Comisión de la Propiedad Intelectual

Primero fue la Asociación de Internautas y ahora son las empresas representadas por la Red de Empresas de Internet (REI) y la Asociación Española de la Economía Digital (adigital) las que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 18889/2011 de 30 de diciembre por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, previsto en la Disposición final cuadragésima tercera, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, conocida como Ley Sinde-Wert.

En concreto, ambas organizaciones han solicitado como medida cautelar la suspensión del Capítulo VII relativo al “Procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” de dicho Decreto, por considerar que su entrada en vigor causaría un grave daño al desarrollo de empresas e iniciativas de toda índole con base tecnológica o digital en nuestro país, debido a la gran inseguridad jurídica que genera y a los riesgos que tendrían que asumir con la aprobación de esta normativa. Una circunstancia que, a juicio de REI y adigital, supondría una dificultad añadida a la incorporación del tejido empresarial español al mundo digital y un obstáculo a la recuperación económica y a la creación de puestos de trabajo.

Según se expone en este recurso, REI y adigital interpretan que la actual redacción del Reglamento dota a la Administración de un mecanismo para suspender o cerrar una web, un servicio o retirar contenidos sin intervención de ningún órgano judicial, vulnerando así, entre otros, la tutela judicial consagrada en la Constitución o la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Asimismo, aseguran que el texto se extralimita respecto al mandato que hizo el Parlamento en la Ley de Economía Sostenible.

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Fuentes del Consejo de Estado aseguraban esta mañana que el reglamento de la Ley Sinde se encontraba en el orden del día para su aprobación y ser remitido al Ministerio de Cultura (allí está ya) desde donde estaba previsto enviarlo (las ganas y los compromisos) al Palacio de la Moncloa para su aprobación por el Consejo de Ministros. Pero el Ministerio de Cultura ha desmentido posteriormente la noticia que adelantó El Economista.

Si bien este mismo medio desmiente ahora el desmentido de Cultura (citando fuentes del Ministerio) y alerta que Cultura ni confirma ni desmiente… porque González-Sinde peleará hasta el final para salvar su ley antidescargas, sin descartar que la ministra aparezca mañana “con el reglamento de la Ley con su apellido bajo el brazo para someterlo a decisión del Ejecutivo”.

Todo apunta a un chapucero intento de repartirse los costes o los papeles en el traspaso de poderes (PPSOE) que tutela José Enrique Serrano. Véase el silencio del PP que mira para otro lado desde que la noticia de las intenciones del gobierno se ha conocido.

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“Más de dos docenas de puestos de órganos constitucionales y autoridades administrativas independientes están pendientes del acuerdo entre los partidos políticos para ser cubiertas”, recuerda hoy el ex director de El País, Joaquín Estefanía.

Entre ellas la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), pero también apuntamos nosotros – en su caso – y de ser aprobada, como parece, la Ley Sinde, la CPI (Comisión de la Propiedad Intelectual) que decidirá sobre el cierre de webs.

Para Joaquín Estefanía estos órganos padecen una “patologías democráticas” no debido exclusivamente “como habitualmente se dice, a su politización sino a la “partidización” o, utilizando el neologismo italiano que tiende a convertirse en universal, a su lottización“. Entre esas patologías se pueden destacar las siguientes:

-Bloqueos y retrasos interesados en las renovaciones por falta de acuerdo entre las grandes formaciones políticas, normalmente, debida a la ausencia de interés político en que se produzca la renovación. Esto significa que cada vez hay más actores políticos que no detienen la legítima confrontación en las sedes que les son propias sino que, si no logran imponerse en ellas, están dispuestos a continuarla en el propio seno de las instituciones en cuestión.

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Quieren su silla en mesa de la Comisión. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) toma una postura pragmática con respecto a la denominada “Ley Sinde” y pide a los partidos políticos incluir una enmienda que les permita incorporarse a la polémica comisión que decidirá sobre los cierres de webs, previa autorización judicial.

El presidente de AUC, Alejandro Perales, resaltó ayer la necesidad de formar parte de la citada comisión – junto a entidades de gestión y radiodifusores – para “defender los derechos de los usuarios”. En este sentido, afirmó que en otras leyes como la del sector audiovisual, el texto sí que contempla la participación del consejo de consumidores.

Para Alejandro Perales la sucesiva ampliación del plazo de enmiendas en el Congreso es un proceso “lógico”, ya que la disposición está enmarcada en un proyecto más amplio, el de la la Ley de Economía Sostenible:

Imagino que no hay mucho consenso en este tema y podría ir para largo

A su entender, las “prisas” para la inminente aprobación del proyecto provienen de la industria cultural, que incluso podría haber planteado la tramitación aparte. En este sentido, recordó que la actual situación del sector ha provocado “nervios” en sus representantes, especialmente en Estados Unidos.

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