Stanislav Ivanov, miembro del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (CEDB), es contundente al explicar que por mucho que algunos países firmasen el ACTA el pasado mes de enero en Tokyo, eso no quiere decir que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación pueda implementarse sin más. En el país de Ivanov, al menos, piensan discutir la cuestión en la Asamblea Nacional tanto como les sea posible, y a partir del debate se verá en qué queda la cosa.
Y es que, si bien es cierto que tanto los embajadores de Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido como el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Japón dieron su apoyo explícito al ACTA, el trámite legal todavía no ha acabado. El Parlamento Europeo tiene que ratificar el Acuerdo en junio y, antes que eso, cada país debe dar el visto bueno a esta reforma legal que queda al margen de la mayoría de las leyes y acuerdos comerciales existentes hasta la fecha.
Dentro del debate que se plantean en Bulgaria, está la posibilidad de adaptar las resoluciones que se deriven del ACTA en función de los intereses de los ciudadanos de aquel país, que como es lógico están preocupados por la transformación de los ISP en policía privada del copyright, con unas sanciones de prisión por razones turbias negociadas a espaldas de los mecanismos democráticos para favorecer el interés de unos pocos. ¿Cómo se le llamaba a eso? ¿Oligocracia, dictadura o simplemente caradura? En fin, parece que al menos una formación política en Bulgaria tiene las cosas un poco claras. No sé cómo andaremos de estos asuntos en nuestro país, pero… ¿y si la gente tuviéramos poder de decisión?
Vía | Focus
En Nación Red | España ha firmado el #ACTA
