Amnistía Internacional ha recordado en un comunicado que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de toda persona a participar en reuniones lícitas y pacíficas, por lo que hace un llamamiento a las distintas autoridades públicas para asegurar el libre ejercicio del derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión.
Pero Amnistía Internacional también recuerda que tanto la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros.
La organización cita sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Ashughyan v. Armenia, 17 julio 2008), donde se establece que “...cuando los manifestantes no participen en actos de violencia es importante que las autoridades públicas muestren cierta tolerancia hacia las reuniones pacíficas para no privar de todo contenido la libertad de reunión”. En este sentido, las autoridades deben garantizar lugares públicos, fácilmente accesibles al público en general, para que se celebren asambleas o concentraciones.
