Privacidad

El 25 de Mayo de 2011 era la fecha límite para que todos los estados miembros de la Unión Europea adaptaran la Directiva 2009/136/CE, una enmienda a la Directiva Europea sobre procesado y retención de datos y protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas.

Esta enmienda establece la obligatoriedad de preguntar a todos los usuarios de cualquier web, blog o sitio de Internet de una empresa europea o que esté alojado en Europa si quieren aceptar las ‘galletas’, o cookies, pequeños ficheros almacenados en nuestro ordenador, antes de cargar la página.

El 26 de mayo, solamente tres países habían cumplido con la obligación legal de adaptar la directiva a la legislación local. En España, la adaptación final se realizó hace dos semanas, publicándose en el BOE el 30 de Marzo, diez meses después de la fecha límite. No está mal.

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La red no ha tardado demasiado en repeler el ataque de CISPA con una petición de firmas contrarias a la que ya se postula como reedición de la SOPA enriquecida con el caldo más rancio posible según la cual se abre la veda al libre intercambio entre gobiernos y empresas, y entre empresas y empresas, de información privada de los ciudadanos.

En Demand Progress [actualización: en Avaaz también], donde se ha abierto una página de petición de firmas contra CISPA, relacionan abiertamente la ley con el triunfo de los lobistas:

CISPA le daría una victoria a los propietarios de contenido que salieron traumatizados por el flujo sin precedentes de activismo contrario a la SOPA y a la censura en internet.

¿Por qué este llamamiento? Recordemos de dónde venía lo de la SOPA. Todo empezó un día en que a alguien se le ocurrió encarar el problema de la piratería como un conflicto de intereses económico y moral. Luego la SOPA se enfrió desde la Casa Blanca preelectoral, entre otras cosas, porque existían problemas de seguridad si se llevara a cabo.

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La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo es responsable de la legislación y supervisión democrática de las políticas relacionadas con la transformación de la Unión Europea en un espacio de libertad, seguridad y justicia (artículo 3 del Tratado UE). Estas políticas están íntimamente relacionadas con la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en el territorio de la UE y con el fortalecimiento de la ciudadanía europea.

Pero ayer la citada Comisión de Libertades desestimó la propuesta de la eurodiputada liberal holandesa Sophie in ‘t Veld que proponía vetar el acuerdo para ceder a Estados Unidos los datos personales de los pasajeros aéreos, el Passenger Name Record (PNR), en el marco de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.

En la votación final hubo 31 votos a favor del acuerdo, 22 en contra y una abstención. El pacto deberá ser ratificado por el pleno del Parlamento Europeo el 20 de abril. Los socialistas (el grupo S&D) no tienen claro que hacer o no tiene una postura común.

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Sarkozy amenaza a Google con la tasa Google y con modificar los tratados internacionales para obligarle a pagar todos los impuestos en Francia. Los sabuesos de la Dirección Nacional de Investigaciones Tributarias y Aduaneras se llevan documentos de la sede de Google en París y la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNiL, en sus siglas en francés) vuelve a escribir a la compañía del buscador para advertirle que tiene hasta el 5 de abril para responder a varias preguntas sobre su nueva política de privacidad, dentro de una investigación europea liderada por el regulador francés.

En una nueva carta al consejero delegado de Google, Larry Page, con fecha del 16 de marzo, la CNiL adjunta un cuestionario de 69 preguntas (pdf) en el que le pregunta por la justificación legal para su nueva política de privacidad y qué hará con los datos de los usuarios.

¿Durante cuánto tiempo los guardará? ¿Enlazarán a la identidad real de la persona? ¿Rastreará a los internautas que utilizan servicios de mapas o búsquedas en sus teléfonos? ¿Recogerá información almacenada en el teléfono como contactos en la libreta de direcciones?. El interrogatorio pretende determinar si la nueva política de privacidad de Google es compatible con la legislación europea, aunque el consejo que ya le ha llegado a los de Mountain View es que suspendan la aplicación de su “nueva política”.

Foto | Cyril Cavalié
Vía | CNiL
En Nación Red | Bruselas (vía París) aconseja a Google que suspenda su nueva política de privacidad

La Agencia de Recaudación de impuestos de la provincia de Buenos Aires (ARBA) nos sorprendía hace unos meses al premiar con descargas gratuitas a los contribuyentes que se encuentren al corriente de pago. Aquella iniciativa en la que se volcó Sony Music Argentina. Peculiar.

Hoy nos enteramos que el Fisco bonaerense publicará en su web el nombre y la información de aquellos contribuyentes que deban impuestos. Según establece la resolución, se “faculta a ARBA para efectuar, con alcance general y en la forma y condiciones que al efecto se reglamenten, la publicación periódica de nóminas de los responsables de los impuestos que recauda, pudiendo indicar en cada caso tanto los conceptos e importes que hubieran satisfecho, como la falta de presentación de declaraciones y pagos y la falta de cumplimiento de otros deberes formales”.

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Tanto Estados Unidos como la Unión Europea andan investigando el posible seguimiento a los usuarios que hasta el pasado mes realizaba Google en los navegadores Safari de Apple a través de cookies que recababan hábitos de navegación en internet, según denunció The Wall Street Journal basándose en las observaciones del investigador de Stanford Research Systems Jonathan Mayer:

El navegador Safari de Apple está configurado de forma predeterminada para bloquear las cookies de terceros. Se han identificado cuatro empresas de publicidad que, inesperadamente, colocan cookies rastreables en Safari. Google y Vibrant Media eludieron intencionadamente la función de privacidad de Safari.

Cuando el caso saltó a la luz, Google explicó que los usuarios sabían que había cookies aunque estas no recababan información personal. La primera parte de la frase puede interpretarse como que había un mensaje rematado en uno de esos “¿a que usted va a decir que sí a todo?” que tan rápido marcamos para poder continuar con la instalación de lo que sea, y en cuanto a lo segundo… bien, habría que ver qué significa “información personal”.

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El Fiscal del Distrito del Condado de Nueva York pretende tener acceso a la información personal en Twitter de algunas personas que participaron en las protestas de Occupy Wall Street meses atrás. El Fiscal ha enviado citaciones a la red social para obtener los datos de una serie de personas que fueron arrestadas en las manifestaciones. Por su parte, Twitter ha avisado a esas personas mediante e-mail.

Jeff Rae, uno de los manifestantes que ha recibido el correo electrónico de Twitter, lo ha colgado en la red. La citación recibida por la red social requiere todos los mensajes enviados desde mediados de septiembre hasta finales de octubre del 2011, el nombre, la dirección, los registros de sesión, el número de teléfono y las IPs asociadas al usuario en concreto.

En el e-mail que Twitter ha mandado se puede leer que la red social presentará la información pedida por el Fiscal en un plazo de siete días debido a los requerimientos legales del proceso judicial. Además, Twitter recomienda a sus usuarios que se busquen un abogado.

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A nadie le debería sorprender que Kim Dotcom Schmitz tuviera entre sus clientes a montones de funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Si Megaupload era un servicio de éxito con millones de usuarios satisfechos, por pura estadística era lógico que entre ellos hubiera funcionarios. Ahora vienen curvas en el proceso del responsable de la página de descargas.

Mientras intenta que se devuelvan los archivos incautados a sus legítimos propietarios, Dotcom dice que quiere reunir a los antiguos usuarios de Megaupload a través de la información que habían descargado de su portal, y al tirar de la manta virtual, ¡vaya!, aparecen un montón de personas relacionadas con el departamento de Justicia y el Senado estadounidense. Qué cosas pasan, ¿verdad?

¿Estamos ante el cazador cazado? ¿Se trata de una impactante estrategia de Dotcom para enfocar su defensa? A saber, pero mientras unos lo acusan de violación de derechos de autor y de blanqueo de dinero, Dotcom juega sus cartas virtuales. Una vez más queda claro que hay quienes juegan en la liga del siglo XX, que ya acabó, y los hay que juegan en la liga actual. Y en la liga actual, más que nunca, quien tiene la información tiene el poder. Veremos en qué acaba todo esto.

Vía | TorrentFreak
En Nación Red | EE.UU. no responde cuando se le pregunta por los archivos y datos de los españoles en Megaupload

Han pasado ya cinco días desde la entrada en vigor de la nueva política de privacidad de Google, y sigue aún el baile sobre a quien corresponde reclamar por los datos de los ciudadanos, usuarios e internautas afectados.

A principios de Febrero leíamos que a la Unión Europea no le gustaba la nueva política de privacidad de Google, y mandaba a casa Google a la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, la misma CNIL que aprueba las leyes que recortan las libertades de los franceses. Y lo hacía en papel de representante de la UE.

Hoy, la vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding ha dicho que no, que a ellos no les toca y que las autoridades competentes de los estados miembros, léase Agencia de Protección de Datos en España, son las que deben encontrar soluciones al tema.

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