Alejandro Fernández Gutiérrez, propietario de la empresa Alechip, tienda de videoconsolas y reparación de teléfonos móviles de Avilés, para quien la empresa Nintendo solicitaba 23 años de prisión por diversos delitos contra la propiedad intelectual e industrial, ha sido absuelto definitivamente por la Audiencia Provincial de Oviedo, que ha desestimado el recurso presentado por la multinacional japonesa contra la sentencia, también absolutoria, del Juzgado Penal de Avilés.

El caso Alechip se remonta al año 2009, cuando la Administración de Aduanas de Avilés retuvo, a petición de la empresa Nintendo, una partida de cartuchos para la consola Nintendo DS importados por Alechip. Dichos cartuchos permiten dotar de memoria interna a la consola, para así poder ejecutar programas diseñados por el propio usuario, una actividad que Nintendo ha intentado perseguir a nivel mundial.

Desde la defensa de Alejandro Fernández Gutiérrez se congratulan de la decisión judicial, garante del desarrollo del derecho constitucional a la producción y creación científica y técnica: todo usuario de cualquier tipo de hardware debe tener la capacidad de programar software para su dispositivo, sin ningún tipo de restricción por razones comerciales, siendo ésta una de las bases de la libertad tecnológica.

En Nación Red | El Fiscal del ‘caso Nintendo’ compara el software libre con la piratería

La Audiencia Provincial de Álava ha acordado el libre sobreseimiento del Caso Cinetube al no detectar indicio alguno de delito. La sentencia considera que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa” y recuerda que la actual legislación no hace responsables a los proveedores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos que albergan un sitio web del control de los contenidos que transitan por sus sistemas informáticos.

El sitio web denunciado, mantiene la sentencia, no aloja contenidos ni realiza directamente la descarga, sino que enlaza, y por eso, citando otras resoluciones judiciales, como el Caso Sharemula, decide dar por sobreseída la causa: facilitar enlaces no es delito.

Aunque el juez argumenta que si bien es cierto que la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) contempla sanciones por la difusión de enlaces a contenido ilícito, la misma norma establece que es condición necesaria que el proveedor tenga “conocimiento efectivo” de esa ilicitud, pero la misma debe ser declarada por un órgano competente.

Al no haber ninguna resolución que declarara ilícitos los contenidos enlazados, el juez considera que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa” después de la denuncia interpuesta hace tres años por las grandes productoras, que exigían el cierre de la página web por violar los derechos de autor.

Según Carlos Sánchez Almeida, abogado de la defensa en el caso Cinetube: “teniendo en cuenta que la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal no se han cambiado, una aplicación de la llamada ley Sinde contra un sitio de enlaces podría ser constitutivo de un delito de prevaricación”. Es la segunda “derivada” de una sentencia cuyo recurso victorioso se pone a disposición de los que van a combatir contra la Ley Sinde-Wert en los tribunales.

Más Información | Sentencia
Vía | El Mundo

Despedimos el año que con algunos comentarios, frases o reacciones que sobre la aprobación del reglamento de la Ley Sinde hemos visto en la red (o nos han llegado) en las últimas horas. Un 2011 en el que Sinde conseguía, aunque haya sido el última día y gracias a Rajoy, llevar definitivamente su proyecto político y personal al BOE (pdf). En Marzo de 2012 entrará en vigor…

Carlos Sánchez Almeida: No me ha producido sorpresa alguna la aprobación del reglamento. Lo esperaba, y en esa fecha. Hemos conseguido frenar la Ley Sinde durante más de un año frente a un gobierno en descomposición, pero su aplicación práctica solo era cuestión de tiempo. A partir de ahora, el escenario de combate se traslada a mercados y juzgados, con tácticas técnicas y jurídicas que se verán en su momento.

Javier Pedreira: (La) mención a daños que se causan o podrían causarse es preocupante, pues deja la puerta abierta a que se haga uso de ella en muchos más supuestos de los que menciona la vicepresidenta, lo que crea un ambiente de inseguridad jurídica que puede afectar a la libertad de expresión y la innovación en Internet en nuestro país.

Jesús Encinar: Nos pone al nivel de países como Cuba, Irán, Arabia Saudi o China a nivel de censurar la internet que pueden ver sus ciudadanos, decisiones que se tomarán desde un comité del gobierno. Es un ataque a nuestras libertades civiles con la excusa de la protección de la propiedad intelectual.

David Bravo: La Ley Sinde en pocas palabras. Ponen denuncias. Las pierden. Recurren ante los jueces. Pierden los recursos. Quitan a los jueces.

Daniel Rodríguez Herrera: El PP está favoreciendo a empresas de toda la vida, que no consiguen adaptarse a lo que quieren los consumidores, a costa de las compañías punteras que sí podrían hacerlo. Un hurra por el chiste ese del Ministerio de Competitividad

David Maeztu: El principal problema de la Ley Sinde es que no sirve a los fines declarados, ir contra las webs de enlaces, por lo que admite usos perversos que afectan a otros derechos como la libertad de expresión. Y por supuesto que nace con el objetivo de puentear las resoluciones judiciales que no han sido como la industria quería, no tanto por insuficiencia legal como por mala praxis por su parte, como han señalado varias sentencias.

Enrique Dans: Países como Suiza u Holanda, cuarto y décimo en la lista de países que mejor protegen la propiedad intelectual respectivamente, han decidido, tras sendos informes, no legislar contra las descargas, por entender que no perjudican a los creadores. En España, en cambio, preferimos favorecer a los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual, mantener su monopolio sobre un inexistente mercado, y convertir nuestro país en un sitio donde una comisión administrativa dependiente del gobierno puede cerrar páginas web, igual que en China o en Irán. Sin más supervisión judicial que la meramente decorativa, sin sanciones para quien denuncie falsamente, y con total indefensión para el demandado, que tiene que recurrir a la justicia ordinaria. Una vergüenza.

Josep Jover: Condena a España a ser un país en el que un funcionario pueda cercenar derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en la red han perdido, pero la ciudadanía sigue militando por sus derechos. El Gobierno debería estar trabajando ya en una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que diera soluciones modernas a problemas modernos.

LA RAZÓN: El Gobierno de Rajoy ha tenido el acierto y el coraje que le faltaron a su antecesor y no ha querido esperar más tiempo para aprobar el reglamento que desarrolla la ley antipiratería. Al mismo tiempo, ha decidido sustituir el canon digital por copia privada, cuya formulación jurídica suscitaba controversia, por otro sistema de compensación. El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, empieza con paso firme para proteger los derechos de propiedad intelectual frente al expolio y en defensa de los creadores. Eso sí, con todas las garantías jurídicas, pues quien debe temer la aplicación de la ley no es el ciudadano respetuoso con los derechos ajenos, sino los que se lucran indebidamente a costa de los demás.

Esteban González Pons (3 de diciembre de 2009): El hecho de que haya introducido de tapadillo y por la puerta de atrás una disposición en la Ley de Economía Sostenible que recorta la libertad de publicación en Internet, que reinventa la censura, que reinventa el secuestro de publicaciones…

Pero en 2011 también estalló la primavera de la indignación con el impulso de la red que los ¿políticos? como Wert y Sinde quieren convertir en otra televisión. También estalló, por cierto, el Caso SGAE. Lo hizo unos meses después de que Teddy Bautista recordarse emocionado que a Rajoy la SGAE le concedió la medalla de oro de la entidad por su fantástica labor como ministro de Cultura en la etapa de Aznar. Sí, una de las frases del año, que con la aprobación exprés de la Ley Sinde por Rajoy cobra todo su valor informativo:

Mariano Rajoy fue un ministro de Cultura fantástico, al que la SGAE le concedió la Medalla de Oro.

Más Información | Genbeta
En Nación Red | La Ley Sinde del PPSOE (y CiU) ya es una realidad

Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.

Ahora también es colaborador de Nación Red.

Ponencia impartida por Carlos Sánchez Almeida en el Curso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”, UIMP – Valencia, 28-30 de septiembre de 2011

1.- Hackers, grietas y burocracia

El título de esta conferencia, según el programa, tenía que ser “¿Por qué el legislador defiende la propiedad antes que la libertad?”. Era un título más ilustrativo que el elegido finalmente, que he tomado prestado de la novela de ciencia ficción de Richard Morgan, traducida en España por Jesús Gómez, publicada por Gigamesh, y disponible gratuitamente en las redes de intercambio y servidores de descarga de Internet que quiere cerrar la Ley Sinde.

Sí, el título original era más ilustrativo. Pero “Leyes de Mercado” resume a la perfección la situación actual de nuestro Parlamento en lo que se refiere a la autoría de su producción legislativa, muy particularmente en lo relativo a las leyes destinadas a proteger la propiedad. Y también refleja la Realidad contra la que intentan en vano lucha los legisladores y los que les dictan las leyes. La novela de ciencia-ficción Leyes de Mercado, que tengo en las manos en este momento en su versión papel, seguirá disponible en su forma binaria en internet mañana, pasado, y dentro de un año. Diga lo que diga la Ley Sinde, el reglamento de la Ley Sinde, y cuantas leyes de mercado quiera dictar el próximo Gobierno delegado de los Mercados. Porque esa y no otra es en Internet la verdadera Ley impuesta por sus verdaderos ciudadanos.

Cuando me invitaron a estas jornadas los organizadores me remitieron una lista de normas impuestas por la burocracia universitaria, una burocracia necesaria para organizar la vida académica, pero absolutamente incompatible con la agitada vida de plazos, juicios y recursos que hemos de sobrellevar los abogados. De hecho, me consta que hay compañeros de profesión que han tenido que renunciar a dar conferencias universitarias para no tener que sufrir la burocracia. Yo hago lo que la mayor parte de abogados hacen con las leyes: me comprometo a cumplir con lo establecido, y luego aprovecho las grietas de la letra pequeña.

Me pedían un abstract de la conferencia, y que remitiese el texto por anticipado. Algo imposible: ni yo mismo sé de qué voy a hablar cuando me pongo a escribir: el abstract solo lo puedo hacer como resumen, cuando ya he acabado de escribir, si el teléfono y el twitter me han dejado tranquilo. A veces envidio a aquellos que pueden trabajar de forma estructurada, con arreglo a un Orden inmutable. Yo convivo a diario con el Caos, y no sabría vivir de otra forma. Posiblemente por eso me gusta tanto Internet.

2.- Islas en la Red

El segundo título de ciencia ficción que citaré hoy: Islas en la Red fue una novela publicada por Bruce Sterling, pionero del ciberpunk y también autor de The Hacker Crackdown (“La caza de hackers. Ley y desorden en la frontera electrónica”). Dos obras publicadas en 1988 y 1992, respectivamente, que auguraban lo que iba a ser Internet. Como diría el mismo Bruce en el prólogo a Quemando Cromo, de William Gibson, los escritores de ciencia ficción son payasos sabios:

Somos Payasos Sabios que podemos saltar, dar cabriolas, hacer profecías y rascarnos en público. Podemos jugar con Grandes Ideas porque el extravagante colorido de nuestros orígenes de revista barata nos hacen parecer inofensivos.

El futuro profetizado por Bruce Sterling ya está aquí. Mercados conectados a la velocidad de la luz que chantajean a diario a sus Gobiernos delegados. Unos Gobiernos que han dejado de defender incluso a sus burguesías locales, ya que a su pueblo no lo defendieron nunca. Unos Gobiernos que debían encarnar el Orden, y que están genuflexos ante el Caos de los parqués bursátiles. Gobiernos de estados-nación, celosos guardianes de sus fronteras físicas, en un mundo donde el capital ya no tiene fronteras.

Bruce Sterling no fue el único profeta de la Hacker Revolution. Antes de que los vendedores de chatarra electrónica usurpasen el título, ser gurú era otra cosa. Y si hay que hablar de un gurú entre gurús, necesariamente tendré que citar a Hakim Bey, considerado por algunos como padre ideológico de los hackers, y auténtica autoridad en las leyes de las redes del Caos. Títulos estos un tanto pretenciosos: un verdadero hacker no reconocería autoridad patriarcal alguna ni a su propio padre.

Mucho antes de que la ley de los mercados contaminase las redes, mucho antes de que Internet llegase al gran público, en aquellos oscuros tiempos de BBS y módems ruidosos, Hakim Bey ya establecía las bases de la ciberutopía. Su ensayo de 1991, Zona Temporalmente Autónoma, anunciaba el #15M hace ya 20 años:

El TAZ es un campamento de guerrilleros ontológicos: golpean y corren. Mantén en movimiento a la tribu entera, aunque sólo se trate de datos en el Web. El TAZ tiene que ser capaz de defensa: pero tanto su ataque como su defensa deben, siempre que puedan, eludir la violencia del Estado, que es una violencia sin sentido. El ataque se hace contra estructuras de control, esencialmente contra las ideas; y la defensa es la invisibilidad un arte marcial y la invulnerabilidad -un arte oculto entre los marciales. La «máquina de guerra nomádica» conquista antes de ser notada, y se desplaza antes de que el mapa pueda ser reajustado. Por lo que concierne al futuro, sólo los autónomos podrán planificar la autonomía, organizarla, crearla. Es una operación que se autoinicia, fundacional. El primer paso tiene algo de satori: la realización del TAZ comienza con el simple acto de su realización.

A lo largo de estos últimos 20 años, la red ha mantenido el pulso frente al Estado. Cada vez que el poder político ha intentado establecer fronteras legales en el territorio de la frontera electrónica, la red ha mutado para eludir la agresión. En la mayor parte de las ocasiones los hackers han actuado como tribus nómadas, como una ciberguerrilla siempre en movimiento. Para eludir la vigilancia tuvieron que echarse al monte de la Red, hasta que las condiciones objetivas permitiesen que la revuelta cristalizase en el mundo físico.

Cada vez que enemigos de las libertades y defensores del Estado utilizan la palabra “pirata” en relación a la red me hacen reír, precisamente porque con ello le dan la razón a Hakim Bey, que citaba la utopía pirata de Libertalia como paradigma de la Zona Temporalmente Autónoma. Las verdaderas repúblicas de los piratas eran sus barcos: para los nuevos nómadas, la única utopía posible era la República Internet.

Así fueron las islas en la red, reductos de libertad frente al pensamiento único impuesto por Estados y Mercados. Así fue hasta la primavera de 2011.

3.- España: revolución, reacción y resistencia

La revolución de las telecomunicaciones en España corre pareja a los intentos del poder político de imponer su control sobre la sociedad de la información emergente, labor en la que encontrará un gran apoyo por parte de las empresas de medios de comunicación, que generan un discurso reaccionario frente a un modelo de distribución de información que no pueden controlar.

Pero con independencia de los intentos de control ejercidos desde la esfera política, policial y mediática, la red resiste el acoso del poder. Todo intento de control legislativo es respondido antes o después mediante una evolución técnica que provoca la inmediata obsolescencia de la norma jurídica.

El esquema se repite cíclicamente: la innovación tecnológica modifica de forma radical un status quo consolidado. Los beneficiarios del status quo que se derrumba reaccionan interesando del poder cambios legislativos para “adecuar sus derechos a la nueva situación tecnológica”. Y ante dicha normativa, surge una nueva evolución técnica: revolución, reacción y resistencia.

En breve seremos testigos de un nuevo capítulo del proceso descrito. En el momento que se apruebe el reglamento de desarrollo de la “Ley Sinde” y se constituya la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura, asistiremos a un cambio en la forma de distribuir enlaces en internet. A un problema jurídico se responderá con una respuesta técnica no prevista por el legislador, y la solución legislativa dirigida a retirar contenidos o bloquearlos se quedará perdida en una nube.

4.- La legislación TIC en España: 20 años contra la innovación

La problemática jurídica relacionada con las nuevas tecnologías era muy distinta hace veinte años, y se centraba fundamentalmente en la protección jurídica del software: la ya derogada Ley de Propiedad Intelectual de 1987, así como también derogada Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho Español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, unidas al artículo 534 bis del Código Penal entonces vigente, establecían un marco que permitía perseguir los delitos contra la propiedad intelectual de programas de ordenador. Y ese fue el cauce por el que muchos abogados –entre los que me cuento- tomaron un primer contacto con la problemática jurídica de las nuevas tecnologías. Eran discos flexibles de 5 y ¼, muy lejanos de la nube actual, pero la persecución entre titulares de derechos de autor y presuntos piratas del software había comenzado.

Obsérvese que en el primer conflicto el legislador ya antepone la regulación del derecho de propiedad a cualquier otro derecho o libertad. Pese a que la Constitución Española establecía ya desde 1978 en su artículo 18.4 que “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, tuvieron que pasar 14 años para que el legislador se preocupase por la intimidad informática de los ciudadanos, y ni siquiera eso: la verdadera razón de la ya derogada Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, LORTAD, fue evitar que periodistas y detectives pudiesen pedir información sobre casos judiciales.

Empecé a ejercer en 1987. Y recuerdo que durante mucho tiempo, incluso después de la entrada en vigor de la LORTAD, pedir información sobre cualquier persona en los Juzgados de Barcelona era lo más sencillo del mundo. No había que acreditarse en ningún sitio, ni demostrar un interés legítimo: bastaba con rellenar un pequeño formulario anónimo, poner el nombre de la persona sobre la que se buscaba información, y los atentos funcionarios de la sección de informática te devolvían el papelito lleno de datos sobre sumarios judiciales. Era evidente que tal sistema no podía sobrevivir entre los múltiples escándalos de corrupción que llenaron los periódicos por aquellas fechas.

Tras la LORTAD llegó el Código Penal, donde se incluyeron por primera vez delitos estrictamente informáticos, como la interceptación de correo electrónico, el acceso inconsentido por vía telemática a datos reservados o secretos de empresa, y los daños a programas y archivos binarios. Y con el Código Penal, en 1995, también llegó la red al gran público, lo que hizo necesaria la creación de brigadas policiales especializadas en controlar la red.

El Código Penal de 1995 tuvo en su día una inmerecida fama de progresista: nada más falso. Al tiempo que continuaba penando conductas como la insumisión al servicio militar, la ocupación de pisos vacíos o el aborto, dejó fuera de su cobertura jurídica la pornografía infantil. Un código que blindaba la propiedad en el mundo digital, penalizando la copia de programas de ordenador, los daños a la propiedad por vía informática, o la revelación de secretos digitales de empresas y particulares, dejó impune un delito contra la libertad de la magnitud de la pornografía infantil. A los autores del denominado “Código Penal de la Democracia” les preocupaba más la propiedad que la libertad.

Afortunadamente la omisión fue solventada en una reforma de 1999, pero ya para entonces las prioridades del legislador estaban claras: nueva Ley de Propiedad Intelectual en 1996, nueva Ley de Protección de Datos en 1999…Y rápidamente redadas contra hackers, “piratas” y demás proscritos, y expedientes administrativos a la Asociación contra la Tortura por publicar nombres de funcionarios condenados en Internet.

A partir del nuevo milenio los cambios se aceleran, y el ataque global a los derechos fundamentales tras los atentados del 11-S provocan un incremento de la represión legal en internet, siempre dirigido a blindar el derecho de propiedad en detrimento de derechos fundamentales como la intimidad o la libertad de expresión.

Un ejemplo: en noviembre de 2000 una moción aprobada por unanimidad en el Senado insta al Gobierno a regular el correo electrónico en las empresas, garantizando la inviolabilidad de las comunicaciones. Han pasado 11 años y tal legislación brilla por su ausencia. Por el contrario, se han desarrollado muchas iniciativas legales tendentes a proteger la propiedad de las empresas en el marco digital, muy especialmente las de las televisiones de pago.

En el año 2001 se inicia desde Kriptópolis una campaña contra el primer anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, denunciando su posible utilización como instrumento de censura y control. No olvidemos que los primeros anteproyectos incluso establecían un sistema obligatorio de registro para poder abrir una página web.

PP y PSOE tuvieron una actuación absolutamente vergonzosa en lo que se refiere a la Ley de Internet, intercambiando sus papeles según quién estuviese en el poder: así, en 2001 el PSOE se opuso a la LSSI, prometiendo su derogación al llegar al poder. Lo que hizo al llegar al poder fue blindarla, para que cualquier Administración pública pudiese proceder al cierre de páginas que afectasen a su esfera de competencia.

Del mismo modo, ambos partidos pactaron reformar en el año 2006 la Ley de Propiedad Intelectual, reduciendo a la mínima expresión las excepciones al derecho de autor, que de tal forma fue ampliado en el ámbito digital. Se produjo la paradoja que mientras se reducía el ámbito de la copia privada a su mínima expresión en el ámbito doméstico, prohibiéndolo a personas jurídicas, se ampliaba el canon de copia privada hasta el extremo, debiéndolo pagar también personas jurídicas, lo que llevaría a España a un ridículo internacional en el Tribunal de la Unión Europea.

Las sucesivas reformas penales acometidas por PP y PSOE en 2003 y 2010 no han hecho sino fortalecer la defensa de la propiedad inmaterial en internet, en detrimento de los derechos ciudadanos a la cultura y a la libertad de expresión. Los delitos contra la propiedad intelectual pasaron a perseguirse de oficio, se incentivó a las brigadas de investigación tecnológica a actuar contra páginas de enlaces, se crearon ex novo nuevos tipos penales para proteger el negocio de la televisión de pago, y se criminalizó toda actividad relacionada con el hacktivismo.

La Ley Sinde, Disposición Final 43 de la Ley de Economía Sostenible, resume los despropósitos de todos estos años. Una normativa dirigida a ampliar las atribuciones de la administración pública en internet, para así poder intervenir en un problema de derecho privado, se lleva a cabo prescindiendo hasta el extremo del poder judicial, y acaba siendo pactada por los partidos mayoritarios PP-PSOE y su bisagra periférica CiU.

El reglamento de la Ley Sinde, en fase de redacción en estos momentos, presenta en sus primeros borradores serias deficiencias: su disposición más preocupante es la que establece que en 72 horas los prestadores de servicios de intermediación en de internet deberán dar cumplimiento a las exigencias administrativas de retirada de datos o enlaces. El procedimiento administrativo gira alrededor del proveedor de contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor: a los prestadores de servicios de intermediación se los deja al margen del procedimiento hasta el final, en una clara situación de indefensión. Ello no obstante, y mucho antes de la aplicación práctica de la Ley Sinde, ya se están desarrollando soluciones técnicas para compensar con código informático lo que no soluciona el código jurídico

En todos y cada uno de los casos mencionados, las leyes nacieron obsoletas: solo sirvieron para incrementar las minutas de abogados especializados, así como la inventiva de programadores, hackers y webmasters. Toda ley absurda genera una solución técnica para esquivarla.

5.- Internet y poder mediático: historia de un desencuentro

Para entender las cíclicas campañas de desprestigio que ha sufrido la red por parte de los medios de comunicación convencionales basta con echar un vistazo al reparto de la propiedad de los grupos mediáticos en España. Es altamente recomendable la lectura de un artículo de Núria Almiron, Grupos privados propietarios de medios de comunicación en España: principales datos estructurales y financieros, publicado en la web de la Universidad de Navarra.

Editoriales, cadenas de librerías, periódicos, radios y televisiones en poder de las mismas manos: lo extraño sería que hablasen bien de internet. En cuanto descubrieron que no podrían controlarla, y de esto hace mucho tiempo, comenzaron a cargar contra la red. A lo largo de la última década, y en particular desde la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, los medios de comunicación españoles han apoyado todos los intentos de control jurídico de internet, muy especialmente las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Propiedad Intelectual: se trata en última instancia de defender su cortijo.

Internet ha dado al traste con todos los viejos modelos de distribución de obras culturales, en todos los sectores. Y salvo contadísimas excepciones, la industria mediática española no ha sabido reciclarse. Su única estrategia ha sido apoyar hasta el final los intentos del poder político de controlar la red.

Modificaciones legales para blindar el negocio de televisión de pago, prohibir el press-clipping, limitar el alcance de la copia privada, o autorizar la retirada de contenidos de la red por parte de la administración, han sido aplaudidas a rabiar por todos los grupos mediáticos españoles. No es extraño, en consecuencia, que las redes sociales donde eclosionó el movimiento #15M considere hostiles a los medios de comunicación tradicionales, situándolos al mismo nivel que a políticos y banqueros.

6.- Mayo del 11: desde la #leysinde al #15M

La aprobación de la Ley 23/2006, de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, vino precedida por multitud de críticas en internet, y en particular en las redes y agregadores de blogs. Sin embargo, la norma se aprobó con la práctica unanimidad del Congreso de los Diputados, evidenciando la escasa influencia que la red ejercía sobre la política real hace solo cinco años.

Todo había cambiado solo tres años después: la llegada al Ministerio de Cultura de Angeles González-Sinde, en abril de 2009, fue contestada masivamente desde las redes sociales. Su proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, al objeto de permitir la retirada administrativa de contenidos sujetos a derechos de autor, encendió en diciembre de 2009 Twitter y Facebook. En pocos días el Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet tenía más de 250.000 seguidores en Facebook.

A lo largo de todo el año 2010, la campaña contra la #leysinde fue tomando forma y aumentando seguidores. Coincidiendo con la aprobación del proyecto el 19 de marzo en Consejo de Ministros, importantes páginas de enlaces españolas llevan a cabo un cierre de 8 horas en protesta. El cierre anticipaba una protesta masiva de webs de enlaces 9 meses después: el 19 de diciembre: a dos días de la votación del proyecto en el Congreso, las páginas de enlaces españolas se fundieron a negro durante 12 horas, con un mensaje contundente que apuntaba al sitio No al cierre de webs:

Si se aprueba la Ley Sinde, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.

En No al cierre de webs se colgó un manifiesto que sería leído por más de cuatro millones de personas en un par de días. En dicho manifiesto (ver anexo) se solicitaba a los ciudadanos que no se limitasen a protestar en internet: que saliesen a la calle: “Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo.” “y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet.”

El cierre de páginas de cine y series de televisión, de gran audiencia en internet, provocó que el mensaje llegase a amplias capas de la población. La movilización en listas de correo y redes sociales haría el resto: en las horas previas a la votación en el congreso los diputados recibieron miles de correos de protesta.

El 21 de diciembre la votación parlamentaria es seguida con avidez a través de su emisión en streaming por Internet. Se produce la circunstancia que el mismo día que en el Parlamento español se debate la Ley Sinde, en el Parlament de Catalunya se está procediendo al debate de investidura del candidato a Presidente de la Generalitat, Artur Mas. CiU vota en contra de la Ley Sinde, que resulta rechazada por el Congreso de los diputados.

El 25 de enero, tras múltiples presiones de la industria editorial, se alcanza un pacto entre PP, PSOE y CiU para resucitar el proyecto de Ley Sinde en el Senado. A los pocos días empezó a gestarse el proyecto #nolesvotes, primero en Twitter y después desde el web Nolesvotes.com y el wiki.nolesvotes.org

#nolesvotes nació como un proyecto aglutinador: su aspiración no era otra que sumar descontentos, primero en la red y después en la calle, sirviendo de caja de resonancia al profundo malestar de la sociedad frente a la actuación de la clase política. Desde enero hasta mayo, fue uno de los hashtags de referencia en la internet española, y sirvió como altavoz a todas las iniciativas que se fueron sucediendo para evidenciar el malestar de la sociedad con respecto a la situación política y económica. Al revisar mi TL de esas fechas, es curioso ver los hashtags que se van sumando poco a poco a #nolesvotes: #sinfuturo, #sinmiedo, #estadodelmalestar, #indignaos, #reacciona, #democraciarealya y #15M. Un estudio en profundidad sobre la influencia de dichos hashtags en la explosión de Mayo del 11 puede consultarse en la web del Instituto Universario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza.

7.- República Internet: una advertencia para el futuro

El análisis del #15M y su evolución posterior no es objeto de esta conferencia, limitada a los conflictos entre propiedad y libertad, y la escasa autonomía del legislador español con respecto a los verdaderos titulares del poder: el poder económico y mediático. Ello no obstante, sí me interesa dejar aquí una advertencia para el futuro: si es atinada o no, solo después de algunos años podrá evaluarse adecuadamente.

Desde mis primeros textos en internet, y hablando precisamente del derecho de reunión, vengo diciendo que pese a que la red permite crear organizaciones a coste muy reducido, esa fuerza de la red es también su principal debilidad, porque solo se toma en serio a un movimiento político cuando es capaz de llenar las avenidas. En marzo de 2009, al comenzar mi última serie de conferencias, disponible en http://www.culturalibre.org, dejé escrito lo siguiente:

Las nuevas tecnologías cambian la forma de ejercer los derechos. Pero en última instancia, los derechos de reunión y manifestación quedan en letra muerta si no se ejercitan: de nada nos sirven si no pensamos movernos del sillón.

Quizás el gran reto del siglo XXI no sea más que éste: entender que no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Entender que si de verdad es cierto que la soberanía reside en el pueblo, ha llegado la hora de que el pueblo ejerza sus propias responsabilidades de forma directa, sin delegaciones ni intermediarios.

Más allá de la crisis económica, vivimos una crisis de sistema. Nuestros intermediarios políticos han demostrado su inutilidad para gestionar los inmensos desequilibrios que genera un sistema social injusto. Pero de poco sirve quejarnos de ellos, mientras nos desentendemos de la toma de decisiones que sólo a nosotros nos corresponden.

Sólo cuando el Estado y el Mercado nos dejen sin protección social, empezaremos a entender que sólo somos partículas elementales, que nada pueden conseguir en solitario. Tenemos que reconstruir en el mundo real, y no sólo en Internet, las redes sociales destruidas por el individualismo salvaje. Y eso sólo puede hacerse llevando nuestra asamblea virtual permanente a las calles, a las fábricas, a los despachos.

Ha llegado el momento de que los habitantes de la sociedad conectada se pongan de pie, abandonando el sedentarismo del consumidor indolente. Las pantallas son armas de doble uso: pueden servir tanto para comunicarnos como para encadenarnos. De nosotros depende, en última instancia, escoger el camino.

Tenemos las herramientas, Internet y los ciberderechos: ha llegado la hora de utilizarlas en el mundo real.

Durante todo 2009, 2010 y buena parte de 2011 no he cesado de pedir que la red saliese a la calle. En mayo de 2009 fuimos poco más de 300 peatones a la Plaza del Rey de Madrid, para protestar ante el Ministerio de Cultura. En diciembre de 2009 ya fuimos unos cuantos más. Desde mayo de 2011 ya han salido a la calle unos cuantos cientos de miles, quizás millones. Pero ahora me pregunto si no es quizás el momento de reflexionar.

La red no es nada sin la calle, pero la movilización callejera por sí misma no sería nada sin internet. Al consultar este texto con mi amigo Ricardo Galli me hizo una inteligente observación sobre uno de los puntos débiles del ciberpunk, y en general del ciberactivismo de los años 90: el presentar la red como un espacio nuevo, de “otra gente”, otra “república” paralela o alternativa a la realidad.

Ricardo tiene razón: el dualismo internet-mundo real es un error, especialmente si lo llevamos a la acción política. La red somos las personas, las mismas que viven en la “democracia” o “república” de su barrio. El ciberpunk parecía proponer a la gente “emigrar” a otro estado diferente, casi como ofrecerles una colonia en la Luna. La práctica cotidiana de los últimos meses nos ha demostrado que toda acción política pasa simultáneamente por la calle y por la red, porque la red ya es la mitad de lo real, y para algunos la mejor mitad.

En consecuencia, y después de años diciendo que la red tenía que salir a la calle, no voy a decir aquí que haya que hacer el camino inverso, de la calle a la red: no, eso ya es imposible. Lo que me planteo es lo siguiente: si en buena parte hemos llegado aquí gracias al trabajo solidario de miles de personas organizadas en red, si es esa misma red solidaria la que mantiene activo el movimiento #15M… ¿no será la red lo primero que intente desactivar el poder? ¿No será necesario que nos mantengamos alerta para evitar que nuestro principal bastión sea también nuestro punto más vulnerable?

Ellos defienden su propiedad: lo han hecho durante milenios, y lo seguirán haciendo. Seguirán comprando a políticos para que blinden sus privilegios, y seguirán teniendo todos los recursos durante mucho tiempo, muy especialmente en el terreno mediático.

No lo olvidemos, especialmente cuando llegue el frío a las calles. Cuando el Estado y el Mercado se alíen de nuevo para imponer leyes y constituciones redactadas al dictado del poder financiero, “Leyes de Mercado”, leyes a medida de los detentadores de la propiedad, no podremos contar con los medios de comunicación que pertenecen a esos mismos propietarios.

Internet es nuestro último baluarte, y vendrán por ella. Estemos alerta para cuando llegue ese momento, porque para defender la libertad en la red solo contaremos con nosotros mismos.

Valencia, 30 de septiembre de 2011.

Foto | jko contreras

Para Carlos Sánchez Almeida el actual modelo de canon digital y de gestión de derechos de autor es inviable, “y no por las cuitas procesales de la SGAE, sino porque no es democrático ni eficaz”. Hoy en su blog, el conocido abogado defensor de las libertades, hace explícitas las claves de un modelo alternativo que a lo largo de su trayectoria ha venido “apuntando” y que seguro es compartido por muchos. Sobre todo, lo más importante, contribuye a relanzar un debate que hoy ya es inevitable afrontar incluso por los “políticos” del bipartidismo imperfecto.

Por su interés reproducimos esas “seis claves” de un posible modelo alternativo “que concilie el derecho de los creadores a obtener una remuneración digna por su trabajo con el derecho del público a acceder a la cultura en el marco de una sociedad digital abierta”:

Intervención de todas las entidades de gestión al amparo del artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Creación de un organismo público de gestión de derechos de autor donde pueda integrarse el personal laboral de las extintas entidades de gestión.

Establecimiento de un impuesto sobre derechos de autor pagadero por las operadoras de telecomunicaciones de banda ancha, principales beneficiarias de un tráfico de contenidos que no puede ser censurado. Dicho tributo no podrá ser repercutido sobre los usuarios.

Control del reparto de derechos de autor mediante una comisión designada democráticamente por los creadores, fiscalizada adecuadamente por la administración pública.

Reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, con adaptación real a los nuevos modelos de negocio que posibilita la red de redes.

Abolición de la Ley Sinde, del actual modelo de canon digital, y de cualquier normativa de censura de internet.

Vía | Jaque Perpetuo (El Mundo)

Con el título “15M, movimientos sociales y ciberactivismo”, la Sección de Derecho de las Tecnologías de la Información del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona celebró un coloquio en el que participaron Arcadi Oliveres, Josep Jover y Carlos Sánchez Almeida. Además de publicar el vídeo del acto, hemos traducido un pasaje del mismo que se desarrolló en catalán y en el que Carlos Sánchez Almeida hace una interesante reflexión:

Bien. Contestaré en catalán, dado que te has dirigido a la mesa en catalán. Y básicamente discrepo en que no haya un mensaje político. El principal mensaje político es praxis. Praxis. Es decir, el principal mensaje político es cómo se toman las deliberaciones, cómo se hacen las discusiones, cómo se articula el movimiento, cómo interiorizamos la democracia todos nosotros en el debate cotidiano en la red, primero de todo.

No se trata de coger a cuatro periodistas del régimen y ponerlos en el 59 segundos, para que hablen durante 59 segundos y les quites el micro: el poder del control del micro lo tiene el medio de comunicación. Esto ha desaparecido: a partir de ahora el micro lo tienen todos los ciudadanos. Y esto es una praxis democrática que hemos conseguido que llegue a toda la sociedad. Este es el principal mensaje.

El segundo mensaje es el mensaje de descentralización. Es un mensaje que viene directamente de la práctica política del software libre, que es una práctica de construcción de una realidad alternativa en la red. Porque son los que han construido la red, y la han construido de una forma democrática y descentralizada. Este es el segundo mensaje.

El tercer mensaje también es un mensaje constructivo. Lo que se trata es de llegar al máximo consenso sin las divisiones estereotipadas de izquierda y derecha, de nacionalismo y centralismo con las cuales los medios de comunicación nos han hecho jugar durante treinta años. Y este consenso de mínimos se basa principalmente, y es el primer punto del consenso de mínimos de la Puerta del Sol, es precisamente, precisamente, el cambio de la ley electoral. Una ley electoral absolutamente injusta y hecha a medida de los partidos mayoritarios y de los nacionalismos periféricos que les han dado apoyo durante estos treinta años. Este es el primer punto (del consenso).

El segundo punto es una separación efectiva de los poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial, sin que exista la continua agresión a la independencia judicial por parte del poder ejecutivo que estamos padeciendo. Y que hemos padecido incluso en estos días en Barcelona, a raíz de la carga de los Mossos d’Esquadra en Plaza Catalunya.

El tema es ir articulando mecanismos de participación: este es el principal mensaje político. Después, los programas efectivos, estos programas para distraer que tienen los partidos políticos cuando se presentan a las elecciones –que después no cumplen nunca, nunca- ya se harán, pero se deberán construir entre todos.

La idea ha sido canalizar todos los nodos de la red, canalizar todos los movimientos sociales, que se pongan a debatir, y a partir de esta participación democrática, dar el segundo paso adelante. El tema es que obviamente esto no le gusta a quien controla el mercado de la información, a poderes tan poco democráticos, tan poco democráticos, como los consejos de administración de los bancos y de los diarios. Unos consejos de administración que incluso tienen reminiscencias feudales, y no tengo que decir que el ABC estuvo presidido por el Marqués de Luca de Tena; el Grupo Planeta, el ADN, La Razón, lo tiene controlado el Marqués de Pedroso de Lara; y La Vanguardia que lees cada día pertenece al Conde de Godó.

Este es el tema: estamos cambiando toda una sociedad jerarquizada en forma piramidal –piramidal llena de momias, llena de momias- y la estamos cambiando por una sociedad en red que se ha de construir. Se ha de construir primero en la red, hemos de dar autonomía a los nodos de la red para que puedan debatir democráticamente y en pie de igualdad, sin ninguna exclusión. Y a partir de aquí, una vez construidos los nodos de la red como una red neuronal, de esta red neuronal surgirán las ideas.

Estos son los pasos. Los que todavía defienden el sistema piramidal y todavía están al lado de la momia deberán decidir dónde quieren estar: si dentro de la pirámide, hasta que esto se hunda, o prefieren participar en este diálogo democrático que estamos construyendo entre todos, sin ninguna exclusión.

Vía | bufetalmeida.com

Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.

Ahora también es colaborador de Nación Red.

Ante los graves decisiones judiciales que cercenan el derecho de reunión y expresión publicamos de nuevo este artículo que se publicó originalmente el 13 de mayo.

El Título Preliminar de la Constitución Española menciona cuatro instituciones. Todas ellas están organizadas de forma piramidal, a la usanza del Viejo Siglo Veinte: partidos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y fuerzas armadas. Pero exceptuando al ejército, hay una exigencia constitucional para partidos, sindicatos y patronales: su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

A lo largo de los 33 años transcurridos desde que entró en vigor la Constitución de 1978, el nivel de degradación de las instituciones que deberían articular la participación democrática de los ciudadanos no ha dejado de aumentar. Que el presidente de la patronal haya protagonizado una de las quiebras más vergonzosas de la historia empresarial de este país ilustra perfectamente hasta dónde hemos llegado. Sobre el grado de representatividad y capacidad de movilización de partidos políticos y sindicatos es casi mejor no hablar: basta con echar un vistazo a las cifras de abstención o de paro.

La democracia representativa fue construida alrededor de estructuras jurídicas y organizativas de la sociedad industrial articulada en torno al estado-nación. La globalización de los mercados financieros ha mermado el poder de los estados de forma alarmante, hasta el punto de limitar su función al mantenimiento del orden público: al sistema económico lo único que le interesa del poder político es que gestione con eficacia el ejército, la policía y el sistema judicial y carcelario.

Estamos presenciando el derrumbe paulatino de una sociedad basada en unas estructuras que ya no representan a la ciudadanía. Quien decide la política de los partidos, de los sindicatos y de las patronales no son las bases que deberían garantizar la representatividad democrática, sino unas cúpulas elitistas cada vez más alejadas de la ciudadanía real. Y frente a ellas, se alza una sociedad en ebullición que está construyendo a diario nuevos nodos de debate ciudadano, autoorganizándose en una inmensa red social cada vez mejor comunicada.

No hablo solo de internet, porque la sociedad red emergente es mucho más amplia que la red de redes. Hablo de los millones de conexiones que se tejen a diario entre las personas que con su trabajo mantienen activa la base de las pirámides. Hablo de conexiones de datos, de voces, de bocas y orejas, de la red social más poderosa que jamás ha existido: la que se teje y se articula alrededor de la solidaridad humana.

Lo único que les interesaba de nosotros era nuestro voto, garantizarse que nos representaban para poder tomar decisiones en nuestro nombre. Y con nuestro voto, con nuestra legitimación, han entregado el poder real a instituciones no democráticas, a poderes financieros que defienden sus propios intereses al margen de las necesidades de la ciudadanía.

Durante años han intentado recluirnos, alejarnos de las calles y de la participación democrática. Desde nuestros domicilios, en internet, sólo somos una confusa amalgama de ciudadanos aislados que ejercen el derecho al pataleo virtual. A las estructuras hegemónicas del poder político, económico y mediático ya les viene bien así: no importa que gritemos desde la red, mientras sigamos consumiendo en casa.

Hay dos derechos que necesitan visibilizarse para ejercerse en plenitud: el derecho de manifestación y el derecho al voto. Unos derechos que en las sociedades mediterráneas se convierten en un verdadero placer si se ejercen en primavera. Si hay un momento adecuado para salir a la calle, y ser nosotros mismos, es precisamente en este mes de mayo.

Tenemos mucho que decidir juntos, y tiempo tendremos de debatirlo. Quizás nuestra Constitución requiere una reforma integral, que asegure y mejore la participación democrática: como decía al principio, las instituciones que deberían garantizarla se han degradado en exceso. Pero ese proceso empezará después de que ejerzamos nuestro derecho de manifestación y nuestro derecho al voto.

Del 15 al 22 de mayo, nos vemos en las calles. Por una libertad real. Por una igualdad real. Por una justicia real. Por una democracia real.

Me gustaría que me dejaran en paz con las aduanas, con los abogados, y con todo. Sólo espero que la sentencia me sea favorable. - Alejandro Fernández

Visto para sentencia. Nintendo mantiene su petición de 23 años de cárcel para el joven comerciante de Avilés acusado de la venta ilegal de cartuchos que modifican la consola Nintendo DS. La Fiscalía deja la petición de cárcel en un año y nueve meses. La sentencia se conocerá en una o dos semanas.

Para Carlos Sánchez Almeida, abogado del acusado, esta será “la sentencia más importante sobre comercialización de cartuchos, en un sentido u otro, ya que hasta ahora no se ha entrado al fondo del asunto”.

Durante el juicio el fiscal ha llegado a comparar el software libre con la piratería, y ha asegurado que el software libre “esconde muchos intereses comerciales ocultos”. Suena fuerte. Suena también a la BSA, los favoritos del otro ministerio. Hablando de intereses comerciales ocultos…

Por otra parte avanza la decidida actuación de un grupo de tiendas informáticas contra Nintendo, entre ellas la de Alejandro Fernández, que denunciaron a la multinacional ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por incumplir la Ley de Diseño Industrial en los cartuchos de la DS.

Nintendo estaría incumpliendo una normativa comunitaria que establece que la innovación tecnológica no debe ser dificultada concediendo protección de diseños a características dictadas únicamente por una función técnica. El objetivo de los promotores de la denuncia es evitar monopolios sobre soluciones técnicas sin cumplir las relativamente estrictas condiciones establecidas en la ley de patentes.

Los demandantes explican que el uso de esos cartuchos permite dotar de memoria interna a la consola y ejecutar programas creados por el propio usuario. Pero antes se conocerá la sentencia del juicio hoy visto para sentencia y que ha merecido la atención del Telediario probablemente ante lo abultado de la pena de cárcel que pide Nintendo para el joven comerciante de Avilés. Un año menos de los que ha estado, antes de fugarse, el etarra Troitiño.

En Nación Red | Nintendo: “Internet nos perjudica”
Vía | El Mundo

La multinacional de los vídeojuegos acusa a un comerciante de Avilés, Alejandro Fernández, de varios delitos continuados: defraudación de la propiedad intelectual (12 años de prisión en total), defraudación de la propiedad industrial (8 años de cárcel) y revelación de secretos (tres años más). Además le reclama el pago de 840.000 euros en concepto de indemnización por los cartuchos que el imputado vendió en su tienda (unos 1.400 dispositivos de M3 DS Real).

Nintendo acusa al joven comerciante de vender en su establecimiento cartuchos que permiten modificar la función originaria de la consola Nintento DS. El caso que viene de muy atrás se ha reactivado y el próximo martes Alejandro Fernández se sentará en el banquillo de los acusados. Su caso es una excepción ya que otros similares se sobreseyeron o bien se produjeron “acuerdos entre las partes” aceptando sentencias leves de conformidad porque “no tenía dinero para luchar frente a Nintendo. Somos una tienda pequeña y teníamos miedo de perderlo todo, hasta la casa. Aceptamos los cargos porque nos salía más barato que ir a juicio, pagar a peritos, informes, etc.”, explicaba la propietaria de una tienda que fue condenada.

En el caso de Alejandro Fernández, su abogado, Carlos Sánchez Almeida, defiende que “tal y como se desarrollaron los hechos no son constitutivos de delito alguno” por lo que sólo cabe la libre absolución. Sánchez Almeida ha mostrado su “extrañeza” porque la Fiscalía se haya personado como acusación en el caso. Más cuando existen varias sentencias y un auto de 17 de noviembre de 2009 del juzgado de instrucción número 4 de Salamanca en el que la Fiscalía solicita el sobreseimiento de un caso paralelo al de Alejandro Fernández. Son sentencias firmes que incluso dejan bien a las claras que no es delito manipular el hardware para ampliar su utilidad ya que no implica que se haga para usos exclusivamente ilegítimos.

Nintendo no se ha movido, sí la Fiscalía. Algo ha cambiado en España…

Foto | martins.nunomiguel
Vía | La Nueva España
En Nación Red | Nintendo: “Internet nos perjudica”

En su afán por defender a Esperanza Aguirre, más allá de sus propuestas políticas, Libertad Digital ha relacionado la reapertura del caso de espionaje en la Comunidad de Madrid con NoLesVotes. En concreto con “El Bufete No Les Votes”. La noticia de Libertad Digital nos ha recordado a la delirante y burda conspiración que se inventó el socialismo extremeño.

Ahora, un error como es el de confundir el bufete de Carlos Sánchez Almeida con el de Cristina Almeida, al parecer una hermana de ésta ha sido la ponente del auto que reabre el caso del espionaje, ha llevado al periódico de Jiménez Losantos a relacionar este titular “La hermana de Cristina Almeida reabre el caso del supuesto espionaje a Cobo” con este subtítulo: DESDE EL BUFETE: “NO LES VOTES”. Aquí lo explican todo:

Este mismo miércoles en que se ha conocido la decisión judicial, en el Twitter de Cristina Almeida se publicó la noticia, de El País, junto a un ‘trendic topic’ que apuntaba “no les votes“, en clara alusión al PP.

Pero el mensaje y el twitter son del bufete de Carlos Sánchez Almeida.

Más Información | @bufetalmeida (twitter)
Vía | Libertad Digital