BSA

¿Qué tienen en común Apple, Microsoft, Autodesk, Bentley Systems, Dell, Corel, Intel o Kaspersky? Todas ellas dan apoyo, de manera indirecta, a SOPA (Stop Online Piracy Act), ese proyecto de ley que pretende cerrar cualquier web que utilice material con copyright sin el consentimiento del autor, sin tener en cuenta matices como, por ejemplo, el fair use.

Todos estos gigantes del sector tecnológico forman parte de la Business Software Alliance (BSA), una asociación internacional sin ánimo de lucro que defiende los intereses de compañías relacionadas con el desarrollo y la venta de software. Entre las prioridades de la BSA están fomentar la innovación del sector, pero también ejercer como lobby para que se aprueben leyes como, en este caso, SOPA. De hecho, en su página web, “proteger la propiedad intelectual” figura como su prioridad número uno.

La BSA, en relación con los debates políticos sobre SOPA de estos días, ha afirmado:

La Business Software Alliance felicitó hoy al presidente del Comité Judicial de la Cámara Lamar Smith (R-Texas) por la introducción de la Stop Online Piracy Act (HR 3261) para frenar el crecimiento de la piratería de software y otras formas de robo de propiedad intelectual que se cometen por sitios web ilegales.

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Lo cuenta hoy el diario Público. El Gobierno traspasó el control de la SGAE hace 8 días tras pactar con el PNV. ¿Es posible traspasar competencias que no se tienen? Sí, en España todo es posible. Salvo que todo sea “una puta mentira”, como comentaba Neri sobre las ayudas públicas que recibía del Ministerio de Industria.

Un día antes de la intervención de la Guardia Civil, que incluyó la detención de directivos de SGAE por el presunto desvío de fondos de la gestora, el BOE recogía el traspaso al País Vasco de toda una serie de competencias. Habían sido acordadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el PNV para sacar adelante en el Congreso la normativa sobre negociación colectiva, que figura en ese mismo BOE.

El traspaso de competencias incluye el “control de todas las entidades de gestión que operen en la comunidad. Ello incluye la fiscalización de documentación contable, de declaraciones-liquidaciones anuales y de la relación de pagos efectuados” y “la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa estatal de todas las entidades”, así como “la obligación de administrar los derechos, las características de los contratos, el reparto y la función social”.

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Más de 18 organizaciones que representan los intereses de la oligarquía del copyright han aplaudido a la Comisión Europea de Barroso por aprobar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) y enviarlo al Consejo de Rompuy y al Parlamento Europeo para su aprobación final. De los parlamentos nacionales no dicen nada pues no quieren saber nada. Creen que se podrá – podrán, que para eso son un lobby – evitar el trámite.

Las organizaciones que apoyan la Comisión Europea y urgen a ¡firmar el ACTA ya!, incluyen a la Asociación Internacional de Marcas (INTA), la Acción Empresarial para Detener la Falsificación y la Piratería (BASCAP), Anti-Counterfeiting Group (ACG), Business Software Alliance (BSA), ECTA, la Confederación Europea de la Confección y el Textil (EURATEX), la española EGEDA, la Federación de Editores Europeos (FEP), la Federación de la Industria de Artículos Deportivos Europea (FESI), la Cámara de Comercio Internacional del Reino Unido (CPI Reino Unido), la Federación de Software Interactivo de Europa (ISFE), la investigada IFPI, INDICAM, el grupo Antipiratería italiano, MARQUES, Toy Industries of Europe (TIE), la Union des Fabricants (UNIFAB) y la Verein für Anti-Piraterie austriaca.

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El Congressional International Anti-Piracy Caucus, un comité de setenta senadores y congresistas estadounidenses, ha advertido a Canadá, China, Rusia, Ucrania y España ‘que deben dejar de mirar para otro lado mientras se producen robos a plena luz del día contra la propiedad intelectual” y en el caso español instan con vehemencia al gobierno a identificar a los usuarios más habituales de P2P, así lo manifestó el portavoz del caucus en la presentación de otro top-pirata en el centro de visitantes del Capitolio.

El nuevo informe reconoce, no obstante, que se están dando pasos positivos en materia de legislación (su Ley Sinde), si bien insiste en que “la disponibilidad de material pirateado es tan amplia a través de las redes P2P que los daños a las industrias de contenidos siguen siendo muy sustanciales”. De tal forma que se insta al gobierno español a luchar contra las páginas que ofrecen enlaces a contenidos ‘ilegales’, modificar la legislación para que los titulares de derechos puedan emprender acciones civiles contra aquellos internautas más reincidentes y dejar claro que el derecho de copia privada no es aplicable cuando la obra (canciones, películas…) se obtienen de manera ‘ilegal’.

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El lobby le ha puesto los sellos de su tinglado global a la carta en la que advierte a los eurodiputados de las consecuencias – otra amenaza más -de no firmar ya ACTA. Están todos. Las televisiones privadas de la concesión o licencia gubernamental, la MPAA (Hollywood), la BSA (los que equiparan el software libre con la piratería), EGEDA (los de Cerezo). Los representantes de un modelo no competitivo asociado con los dos grandes partidos y “las viejas clases de linaje” (David de Ugarte dixit).

El poder que no se vota pero tiene voto. Es la democracia representativa de lobby. Klaus-Heiner Lehne presente. Capaces de todo. De cualquier cosa. Frente a ellos este político de la minoría que no se cuadra ante ellos y su poder. No es casualidad que sea el eurodiputado más joven y tampoco lo es que sea un dirigente de Los Verdes alemanes.

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España está por debajo de la media mundial de piratería de software, según un estudio presentado por Business Software Alliance (BSA). El índice de descargas no autorizadas de programas informáticos está en el 42%, mientras que el cálculo internacional es del 43%.

En relación con las comunidades autónomas, la que presenta la mayor tasa es Andalucía, con un 58%, mientras que la menor está en Navarra, un 28%. Para poner una referencia, los niveles de piratería de software en Grecia, Egipto o Colombia están entre el 50% y el 60%. En cambio, en países históricamente ejemplares como Suecia, Holanda o Noruega el dato es inferior al 30%.

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Capaces de hacerlo aunque todavía hay que confiar en que les quede un poco de vergüenza. Claro que pensando en el presidente del Congreso, que debe autorizar esta desfachatez, pues vete a saber, cualquier cosa puede ser.

Y es que según parece sus señorías contemplan aplicar el reglamento y forzar el mecanismo de la Competencia legislativa plena que se reserva a proyectos de poca importancia.

Este procedimiento especial, sospechoso y escapista cuando se fuerza, posibilita la aprobacion de leyes exprés en el Congreso de los Diputados por la Comisión correspondiente (Interior, Defensa, Cultura, Asuntos Exteriores, Economía...) y el proyecto de ley pasa directamente al Senado, sin ser debatido en el pleno de la Cámara, tal como se haría en una tramitación normal.

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La Business Software Alliance (BSA) agrupa a empresas como Microsoft, Apple, Adobe o IBM. La BSA y Luis Frutos, el hombre del “software legal” en España y las campañas que paga Sebastián con el dinero de todos. BSA, tres letras, una sigla que impone respeto político en las provincias del imperio.

Es, sin duda, el mayor lobby del mundo dedicado a la defensa de la industria tradicional del software, trabajando en más de 80 países. En estrecha colaboración con la embajada. Faltaría más. Su hombre en España, Luis Frutos, el cooperador necesario en el Plan que ejecutó EE UU para conseguir una ley antidescargas en España. Banana Republic, pero con Juan Carlos primero.

Previa: Tan vergonzosas como las referencias a Frutos y la BSA, la insolente y poderosa BSA de las presiones permanentes, son las que a Aldo Olcese aparecen en los cables, pero de esas, una está localizada, hablaremos más adelante, cuando salgan a la luz el 95% de los despachos enviados a Washington sobre “propiedad intelectual” que El País no ha querido publicar.

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Escupen los teletipos como verdad oficial, ya tocaba, los datos del Observatorio de Piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, elaborado por la consultora estadounidense IDC, cliente habitual de la BSA, que ha encargado, como es habitual, la Coalición de Creadores que preside Aldo Olcese.

Los medios tradicionales informarán lo suficiente ¿sin el menor espíritu crítico?. Ahí están los datos. En Nación Red nos han llamado más la atención las declaraciones de Olcese en la presentación del “informe pirata”.

En concreto el mensaje que le ha enviado a los operadores que se han mostrado críticos con el poder y competencias de la Comisión de la Propiedad Intelectual y el posible bloqueo de los juzgados. No hay de que preocuparse. Lo tenemos, Sinde y yo, todo previsto, le ha faltado decir al lobbista.

No va a haber bloqueo de juzgados. Lo habría habido si se hubiera ido por el camino que querían los operadores de telecomunicaciones y los usuarios, que era el de que todo fuese judicializado y no hubiera Comisión de la Propiedad intelectual.

La judicialización total de todos los procedimientos nunca fueron nuestra tesis, sino la judicialización de las páginas web.

En ese mismo sentido aseguró que “Internet es la base de la sociedad del conocimiento y, por lo tanto, es algo que hay que preservar”. No obstante, añadió que, “no puede ser que en el mundo físico haya muchas normas y en el ciberespacio no las haya”.

Foto | UNIA