Gordon Brown ha aprovechado la disolución del parlamento para someter a un proceso de aprobación especial una ley profundamente represiva y dirigida a controlar y penalizar el uso de la red. Esta misma noche pasaba la segunda prueba al recibir el apoyo de los conservadores en la Cámara de los Comunes. El proyecto de ley irá ahora a la fase de comisión y luego a una tercera lectura mañana por la tarde antes de ser convertido en ley.
Este proceso de aprobación abreviada, en opinión de muchos, ha impedido un verdadero debate y un largo escrutinio parlamentario que probablemente la tiraría abajo, o al menos muchas de sus pretensiones, pues la oposición en principio no parecía dispuesta a dejarla pasar tal y como está. Más allá del “desprecio” a la voluntad popular que se expresará en las elecciones de mayo.
Los liberal-demócratas no apoyan la ley y han criticado duramente el procedimiento de urgencia. A las críticas del “tercer partido” se han unido algunos parlamentarios díscolos de la bancada laborista y conservadora como Tom Watson y Roger Gale, respectivamente. Pero la Digital Economy Bill cuenta sobre todo con una fuerte oposición en la sociedad civil: desde grupos de internautas a grandes empresas como Google o Facebook. Por el contrario el lobby de los derechos de autor aparece como el “gran poder” capaz de forzar la agenda del primer ministro.
La Digital Economy Bill prevé el cierre de páginas web que ofrezcan enlaces a contenidos con copyright. Obligará a las proveedoras de servicios de Internet a vigilar a sus usuarios para detectar si descargan archivos protegidos y, en caso de que lo hagan, avisar a los titulares de los mismos. Si un proveedor se niega a cumplir estas normas se arriesga a ser sancionado con una multa de hasta 250.000 libras (unos 280.000 euros).
La ley incluye disposiciones muy similares a la legislación francesa en materia de desconexión de los usuarios que descarguen de forma continuada material con derechos de autor. En primer lugar se realizararían una serie de avisos para pasar luego al corte de Internet e incluso a la imposición de multas de hasta 50.000 libras (unos 56.000 euros).
Más información | Parliament.uk
Foto | World Economic Forum
En Nación Red | Ley de los tres avisos: un paso más para su aprobación en Reino Unido
Comentarios
interesante
Es triste, pero el escenario político en el Reino Unido es muy parecido al de España, donde los dos principales partidos son mangoneados por los lobbys de turno y con la excusa de "protegernos" se cohartan nuestras libertades una y otra vez. Lo peor de esta Digital Economy Bill no es sólo su contenido y la ausencia de debate previo, sino que anoche en la Camara de los Comunes tan sólo había una treintena de MP's de un total de 646 para debatir la propuesta. http://img.skitch.com/20100406-n6dja6ydfid33ta27g2fjakswn.png
Vaya parece que en el UK, como en España o Francia, se pretende legislar contra la realidad de los avances técnicos a fin de mantener los privilegios que ha ido dando una economía que es ya, queramos o no, cosa de "viejunos". Prueba de que la realidad les quita la razón es el modo torticero que en todos los estados se tiene de hurtar el debate, en los paises donde eso de la discusión es cosa de cuatro, Francia y España, obviandolo, en los de vieja tradición democrática, retorciendo el procedimiento legal. Los viejos estados nación, y lo que a su alrededor se ha ido construyendo, no saben como vivir sin sus viejas barreras y protecciones y siguen empeñados en defender unas labores ya tan desfasadas como improductivas.
Otra panda de políticos vendidos más y van...
¿Pero quién les da poder en las urnas a que con los derechos y leyes de lo ciudadanos se juega a su libre albedrío y oscuros intereses? ¡Cómo les escuece que la gente razone, valore y juzgue sus aciertos y patinazos sin intermediarios de la información!
Al final todo se reduce no a derechos de autor ni gaitas, si no a que los políticos muestran ya abiertamente que temen tener a un electorado inteligente y al que no pueden engañar ni manipular fácilmente. Con lo fácil que es seguir las leyes tal cual están redactadas y escritas, y si hay que estudiar cambiar algo (que no cambiarlo de golpe y porrazo) seguir el proceso democrático e informativo correspondiente.
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