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La cúpula directiva de los Mossos y de la Dirección General de la Policía, dependiente del Departamento de Interior del la Generalitat de Catalunya, han sido denunciados ante la Audiencia Nacional mediante la presentación de una querella criminal por posibles delitos de utilización indebida de los datos que recogen, incluyendo los captados en conversaciones telefónicas.

Si recientemente la polémica saltó por la decisión del cuerpo policial catalán de crear una web de denuncia ciudadana en la que se colgaron 231 fotografías y tres vídeos de participantes en la manifestación del pasado 29 de marzo contra la reforma laboral, con imágenes de menores que tuvieron que ser retiradas, ahora se trata de ficheros completos de datos personales y grabaciones telefónicas a los que los Mossos no habrían dado el tratamiento que exige la ley, según el abogado Josep Jover, que ha detectado el comportamiento policial y ha presentado la denuncia.

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Si ayer hablábamos de la protesta de Josep Jover contra el sitio web Col·laboració ciutadana contra la violència urbana, hoy se añaden al abogado algunos colegas de profesión y también una parte de los jueces de nuestro país, que no acaban de ver clara la legalidad de la iniciativa de Felip Puig.

En El Triangle, siguiendo el camino abierto por Jover, el también abogado Benet Salellas explica que la publicación de las imágenes es un ataque a aspectos básicos del Estado de derecho, ya que se vulnera el derecho a la propia imagen y se plantea un problema con las garantías penales al permitir que se realicen juicios paralelos. En suma, la medida supone para el abogado un retroceso de 30 años.

Más hacia atrás se van algunos comentaristas en Twitter, que equiparan la web de Puig con las listas que se publicaban en la Alemania nazi para identificar judíos. Y sin llegar a esos extremos, desde el Colegio de Abogados de Barcelona dudan de la legalidad de esta página web, que tachan de peligrosa.

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¿Cómo puede un sitio web diseñado para ayudar a un cuerpo policial conculcar los derechos de las personas? Eso debe de preguntarse el abogado Josep Jover, que no ha tardado en criticar públicamente que la web Col·laboració ciutadana contra la violència urbana emplea para la denuncia 231 fotos y 3 vídeos que en muchos casos ni siquiera pertenecen a la Policía, sin que legalmente se les pueda dar la finalidad de identificar a sospechoso alguno.

Según explica Jover, si se denunciara el portal cualquier juez tendría que dar la razón al denunciante:

Lo que no se puede hacer es dar este uso a unas imágenes captadas con otra finalidad. La web está más pensada para el telediario que para su efectividad, porque no se hace pensando en contribuir a la convivencia ciudadana, que tendría que ser la máxima misión de la Policía.

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La Conselleria d’Interior que dirige Felip Puig ya ha subido a la red la web (www.gencat.cat/mossos) para que los ciudadanos ayuden a los Mossos a reconocer a una serie de personas (o facilitar cualquier información sobre las mismas).

La web ofrece 231 fotografías y 3 vídeos, obtenidos tanto de fuentes policiales como públicas (medios de comunicación y redes sociales), para que los ciudadanos ayuden a identificar a 68 personas que supuestamente participaron en los disturbios del 29-M y de los que se desconoce su nombre.

El director de la Policia catalana, Manel Prat, ha reconocido que la web puede ser objeto de “ataques masivos”, aunque ha advertido “que los Mossos estarán muy atentos y que la web cuenta con elementos de protección interna que les ayudarán a identificar a los autores de los intentos de sabotaje”, que en caso de ser descubiertos se podrían enfrentar a penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel, ha advertido Prat.

En Nación Red | Puig ya tiene preparada la web para que los ciudadanos puedan identificar a los violentos

El conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, prepara una serie de medidas para combatir la violencia urbana – tras los incidentes del pasado 29M en Barcelona – que incluyen la creación de una web para que los ciudadanos delaten a los violentos ante la incapacidad, se entiende, de su departamento para evitar que pequeños grupos organizados, al igual que pasó en la gran manifestación de los indignados en Roma o habitualmente en la propia Barcelona con las celebraciones deportivas, puedan empañar con su violencia las manifestaciones ciudadanas y sembrar el caos.

En la anunciada web se publicarán imágenes policiales de los incidentes para facilitar a los ciudadanos las labores de identificación de los violentos. No parece que el anuncio o llamamiento vaya dirigido, en principio, a facilitar la investigación sobre el caso del ciudadano que ha perdido la visión en un ojo.

La Generalitat de Catalunya también quiere profundizar en el análisis policial del contenido de algunas webs, blogs y tweets para “desenmascarar a aquellos colectivos intelectuales que amparan a los violentos”.

Foto | Convergència Democràtica de Catalunya (flickr)

Convergència i Unió (CiU) ha registrado una batería de preguntas en el Congreso donde pide al Gobierno que explique las medidas que va a adoptar para luchar contra la anorexia y la bulimia en las redes sociales.

El diputado Carles Campuzano (foto) ha registrado cuatro preguntas escritas, según informa la agencia Europa Press, donde pide explicaciones sobre las medidas que piensa establecer para “prevenir y luchar contra trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia”, y, concretamente, en el ámbito de la moda, especialmente “respecto a las tallas de la ropa en el terreno de la redes sociales e Internet”.

Ya el anterior gobierno socialista solicitó a Twitter que “aislase” perfiles de usuarios que escriben mensajes que incitan a la anorexia, la bulimia u otros trastornos alimenticios. El gobierno de Zapatero movilizó a la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y se puso manos a la obra para elaborar una lista de usuarios sospechosos y rastrear la red social.

Foto | JNC Joventut Nacionalista de Catalunya (flickr)
En Nación Red | Twitter y la anorexia

Dos años después que se conociera la existencia del proyecto para una ley que se encargaría de luchar contra la piratería mediante el cierre y censura de sitios web, hoy finalmente se ha aprobado el reglamento que la desarrolla, por lo que ya podemos decir que España se une a los países que declaran la guerra abierta a Internet.

Durante éste tiempo hemos conocido que la famosa Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible, de sostenible tiene más bien poco o nada. También vimos cómo se aprobaba sin debate parlamentario, cómo el Senado la refrendaba mediante un pacto entre PSOE, PP y CiU. Y también supimos que la Ley Sinde la idearon y dictaron desde la Embajada de los Estados Unidos de América en Madrid, a las órdenes de Washington D.C. (que sigue presionando hasta el último minuto) y cómo desde una de las principales entidades defensoras de la Ley Sinde salían hilos que apuntan a una trama de financiación ilegal de partidos políticos.

La infame Ley Sinde pretende evitar la piratería de contenidos mediante el cierre administrativo de sitios web, a la orden de una comisión de expertos que serán nombrados a dedo.

Los defensores de la ley argumentan que hay que acabar con el “gratis total“, pero ignoran, esperemos que por desconocimiento de la realidad tecnológica, que su ley no sólo no arreglará su problema (no querer adaptarse a la realidad tecnológica), si no que creará infinidad de otros y mucho más graves ya que mutilará uno de los pocos, si no el único, sector económico con capacidad de crear nuevos empleos en la situación económica actual.

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El reglamento de desarrollo de la ley Sinde que no aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes no hace caso de la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advirtió al gobierno del PSOE de que las webs con enlaces a archivos protegidos con derechos de autor no cometen ningún delito. El reglamento, al que ha tenido acceso El País, presenta dos diferencias en relación con la ley que salió aprobada del Senado con el apoyo de PSOE, PP y CiU después de que el Congreso la tumbara.

Por una parte, se aumenta el castigo por reincidencia de las personas que administren web con enlaces. Por otra, se insiste y se destinan más esfuerzos a perseguir y cerrar páginas, aunque la jurisprudencia española es muy clara en este sentido: el intercambio de archivos, según la ley española, es completamente legal. Por lo tanto, y según se extrae de los apuntes del CGPJ, lo que hace la ley Sinde es criminalizar unas webs que llevan a cabo una actividad legal.

El reglamento deja intactas las dos secciones que salieron aprobadas del Senado. Una primera, de mediación, y una segunda, que procede de forma directa al cierre de las páginas. La segunda sección, que es la que tomará las decisiones de peso, estará formada por seis miembros: funcionarios de los ministerios de Cultura, Industria, Economía y Presidencia. Se deja de lado el Ministerio de Justicia, no sea que tuviera recelos legales sobre la ley. La intervención judicial estará presente; pero como si no lo estuviera, ya que no entrará en el fondo del asunto y a la práctica no tendrá voz ni voto.

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Varios miembros del PSOE se oponen ahora a que se apruebe el reglamento de la ley Sinde en un Consejo de Ministros de un Gobierno en funciones. Como ya os informábamos hace unas horas, María González Veracruz, diputada socialista y responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal, ha afirmado que no puede “compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la ley Sinde” y que espera que “el Consejo de Ministros lo pare”. Asegura que no está “de acuerdo con esta decisión”. Finalmente, el Consejo de Ministros no ha aprobado el reglamento de la ley Sinde.

Pero no sólo González Veracruz se ha opuesto ahora a la aprobación del reglamento de la ley Sinde, también la diputada Elena Valenciano no lo ve con buenos ojos. Según fuentes de Europa Press, una parte del Comité Federal del PSOE (el máximo órgano entre Congresos) aplaudió una intervención crítica con la ley Sinde.

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