Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo.
Ahora también es colaborador de Nación Red.
Según establece el artículo 7, apartado 5 de la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), se consideran datos especialmente protegidos los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, que sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.
En el año 2000, la Agencia de Protección de Datos ordenó el cierre cautelar de la Asociación contra la Tortura, iniciando un expediente sancionador que finalizó con la imposición de una multa de 60 millones de pesetas, que se vería posteriormente confirmado por sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. El motivo de todo ello, la publicación por parte de la Asociación Contra la Tortura de una lista de funcionarios de prisiones y cuerpos policiales condenados o procesados en casos de tortura a detenidos españoles.
Ayer, 6 de abril de 2010, se publicaron en Internet los 50.000 folios del sumario conocido como “Caso Gürtel”. Los ficheros pdf que recogen intervenciones telefónicas se pueden descargar de infinidad de páginas, así como de las principales redes de intercambio de archivos. Es un material cómico excelente, muy apropiado para las pantallas del Kindle DX o del iPad.
Pero es más: las grabaciones audiovisuales efectuadas en sede judicial, donde aparece la voz y la imagen de los principales acusados, fueron ayer difundidas por distintas televisiones, en horario de máxima audiencia, y a estas horas ya están disponibles en YouTube.
Personalmente siempre he pensado que la información debe ser libre, y que en un mundo digitalizado es imposible técnica y jurídicamente impedir la difusión de informaciones de interés público, y muy especialmente aquellas que afectan al cáncer del Estado de Derecho: la corrupción política. Pero si vamos hacia un mundo transparente, la ley debe ser igual para todos.
Recientemente, los periodistas de la Cadena Ser Daniel Anido y Rodolfo Irago fueron condenados penalmente, e inhabilitados profesionalmente, por haber ejercido su obligación profesional: revelar la información que los corruptos quieren esconder.
En el año 2008, Julio Alonso, responsable de la red de blogs Weblogs, S.L., fue apercibido mediante auto dictado por una juez de Madrid sobre las consecuencias negativas que podría padecer en el supuesto de colgar en su blog Merodeando el vídeo que recogía la audiencia pública del juicio seguido contra su persona a instancias de la SGAE. El abogado de esta entidad alegó una posible infracción de su derecho a la imagen, pese a que dicha imagen se grabó en una audiencia pública, mientras el letrado –también músico e intérprete profesional cara al público– desarrollaba sus funciones profesionales. Otro vídeo anterior, de la audiencia previa al juicio, presenta ahora un hilarante mensaje: “Este vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de copyright realizada por SGAE”.
Podría seguir hasta el aburrimiento. Podría explicar, por ejemplo, cómo se me ha negado, en distintos Juzgados de Madrid, la posibilidad de hacer fotocopias del sumario, en casos de gran complejidad tecnológica, que hacían imprescindible disponer de una copia del sumario para ejercer en condiciones el derecho de defensa. Sin ir más lejos, un Juzgado Central de la Audiencia Nacional me denegó tal posibilidad en un caso de falsificación informática de tarjetas de crédito, y todavía estoy a la espera de que se me facilite copia de la megapublicitada Operación Mariposa, dirigida por el juez Baltasar Garzón.
Parafraseando a George Orwell, podríamos decir que si la justicia significa algo, es por encima de todo, que la ley sea igual para todos. Si el Estado de Derecho significa algo, ha llegado la hora de romper –también digitalmente– todo tipo de embudos y dobles varas de medir.
Imagen | hiddedevries
Comentarios
Excepcional.
Lo dicho, para mear y no echar gota. El corporativismo está por encima de la justicia, y encima quieren matar al cuarto poder.
No quiero decir a donde vamos a llegar con todo esto, porque me vais a poner como un trapo, pero haceos una idea.
Buena primera aportación para Nación Red, y bienvenido a esta lado de la barrera Sr. Sánchez Almeida.
Todos estos hechos dan para pensar que bajo qué Ley se ampara la libre decisión de la Justicia para alicar un doble rasero a según qué casos, sentencias, mismo tipo de infracciones según quienes las realicen... algo que todavía como ciudadano, tampoco termino de comprender.
El famoso juicio del Rey Salomón del bebé y las dos mujeres que lo reclamaban como madre lo hacen parecer una minucia nuestros jueces en no pocas ocasiones.
Por cierto un interesante enlace, quizás relacionado sobre el espinoso tema al que he llegado vía Menéame.
Ojalá sea que uno piensa mal, pero a veces me da la impresión de que a los que hacen algo bien de forma más destacada en un colectivo, sus colegas "menos activos" pero con más poder se las apañan para frenarle los pies. ¿Algunos equivocados que quedan tarde o temprano en evidencia y que creen que ante maniobras chirriantes hacen algún bien?
-- editado por última vez a las 18:23
interesante
Hoy los medios que habían publicado los sumarios, los están retirando de sus webs debido a las amenazas de puros económicos por violar la protección de datos.
[ElMundo.es ha publicado el sumario del caso Gürtel y pedía la colaboración de los lectores si encuentran algo interesante. Pero poco después lo ha levantado, aunque sigue disponible en Ecodiario.es con enlaces a Megaupload, una web de descargas directas, en lugar de alojarlo en sus propios servidores y tratándolo sólo como enlaces a documentos ajenos...Pero ha durado poco y el diario digital ha tenido que levantar la documentación del caso debido a las amenazas de incumplimiento de la ley de protección de datos y otras garantías legales.]
http://periodistas21.blogspot.com/2010/04/el-mundo-publica-y-levanta-el-sumario.html
interesante
A la vista de que los ficheros sin censura del Caso Gürtel están desapareciendo de las webs de los medios convencionales, mientras se expanden hasta el infinito por las redes de intercambio de archivos, se imponen dos reflexiones.
La primera, que salvar los enlaces de Internet es una cuestión política: las redes de pares son la única posibilidad de vencer todo tipo de censura política o corporativa.
La segunda, que vender e-books equipados con los ficheros de la Gürtel se va a convertir en el gran negocio del año, y en la plataforma de lanzamiento definitiva del libro electrónico.
interesante
Pues... Creo que hay un matiz que impide que los elementos de este razonamiento encajen "pacíficamente": La "Asociación Contra la Tortura" publicó las listas de funcionarios en sitios web abiertos, mientras que, por lo que yo sé, el pdf con el sumario Gürtel se sirve a usuarios legitimados con los debidos credenciales. Vale, está el tema de la seguridad; pero todas las reflexiones que me hago vienen a conducir a que la única alternativa "segura" posible es facilitar a cada parte una copia de los 50000 folios (a ver quien se va a poner a escanear 50000 folios para hacer la gracia de servirlos en redes p2p), y eso contando con que no se "distraiga" el "gürtel.doc" del escritorio del ponente. Seguramente hubiera sido más "adecuado" entregar sendos "pinchos" con el pdf codificado con alguna clave pública de cada uno de los abogados; pero al final los resultados prácticos podían haber sido los mismos. Si el Juzgado y su personal hubieran obrado con profesionalidad y cautela; si el personal administrativo y técnico lo hubiera hecho del mismo modo; si el servidor fuera "seguro", las contraseñas fueran de calidad y los usuarios hubieran procedido como es debido... Si TODAS estas condiciones se hubiera dado y así se mantuvieran, no debería haber ninguna copia del pdf en las redes p2p.
La presunta infracción de protección de datos no se comete por parte de la Administración de Justicia, ni por los periódicos que publican la información. El problema está en la filtración, que podría haberse evitado si se hubiesen seguido las pautas previstas en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cuyo artículo 104 encontramos la raíz del problema: que nuestros jueces no usan el cifrado. Habrá que invitarlos a conocer Kriptópolis:
Artículo 104. Telecomunicaciones.
Cuando, conforme al artículo 81.3 deban implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.
interesante
Lo mas indignante de todo esto es que ni ellos, ni las administraciones publicas cumplen la LOPD, sin embargo en la empresa en la que trabajo a mi me exigen que elabore aplicaciones web conforme a ley y ojo con que aparezca algun problema de seguridad que primero piden la cabeza de mi jefe, pero detrás va la mia..
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