Alemania, Eslovenia, Luxemburgo y Holanda se oponen a retener los datos de los pasajeros

Bélgica y Lituania expresaron sus recelos y se inclinaron por “graduar la ampliación del PNR”. Pero Alemania, Holanda, Eslovenia y Luxemburgo hicieron valer su postura más beligerante contra el uso policial, sin orden judicial, de los datos de los viajes en avión que hacen los ciudadanos europeos dentro de sus fronteras.

Por eso, para disgusto de Rubalcaba, anunciaron que “no darán un cheque en blanco” a la UE para que el Passenger Name Record, una relación con todos los datos acumulados de los pasajeros de un avión (número de tarjeta de crédito, asiento, agencia de viaje, mail, teléfono, ruta… incluso preferencias alimenticias) sean un almacén de datos o “archivo más propio de un Gran Hermano o Estado policial”. De hecho alguna delegación compara esta medida con las prácticadas en los antiguos países comunistas, aunque ahora la presión para ponerlas en marcha venga de EE.UU y sus más eficaces servidores.

La ampliación y retención de estos datos durante más de cinco años, que además se comparten con EE.UU, fue duramente criticada por considerarla “desproporcionada” por los ministros del Interior de los gobiernos de los países antes citados, en la reunión que tuvo lugar ayer en Luxemburgo. Por su parte España, Reino Unido, Suecia, Francia, Italia, Irlanda y Portugal defienden que se incluyan ya los datos de todos los viajes, también los que se hacen en el interior de los 27 países de la UE. Incluso plantearon ampliarlo a los viajes en tren y ferry.

La inquietante comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, más próxima a la línea dura defendida por España, Italia, Reino Unido y Francia, sugiere ahora, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, que en una primera etapa el control y retención con los datos de los pasajeros se limite a los vuelos extracomunitarios para analizar cómo funciona el sistema y decidir en una etapa posterior sobre su eventual ampliación. Antes la propuesta definitiva deberá pasar por el Parlamento Europeo.

Algunas delegaciones críticas han pedido también información sobre el impacto económico que estas medidas de control policial van a tener para las aerolíneas. La comisaria Malmstrom adelantó que los costes derivados del registro de los datos correrán a cargo de los países aunque señaló que la Comisión Europea podría cofinanciar una parte, que podría oscilar entre los 100 y 150 millones de euros.

Foto | monikahoinkis
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