (o “ley Sinde”), pasando a ser la Disposición Final Segunda.

Esta Disposición que afecta a las nuevas medidas de protección de derechos de autor en la Red apenas cuenta con algunas modificaciones con respecto al texto enviado a los órganos consultivos el pasado 8 de enero.

Uno de los aspectos más comentados de esta ley es lo referente a la Comisión de la Propiedad Intelectual en el ministerio de Cultura, que según se prevé, sería el órgano encargado de adoptar medidas como el cierre de páginas web. En este texto apenas sufre cambios, pero se matiza que el cierre de sitios o la retirada de contenidos se referirán a aquellos “que hayan causado o que sean susceptibles de causar un daño patrimonial”, mientras que antes expresaba de que se podrían cerrar o retirar contenidos “de quien pretenda causar un daño patrimonial”.

En cuanto al a composición de esta Comisión ahora se especifica que no actuará de oficio, con lo que sólo los titulares de los derechos de propiedad intelectual serán los que pueden denunciar. Es decir, sólo las discográficas, productoras, estudios de cine, sociedades de gestión de derechos (como la propia SGAE) o los propios autores de las obras podrán iniciar un procedimiento de denuncia, aunque luego ésta sea tramitada por la mencionada Comisión.

En definitiva, esta publicación no modifica sustancialmente lo ya conocido, aunque puntualiza y pone algo más de claridad en algunos puntos que han generado múltiples dudas e incertidumbre en las últimas semanas.

Vía | @edyvidal