El reglamento de desarrollo de la ley Sinde que no aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes no hace caso de la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advirtió al gobierno del PSOE de que las webs con enlaces a archivos protegidos con derechos de autor no cometen ningún delito. El reglamento, al que ha tenido acceso El País, presenta dos diferencias en relación con la ley que salió aprobada del Senado con el apoyo de PSOE, PP y CiU después de que el Congreso la tumbara.
Por una parte, se aumenta el castigo por reincidencia de las personas que administren web con enlaces. Por otra, se insiste y se destinan más esfuerzos a perseguir y cerrar páginas, aunque la jurisprudencia española es muy clara en este sentido: el intercambio de archivos, según la ley española, es completamente legal. Por lo tanto, y según se extrae de los apuntes del CGPJ, lo que hace la ley Sinde es criminalizar unas webs que llevan a cabo una actividad legal.
El reglamento deja intactas las dos secciones que salieron aprobadas del Senado. Una primera, de mediación, y una segunda, que procede de forma directa al cierre de las páginas. La segunda sección, que es la que tomará las decisiones de peso, estará formada por seis miembros: funcionarios de los ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia. Se deja de lado el Ministerio de Justicia, no sea que tuviera recelos legales sobre la ley. La intervención judicial estará presente; pero como si no lo estuviera, ya que no entrará en el fondo del asunto y a la práctica no tendrá voz ni voto.
