Pues concretamente, 6 millones de libras esterlinas, que deberán pagar los mismos ciudadanos y contribuyentes a los que se les aplicará. Curiosa concepción de la ‘justicia’.

Dichos seis millones son los que se habrán gastado para poner la Digital Economy Bill en marcha, y que se empezará a aplicar el próximo año. Además, se prevé un gasto de otros cuatro millones durante 2012.

Los primeros seis se han ido en proyectos de investigación sobre el tema, crear y formar los sistemas necesarios para la aplicación de la ley, y lanzar una serie de campañas de concienciación por todo el país

En principio, y según el acuerdo entre el Gobierno británico y la industria del ocio, los propietarios de los derechos y los proveedores de servicio de Internet, éste grupo deberá devolver esos millones al gobierno, se supone gracias a la disminución de la piratería y el consiguiente aumento de ventas. Pero de momento, ya se han gastado.

Los datos concretos se han pedido a través de la ley de transparencia de información británica. Si quisiéramos saber cuanto costará la aplicación del equivalente en España, la Ley Sinde, no podríamos, ya que en éste nuestro país no existe ningún tipo de ley de transparencia de información. De hecho, es el único país que no la tiene, junto con Luxemburgo.

Vía | The Guardian
Foto | Adrian Clark

Es el caso de las enmiendas torpedo o las patentes de software en el Parlamento Europeo, la HADOPI en Francia, la Digital Economy Bill en el Reino Unido (tan mal lo hicieron que tuvo que venir un Señor Juez a decirles que lo repitieran) o nuestra Ley Sinde, todas derivadas del tratado ACTA. Ahora, también Nueva Zelanda se ha unido al club de países que optan por usar factores de forma un tanto sucia.

Aprovechando que se tenían que aprobar un par de cosas en tanto a paliar los efectos del terremoto del pasado mes de Febrero, el Gobierno añadió al paquete la Copyright (Infringing File Sharing) Amendment Bill, algo así como “Ley de enmiendas al copyright (Infracción en la compartición de ficheros)”. El abuso de este procedimiento “de urgencia” ha levantado ampollas en todo el espectro político y social.

Aún con un nombre que abandona la línea de nomenclatura eufemística, la nueva norma neozelandesa es del mismo cuño que las europeas, pero con ligeras diferencias.

La base de los tres avisos se mantiene, así como la ‘presunción de culpabilidad’, por la cual todo usuario de Internet será culpable hasta que se demuestre lo contrario, debiendo acarrear con la tarea de demostrar su inocencia (inversión de la carga de la prueba).

También se mantiene el ‘órgano administrativo’ que, tras ser nombrado a dedo por el ministerio, será el encargado de poner multas de hasta 15.000 dólares neozelandeses (casi 11.000 euros), o de señalar, redactar y ejecutar las ordenes de desconexión, tras los tres avisos pertinentes. En Nueva Zelanda, a ese ‘órgano administrativo’ le van a llamar “Tribunal del Copyright”. Ésto es una pequeña modificación a una enmienda llamada 92a, que pretendía que todo el proceso lo llevaran a cabo los prestadores de servicio, y que la desconexión fuera automática tras el tercer aviso y que, precisamente, fue el detonante de protestas en 2009.

Otro de los parecidos es que sus señorías neozelandesas demuestran, al igual que sus colegas europeos y americanos, un desconocimiento descomunal de Internet. Tanto, que Jonathan Young (National Party, conservadores) llegó a comparar, y recordemos que era una sesión parlamentaria, Internet con Skynet, la maléfica Inteligencia Artificial que en la saga Terminator, toma conciencia de si misma y declara la guerra a la humanidad con el fin de destruirla (minuto 1:35).

Su compañera de filas, Melissa Lee, se apresuró a asegurar que cualquier descarga de una película o canción, aún cuando no estuviera disponible debido a las restricciones de contenido por países que aplican algunas productoras y discográficas, seguía siendo ilegal. Ésta afirmación levantó interrogantes en la red neozelandesa. Resulta que Lee había comentado horas antes que estaba escuchando una compilación hecha por un amigo suyo, que se la mandó a través de la red. Ésto, junto con otras cuestiones relativas a los derechos tanto de interpretes, editores y discográficas, causó que le preguntaran a Lee si su caso también sería causa de ‘infracción de copyright’ bajo la nueva ley… por mucho que el compositor fuera amigo suyo.

Otra de las anéctodas que muestran la cruda realidad de éste tema, fueron aportaciones como “No tengo ni idea“ de otros diputados defensores de la restricción, o que Simon Powell, el ministro responsable de la nueva ley, ni tan solo se encontraba presente en el debate parlamentario...

La nueva ley se aprobó hace escasas horas, se aplicará a partir del 1 de Septiembre y contó con la oposición que llevaron a cabo el diputado de los Verdes Gareth Hughes y los independientes Hone Harawira y Chris Carter, que intentaron, sin éxito, eliminar el poder del Estado para desconectar de Internet a sus ciudadanos.

Los movimientos en la red neozelandesa no se han hecho esperar, y ya se está organizando una nueva campaña de protestas muy similar a la de 2009, en que se produjeron una serie de ‘apagones’ para mostrar el negro futuro que le esperaba a Internet en ése pequeño país de Oceanía.

Foto | Sam Howzit

Como un grupo de expertos ha sugerido, este nuevo ministro se encargaría de garantizar una velocidad mínima de 2 Mbps en todo el país (mientras que en España, el ministerio de Industria maneja 1 Mbps como ADSL universal). Así como de planificar el desarrollo de banda ancha a las zonas menos favorecidas por los planes comerciales. Y el nombre que más suena es Ed Vaizey, actual ministro de Cultura británico.

El papel más complicado que se plantea al candidato a este cargo, que según informan en la BBC podría decidirse esta misma semana, es todo lo concerniente al Digital Economy Bill (Ley de Economía Digital), que está a punto de entrar en vigor (si no se llega a derogar) y contempla la suspensión del acceso a la Red de los usuarios que hayan descargado reiteradamente contenidos protegidos con derechos de autor.

Vía | BBC News
Foto | jontintinjordan

La proveedora de servicios británica Sky Broadband se ha convertido en la primera en salir en defensa de la Digital Economy Act, la nueva ley que intentará luchar contra la piratería en Reino Unido. Según cuentan en ISP Preview, el CEO de la empresa de contenidos habría declarado lo siguiente en la MIPtv, en Cannes:

Hay que ver a la piratería online por lo que es: robo, pura y simplemente. A menudo se ve como un crimen sin víctimas, pero eso está muy lejos de la verdad. Si dejamos que la piratería debilite el negocio de contenidos, acabará dañando los intereses de los creadores, distribuidores y consumidores del contenido.

Como ISP y dueño de contenido, vemos el problema desde ambos lados. Desde el principio fue obvio para nosotros que los propietarios de derechos y las ISP’s tienen que trabajar jutnos para explicar este problema y detener a aquellos que busca acceder al contenido digital de una manera ilegal.

Por desgracia, en el Reino Unido no todas las ISP estaban preparadas para el reto, lo que al final ha llevado al gobierno a legislar. La ley ha sido aprobada en el Parlamento británico la semana pasada y, con un compromiso firme para hacerla funcionar, debería marcar una diferencia.

Según ISP Preview, una de las razones que llevarían a Sky Broadband a apoyar la ley sería su relación con Rupert Murdoch, dueño de un gigantesco conglomerado de empresas de comunicación y declarado enemigo de la piratería.

Imagen | DeclanTM.

A la tercera fue la vencida. El lobby de los derechos de autor ha conseguido, como ya adelantó Nación Red, que un parlamento disuelto, un primer ministro débil y una oposición corservadora y dubitativa le hagan una ley a su medida. Los dos grandes partidos han abierto la puerta al cierre de webs que puedan alojar o compartir material con derechos de autor. Lo que ha suscitado serios temores de una nueva oleada de censura en el Reino Unido.

Los opositores al proyecto han señalado que un sitio como Wikileaks podría ser suspendido por fugas de material que los gobiernos puedan reclamar como propiedad. Incluso se abre la puerta a la censura de webs de enlaces y el propio nombre de Google ha surgido ya. El resultado de la votación final ha sido de 189 votos a favor del proyecto y 47 en contra. Los liberales han votado en contra y se han comprometido a eliminar los aspectos más nocivos de la ley si se convierten en el partido bisagra después de las inminentes elecciones. Las encuestas dibujan este escenario, sin mayorías absolutas, como posible.

El impulsor de esta represiva ley ha sido Peter Mandelson (en la foto). El influyente Ministro de Negocios y hombre clave en la “modernización” del laborismo de la mano de su amigo y ex primer ministro Tony Blair. Hay que recordar que Peter Mandelson renunció como ministro de Blair al trascender públicamente que en 1996 había recibido un préstamo por 500.000 dólares a muy bajo interés por parte de Geoffrey Robinson, un empresario millonario que después también sería viceministro del Tesoro de Blair. Ambos presentaron sus dimisiones y fueron aceptadas. Pero Mandelson volvería al gobierno, ahora con Brown.

Ayer el hombre de la isla de Corfú, el elegante bon vivant de las selectas cenas y las amistades peligrosas conseguía otorgar poderes a su propio Ministerio para cerrar cualquier web que “un tribunal considere que ha sido, está siendo o es probable que sea utilizado por o en conexión con una actividad que infrinja derechos de autor“.

Vía | Telegraph
En Nación Red | Brown convoca elecciones pero antes fuerza la aprobación de una dura ley para controlar Internet
Foto | World Economic Forum

Gordon Brown ha aprovechado la disolución del parlamento para someter a un proceso de aprobación especial una ley profundamente represiva y dirigida a controlar y penalizar el uso de la red. Esta misma noche pasaba la segunda prueba al recibir el apoyo de los conservadores en la Cámara de los Comunes. El proyecto de ley irá ahora a la fase de comisión y luego a una tercera lectura mañana por la tarde antes de ser convertido en ley.

Este proceso de aprobación abreviada, en opinión de muchos, ha impedido un verdadero debate y un largo escrutinio parlamentario que probablemente la tiraría abajo, o al menos muchas de sus pretensiones, pues la oposición en principio no parecía dispuesta a dejarla pasar tal y como está. Más allá del “desprecio” a la voluntad popular que se expresará en las elecciones de mayo.

Los liberal-demócratas no apoyan la ley y han criticado duramente el procedimiento de urgencia. A las críticas del “tercer partido” se han unido algunos parlamentarios díscolos de la bancada laborista y conservadora como Tom Watson y Roger Gale, respectivamente. Pero la Digital Economy Bill cuenta sobre todo con una fuerte oposición en la sociedad civil: desde grupos de internautas a grandes empresas como Google o Facebook. Por el contrario el lobby de los derechos de autor aparece como el “gran poder” capaz de forzar la agenda del primer ministro.

La Digital Economy Bill prevé el cierre de páginas web que ofrezcan enlaces a contenidos con copyright. Obligará a las proveedoras de servicios de Internet a vigilar a sus usuarios para detectar si descargan archivos protegidos y, en caso de que lo hagan, avisar a los titulares de los mismos. Si un proveedor se niega a cumplir estas normas se arriesga a ser sancionado con una multa de hasta 250.000 libras (unos 280.000 euros).

La ley incluye disposiciones muy similares a la legislación francesa en materia de desconexión de los usuarios que descarguen de forma continuada material con derechos de autor. En primer lugar se realizararían una serie de avisos para pasar luego al corte de Internet e incluso a la imposición de multas de hasta 50.000 libras (unos 56.000 euros).

Más información | Parliament.uk
Foto | World Economic Forum
En Nación Red | Ley de los tres avisos: un paso más para su aprobación en Reino Unido

La Digital Economy Bill, el proyecto con el que el Gobierno británico pretende regular las descargas, fue aprobada ayer por la Cámara de los Lores. Es un primer paso para que se convierta en ley esta iniciativa creada a imagen y semejanza de la Ley Hadopi francesa puesta en marcha el año pasado a pesar de la opinión en contra del Parlamento Europeo.

A ambas leyes, la francesa y la británica, se les ha llamado también “ley de los tres avisos” porque permite la suspensión de la conexión “de manera indefinida” a cualquiera que haya sido acusado tres veces de violar el copyright.

La polémica está servida por diversas razones. Para empezar, los opositores al proyecto acusan al Gobierno de haber cedido al intenso lobby de las empresas propietarias de los derechos de autor. Esa es la razón, dicen, de que se haya tramitado con tanta velocidad, sin que pase por la Oficina de Información encargada de velar por todo lo que tenga que ver con la privacidad. El Gobierno, por su parte, considera este paso un retraso innecesario. Que haya elecciones en mayo podría tener que ver también con las prisas.

Pero además, el proyecto contiene supuestos que han levantado muchas críticas. A los opositores les preocupa que el proyecto no dé suficientes recursos legales de defensa a quienes sean acusados. Además, no sólo los usuarios individuales se pueden ver afectados por la ley. Un portal como Youtube, que acoge decenas de videos que podrían infringir el copyright, podría ser cerrado, y las bibliotecas, cafés o restaurantes que ofrecen conexión wifi podrían ser consideradas responsables de las descargas ilegales que lleven a cabo los usuarios.

De hecho, el diario Guardian publica que una parte del proyecto fue copiado literalmente de un borrador de enmienda a la ley del Copyright, Diseños y Patentes de 1988 enviado en febrero por la BPI, la voz de la industria musical británica en todo este asunto. Además, la ley podría dar poder a los ministros para cambiar esa misma ley sobre copyright a su antojo, sin que sea necesaria la aprobación del Parlamento. Las principales compañías de Internet han pedido que se retire de la ley la claúsula que lo permite.

Las operadoras de Internet aseguran que es una ley que complicará la vida a sus clientes de una manera inútil porque manejan encuestas que dicen que el 80% de usuarios seguirá descargando contenido de Internet a pesar de todo. El Gobierno se defiende argumentando que las descargas ilegales hicieron perder 196 millones de euros a la industria del disco en 2009.

La Digital Economy Bill se presentó en noviembre del año pasado y el siguiente paso para su entrada en vigor es su lectura y aprobación en la Cámara de los Comunes, aunque todavía no hay fecha. Mientras, uno de los principales opositores, el Open Rights Group ha organizado una manifestación de protesta el día 24 de marzo.

Para saber más | Recorrido de la ley en la página del Parlamento británico.
En Nación Red | EEUU: Internet asequible y veloz en todos los rincones de la nación.
Imagen | Istockphoto.