Derechos fundamentales

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La Asociación de Internautas ha pedido al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la ley Sinde-Wert después de haberla impugnado a la vez que llama a las comunidades virtuales e internautas en general para que suscriban esta demanda y también pide apoyo económico para pagar los gastos que va a generar todo este movimiento en los tribunales.

Las razones aducidas por la asociación son múltiples. Por un lado, está la injerencia que propicia la ley Sinde-Wert, ya que da competencias a un órgano administrativo que la Ley asigna a los jueces. Además, la ley recoge infracciones “difusas” y también sanciones sin la habilitación legal precisa. Y, finalmente, la puesta en marcha de la ley Sinde-Wert contradice las sentencias dictadas por los tribunales Supremo y Constitucional sobre los límites de una norma de este tipo.

A la práctica, estamos hablando de una situación que deja en clara indefensión al ciudadano, por cuanto se trabaja con una ley de censura sin unos límites claramente definidos atacando directamente a dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de información. Estos son los razonamientos. Veremos qué ocurre ahora en el Supremo.

Enlace | Asociación de internautas
Foto | Daquella manera

Según Jan Phillip Albrecht del Partido Verde Europeo , el ACTA entrega la gestión del copyright a las compañías audiovisuales y a los gestores de derechos de autor, los cuales probablemente actuarán de manera irresponsable, ya que estos podrán llevar a cabo sus propias investigaciones e imponer sus propias sanciones.

El ACTA promueve la colaboración entre los proveedores de Internet y la industria de contenidos que impondrán su criterio dejando al margen el derecho de tener un juicio justo en el caso de que alguien sea acusado de infringir derechos de autor.

También permite que se controle a los usuarios de Internet sin que ni siquiera sean sospechosos, la entrega de sus datos personales a los titulares de derechos de autor partiendo de simples acusaciones y la transferencia de estos datos incluso a países sin una adecuada protección de los mismos, lo cual entra en un claro conflicto legal con las garantías legales de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

El acuerdo, que está a la espera de aprobarse en Europa, está claramente sesgado a favor de las compañías de contenidos, argumentan los detractores.

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El Ayuntamiento de Madrid ha abierto expediente por falta grave a un policía que participó en una de las asambleas celebradas por el 15-M en la capital el pasado 23 de julio. Se le acusa de “abuso de atribuciones” y puede ser suspendido entre tres días y tres meses de empleo y sueldo. Una portavoz de la Concejalía de Seguridad ha asegurado que han aplicado el reglamento que “prohíbe expresamente acreditar la coindición de policía para manifestar opiniones”. Mientras tanto, los agentes de policía que abusaron de su poder y apalearon a los manifestantes y periodistas siguen sin recibir ningún tipo de castigo ni suspensión.

Javier Roca, el policía municipal en cuestión, acudió a la asamblea de la Puerta del Sol y aseguró que muchos agentes y compañeros suyos están también indignados y les dan apoyo. Roca empezó su discurso diciendo que muchos de sus compañeros apoyan al movimiento, aunque su mensaje era totalmente personal.

La sección de Seguridad y Movilidad de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Madrid, además del sector de Policía Municipal, ya ha condenado “el atropello a los derechos fundamentales a través del aparato disciplinario de la jefatura de la Policía Municipal de Madrid”.

Con el expediente abierto, se empezará una investigación para conocer lo que supuestamente ocurrió, tras lo cual se decidirá si existe una falta grave y si procede la suspensión de empleo y sueldo.

Foto | Uchiuska

El texto final de la declaración de Principios Rectores de Internet de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluye diversas cesiones a los lobbies de copyright que alteran lo que en origen estaba llamado a ser una defensa de la protección de la libertad en la red.

Además, la declaración reconoce explícitamente la legitimidad de las operadoras de Internet para espiar, controlar y denunciar a sus usuarios en caso de un uso “injusto” del servicio por el que pagan:

Los intermediarios de Internet, como cualquier interesado, pueden y juegan un importante papel detectando y comunicando actividades ilegales, fraude y prácticas injustas llevadas a cabo en sus redes y servicios.

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La decisión de hacer público el documento de ACTA fue aprobado por todos los participantes en la última ronda de negociaciones, celebrada en Wellington, Nueva Zelanda. Al instante la Comisión Europea celebraba la decisión y aseguraba que el documento demostraba que las preocupaciones generadas por la sociedad civil no están fundadas. Pero en la red hay muchas voces que siguen expresando su preocupación. Nación Red ha hecho un esfuerzo por sintetizar estas inquietudes de los ciudadanos digitales críticos con ACTA:

Confidencialidad y Secretismo

Un factor importante que no está incluido en el documento: la posición adoptada por cada Estado en las negociaciones. Las partes han expresado su deseo de mantener la confidencialidad al respecto. Los corchetes que aparecen en el documento indican los aspectos en los que no se ha llegado a un consenso. Los negociadores afirman que su intención es llegar a una versión final antes de acabar el año. No se ha anunciado un proceso abierto que vaya a permitir a los ciudadanos participar en la última fase de elaboración del documento. La autoría de los párrafos encorchetados, algunos decisivos, no está al acceso de los ciudadanos.

Indefinición

Pese a las afirmaciones de que ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) se centra sobre todo en la falsificación y la piratería, estos términos no se definen. Esta falta de definición permitiría a los países eliminar fácilmente los límites entre los actos ordinarios de infracción, por un lado y la falsificación y la piratería por el otro, si se aplica ACTA.

Las infracciones individuales de los derechos de autor pueden ser objeto de medidas penales

ACTA requiere a los países firmantes a tratar las infracciones de copyright que no tienen ninguna motivación “directa o indirecta de lucro” como sanciones penales. Esta disposición criminaliza a los usuarios individuales y no encaja bien con las intenciones de ACTA que nos habían vendido: hacer frente a la falsificación a gran escala y la piratería. La infracción de copyright puede ser cualquier acto de infracción, ya sea voluntaria o involuntaria. Lo que es peor, ACTA no incorpora las disposiciones que figuran en algunas leyes en EE.UU que prevén una reducción en las sanciones legales en caso de infracción inocente. ACTA no contiene garantías similares.

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