Cierre de webs

Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.

Ahora también es colaborador de Nación Red.

A primeros de junio, y bajo el nombre en clave de “Operación Espalda”, se produjo el cierre de diversas páginas web y la detención de sus administradores. Los detalles de la operación pueden conocerse mediante la nota policial, a la que no añadiré más detalles: dado que he asumido la defensa de alguno de los implicados, mis palabras carecerían de toda objetividad.

El debate jurídico sobre los hechos denunciados, sobre las pruebas, y sobre la legislación o jurisprudencia aplicable, es algo que deberá verificarse en su lugar natural: el juzgado competente. Este artículo tiene otra motivación, y no es otra que reflexionar sobre el fenómeno de cierre de webs, y sobre el debate político en torno al proyecto de Ley de Economía Sostenible.

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Quieren su silla en mesa de la Comisión. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) toma una postura pragmática con respecto a la denominada “Ley Sinde” y pide a los partidos políticos incluir una enmienda que les permita incorporarse a la polémica comisión que decidirá sobre los cierres de webs, previa autorización judicial.

El presidente de AUC, Alejandro Perales, resaltó ayer la necesidad de formar parte de la citada comisión – junto a entidades de gestión y radiodifusores – para “defender los derechos de los usuarios”. En este sentido, afirmó que en otras leyes como la del sector audiovisual, el texto sí que contempla la participación del consejo de consumidores.

Para Alejandro Perales la sucesiva ampliación del plazo de enmiendas en el Congreso es un proceso “lógico”, ya que la disposición está enmarcada en un proyecto más amplio, el de la la Ley de Economía Sostenible:

Imagino que no hay mucho consenso en este tema y podría ir para largo

A su entender, las “prisas” para la inminente aprobación del proyecto provienen de la industria cultural, que incluso podría haber planteado la tramitación aparte. En este sentido, recordó que la actual situación del sector ha provocado “nervios” en sus representantes, especialmente en Estados Unidos.

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Pakistán ya ha bloqueado 800 webs para limitar el acceso a material considerado blasfemo, extendiendo una ofensiva censora que comenzaba por afectar a Facebook y Youtube, y que le ha llevado, también a suspender los servicios de BlackBerry o el acceso a Twitter.

El Gobierno de Pakistán está siguiendo las órdenes judiciales emanadas del Tribunal Superior de Lahore, el mismo que sostuvo que debía mantenerse la aplicación de la pena de muerte a menores con el fin de disuadir que se cometan delitos.

El ex presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, ha expresado su apoyo a la decisión del gobierno y los jueces en una entrevista concedida a la CNN.

Foto | Guerretto
En Nación Red | Facebook retira la página que contenía dibujos de Mahoma

Recientemente, el prestigioso despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo ha fichado a Antonio Selas como socio para dirigir el área de Propiedad Intelectual (PI) y Competencia (Antitrust). Y en una entrevista concedida al diario Expansión ha ofrecido sus impresiones sobre la “ley antidescargas” y sus efectos, entre las que destaca que “el cierre de webs no vulnera ningún derecho“.

Además, Antonio Selas añade que “llevamos años en los que infringen derechos de terceros en Internet están campando a sus anchas, lucrándose con ello y ocasionando importantes daños a los legítimos titulares. Y preguntado por la preocupación existente en las asociaciones de internautas, blogueros y algunos abogados que consideran la “ley antidescargas” incluida en la conocida LES vulnera derechos fundamentales, contesta que al “encontrarnos en un Estado de Derecho, vigilado por las instituciones de la UE, difícilmente podrán adoptarse medidas que vulneren derechos fundamentales.

Al respecto de si esta reforma afectará al usuario final, el abogado expone que la reforma debe dirigirse a atacar a quien pone los archivos a disposición del usuario final. Y añade además, que la reforma prevista parece mucho menos contundente de la que puede llegar a ser admitida por la legislación comunitaria. Y concluye “numerosos ciudadanos se están organizando y se están haciendo oír, pero esto no significa que esta presión deba influir en la labor del legislador”.

Vía | Expansión

A la tercera fue la vencida. El lobby de los derechos de autor ha conseguido, como ya adelantó Nación Red, que un parlamento disuelto, un primer ministro débil y una oposición corservadora y dubitativa le hagan una ley a su medida. Los dos grandes partidos han abierto la puerta al cierre de webs que puedan alojar o compartir material con derechos de autor. Lo que ha suscitado serios temores de una nueva oleada de censura en el Reino Unido.

Los opositores al proyecto han señalado que un sitio como Wikileaks podría ser suspendido por fugas de material que los gobiernos puedan reclamar como propiedad. Incluso se abre la puerta a la censura de webs de enlaces y el propio nombre de Google ha surgido ya. El resultado de la votación final ha sido de 189 votos a favor del proyecto y 47 en contra. Los liberales han votado en contra y se han comprometido a eliminar los aspectos más nocivos de la ley si se convierten en el partido bisagra después de las inminentes elecciones. Las encuestas dibujan este escenario, sin mayorías absolutas, como posible.

El impulsor de esta represiva ley ha sido Peter Mandelson (en la foto). El influyente Ministro de Negocios y hombre clave en la “modernización” del laborismo de la mano de su amigo y ex primer ministro Tony Blair. Hay que recordar que Peter Mandelson renunció como ministro de Blair al trascender públicamente que en 1996 había recibido un préstamo por 500.000 dólares a muy bajo interés por parte de Geoffrey Robinson, un empresario millonario que después también sería viceministro del Tesoro de Blair. Ambos presentaron sus dimisiones y fueron aceptadas. Pero Mandelson volvería al gobierno, ahora con Brown.

Ayer el hombre de la isla de Corfú, el elegante bon vivant de las selectas cenas y las amistades peligrosas conseguía otorgar poderes a su propio Ministerio para cerrar cualquier web que “un tribunal considere que ha sido, está siendo o es probable que sea utilizado por o en conexión con una actividad que infrinja derechos de autor“.

Vía | Telegraph
En Nación Red | Brown convoca elecciones pero antes fuerza la aprobación de una dura ley para controlar Internet
Foto | World Economic Forum