Audiencia Nacional

El derecho al olvido llama a la puerta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y quien acciona las aldabas no es otra que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de España, que pregunta cómo debe actuar ante las peticiones de borrado de datos en internet que le plantean los 130 casos que tienen pendientes.

Y para muestra, toman un botón que a primera vista parece escrito por Mariano José de Larra, pero no. Sólo la lectura de las tres primeras páginas de este auto valen más la pena que muchos guiones de cine. Como de Herodes a Pilatos, pero en versión digital y con Google como vértice de la controversia, este caso plantea a los jueces una pregunta obvia: ¿con esto qué hay que hacer, oiga?

El presente recurso plantea el problema referido a las obligaciones que tienen los buscadores en internet (en este caso el buscador Google) en la protección de datos personales de aquellos afectados que no desean que determinadas informaciones, publicadas en páginas web de terceros que contienen sus datos personales y permiten relacionarles con la misma, sean localizadas, indexadas y sean puestas a disposición de los internautas de forma indefinida.

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Según Interior, el informático de ETA era uno de los mejores expertos informáticos con los que cuenta ETA, y el responsable de las últimas innovaciones de los terroristas en disciplinas como la esteganografía y la criptografía, que se utilizan para la ocultación y el cifrado de mensajes y documentos. Eso nos contaron cuando lo detuvieron.

También nos decían que el presunto responsable de la estructura informática de ETA llegó incluso a anunciarse como experto informático en varias páginas web de información y contacto profesional entre empresas y particulares. No había dudas. Era informático.

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No sé donde irá el 15M: le queda mucho recorrido, y precisamente por eso necesita tender puentes. Como en aquella novela de Priest, El Mundo Invertido, es toda una civilización que avanza lentamente. Como un caracol, con toda una metrópolis a cuestas. Van a cambiar el mundo de muchas formas. Pero de todas sus acciones, ninguna será tan bella como #stopdesahucios. – Carlos Sánchez Almeida

El ex alcalde socialista de Granada Antonio Jara fue elegido hace dos años presidente de Caja Granada en virtud de un acuerdo entre el PSOE y el PP.

El viernes, pocas horas antes de iniciarse la Conferencia Política del PSOE en Madrid, la policía de Interior, a las órdenes del candidato del PSOE por Zamora, cargaba contra los activistas del 15-M que pretendían impedir el desahucio de un hombre con el 100% de invalidez en la colonia rural de Caulina (Jerez).

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“El Concello de Ponteareas fue el primero de Galicia y el segundo de España en ofrecer un servicio de Wifi gratuito, hace casi una década. A día de hoy, sería impensable para sus habitantes no disponer de esta red para conectarse”, cuenta una crónica del Faro de Vigo sobre el efecto de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que como aclara el propio periódico, “no afectará a esta localidad, puesto que está inscrita en el registro de operadores de la CMT”.

Pero el propio concejal de Nuevas Tecnologías de Ponteareas, Alberto Novoa, denuncia las restricciones o limitaciones que sufren y lo difícil que es cumplirlas. Por ejemplo, “no se puede impedir que la red entre en las casas”, como les obliga la “normativa”. El concejal del pequeño municipio gallego no es optimista, “me imagino que van a ir a por todos”, apuntando a “intereses por parte de las operadoras”.

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La Audiencia Nacional ha declarado ilegal el WiFi gratuito instalado en los edificios municipales de Málaga confirmando la sanción impuesta por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) por ofrecer acceso gratuito a internet sin cumplir con la legalidad.

La Ley General de las Telecomunicaciones obliga a cualquier operador – empresa o administración – a inscribirse en el Registro de Operadores como proveedores de Internet y a pagar la tasa correspondiente salvo que esas redes solo den acceso a páginas del organismo público que da el servicio. El Ayuntamiento de Málaga incumplía ambos extremos, según la sentencia que confirma la la multa de 300.000 euros al municipio. Aunque la propia CMT había inscrito de oficio al Ayuntamiento como operador en mayo de 2010, éste se mantenía en “rebeldía” (no lo consideraba necesario) y por lo tanto no cumplía con las obligaciones que tiene un operador.

En todo caso el WiFi municipal de Málaga habría sido legal (aunque no habría sido Internet lo que ofrecía) respetando la figura o concepto de la “autoprestación”, es decir, la administración que explota la red debe limitar todo lo posible el acceso y la navegación libre y “vincularla al desempeño de las funciones propias de la administración” según el espíritu y la “norma” que inspira la circular 1/2010 de la CMT (pdf).

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Soy trabajador de una importante industria farmacéutica en Madrid y puedo hacerme de suficiente sustancias peligrosas para boicotear las protestas antipapa. Esta es mi lucha: A matar maricones y cualquier aberración antihumana durante sus manifestaciones en contra de la Iglesia Católica

En España hay demasiados policías, como al que se escucha en el vídeo que encabeza este post, a los que se les va la mano y la cabeza. Hay otros policías y servidores públicos, que también parecen indignados, pero por como se resuelven sus investigaciones (tarde o/y mal) en los tribunales (corrupción política, financiera, secuestro de bebés, caso SGAE...) cuando aparecen implicadas ciertas instituciones, grupos o personalidades.

A alguno de estos mismos polícías, honestos y brillantes profesionales, que en un país moderno estarían al frente y no detrás, amenazados o marginados, les ha sorprendido la puesta en libertad de alguien que según el propio auto judicial demuestra “una racional sensación de veracidad a la amenaza y su posible cumplimiento” (más después de encontrarle ciertas anotaciones en una libreta). No sabemos si al final la policía conseguría la autorización, como en el caso de Anonymous, para “enchufar las escuchas de SITEL”. No es lo mismo, desde luego, nos dicen, “amenazar con tumbar un rato una web” que “amenazar con gasear a personas con productos que pueden provocar la muerte”.

Una amenaza que según el juez “hay que calificar de grave” y que se investiga como delito de terrorismo, requisito indispensable para que la competencia continúe residiendo en la Audiencia Nacional y no se traslade a un juzgado ordinario.

También es grave, muy grave, que en España varios periodistas hayan denunciado retenciones de la policía mientras cubrían la denominada marcha laica (ver también el vídeo que encabeza este post). Otro escándalo, que como en el caso de la detención del periodista Gorka Ramos, no será noticia en los telediarios de la televisión pública.

En Nación Red | Cuatro años de cárcel por ‘incitar a la violencia’ en Facebook. Seis meses por robar un botellín de agua… o un helado

La SGAE exigió hace dos años a una tienda de Albacete toda su facturación de los últimos cinco años para comprobar que había pagado “como corresponde” el dichoso canon. El gerente de Dieltron, que así se llama el negocio, les contestó que les permitiría revisar todo lo referente al canon, pero no el resto de la documentación de la empresa. “Yo tengo 25.000 artículos y sólo 16 están sujetos a canon. Un canon que yo pago en mis facturas a los proveedores, a la SGAE no le debo nada”, explica hoy en la prensa local.

A la SGAE no le convenció la respuesta y solicitó al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete, que Dieltron Electrónica exhibiera el libro de inventarios y cuentas, el libro diario, los balances de sumas y saldos, la totalidad de las facturas, las declaraciones de IVA y toda una serie de documentos, destinados a conocer todos los detalles de los movimientos de la empresa.

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Primero decían que se estudiaba anunciar la ‘eliminación’ efectiva del cánon digital, pero resulta que igual se confundieron de verbo. Podría no ser “eliminar“ si no “traspasar“.

Concretamente, traspasarlo a las conexiones de datos como las ADSL caseras, ya que según palabras de la Ministra,

Suprimir el canon significa suprimir el derecho de los ciudadanos a hacer copias privadas.

¿Qué fue primero, el canon o la copia privada? ¿El “canon digital” no se creó para compensar a los artistas (o a algunos de ellos, vamos) por las pérdidas que suponia la copia privada?

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La Junta Directiva de la SGAE se ha visto obligada a desconvocar una rueda de prensa, en la que tenían previsto comentar la situación actual del escándalo que sacude a la entidad, ante el demoledor auto judicial dado a conocer esta misma mañana. El músico Caco Senante, miembro de la junta, ha sido el encargado de anular esta convocatoria alegando que quieren “estudiar y procesar” el auto.

Esta mañana la Audiencia Nacional ha emitido un auto que, como comprenderán, lo lógico es que la Junta Directiva lo estudie y lo procese. Una vez hecho eso volveremos a convocar esta rueda de prensa para comunicarles lo que esta Junta opina y lo que creemos que la sociedad de este país debe conocer de boca de esta casa. Agradecemos que hayan venido a escucharnos, lamentamos esta situación y les pedimos perdón, muchas gracias.

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