Gasto público

Uno de los pilares sobre los que los halcones de la ciber-paranoia construyen su edificio de protección contra el presunto peligro del ciberterrorismo es el de proteger aquellas “infraestructuras críticas para la sociedad“ de un ataque informático que consiga hacerse con el control o deje dicha infraestructura inutilizada e inservible.

Para ello no dudan en presentar megaproyectos que incluyen la participación voluntaria (u obligatoria si uno no acepta participar voluntariamente) de funcionarios, empresarios, fabricantes, clientes y ciudadanos.

Todos esos proyectos tienen dos cosas en común. Primero: cuestan un ojo de la cara y los acaban pagando los contribuyentes. Segundo: no sirven para nada.

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Hace tres años, el Gobierno de España lanzó uno de sus proyectos estelares para dar soporte al Servicio Público de Empleo Estatal, el antiguo INEM. Era la página web redtrabaja.es. La Secretaria General de Empleo en ese momento, Maravillas Rojo, la presentó como un servicio para normalizar las relaciones con las administraciones (¿?), con más de 20 millones de potenciales usuarios.

Ahora, una sentencia del Juzgado Mercantil número 2 de Alicante ha ordenado cerrarla por apropiación indebida del nombre “Red Trabaja”, tras una demanda de los responsables de la empresa Red Trabajar S.L., que además pide una indemnización de entre casi 2 y 4 millones de euros.

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El Gobierno de Navarra ha instalado en sus cerca de 9.000 equipos informáticos el paquete ofimático LibreOffice. Esta medida, impulsada por la activa Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, tiene el objetivo de favorecer la utilización del software libre en la Administración, por el que no hay que pagar licencias de uso.

LibreOffice convivirá con Microsoft Office, lo que permitirá a los empleados públicos familiarizarse gradualmente con las herramientas de software libre o de código abierto y la generación de datos en estándares abiertos y reutilizables.

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La Xunta de Galicia ha decidido aportar un total de 213.000 euros a la Asociación PuntoGal para financiar los costes de la obtención del dominio .gal en internet. El objetivo del gobierno gallego es contribuir a “establecer un dominio en internet para la comunidad cultural y lingüística gallega, bajo el que podrán registrarse aquellas entidades, empresas o personas que se expresen en lengua gallega y contribuyan al fomento de la cultura gallega”.

El presidente Alberto Núñez Feijóo ha querido destacar que con este “dominio propio en internet” habrá “constancia específica de Galicia en el mundo”, lo que traerá “enormes ventajas” y que la iniciativa “cuenta con un gran “respaldo social”.

Los del ICANN cierran el 13 de abril el proceso de solicitud de nuevos dominios. A partir de esa fecha evaluará a los candidatos y solicitará información adicional de no quedar convencidos a primera vista. La Asociación PuntoGal, con el apoyo del gobierno gallego, espera pasar la prueba y conseguir el ansiado dominio. Sorte.

Foto | Partit Popular de Catalunya

El Ayuntamiento de León ha decidido limitar el acceso a internet de los trabajadores públicos a 14 webs. La medida impuesta por el gobierno municipal del PP pretende impedir el uso de la red para ocio y consultas personales.

Quedan fuera de estos límites, según el equipo de gobierno, servicios como el gabinete de comunicación, los coordinadores de área, los jefes de servicio y los concejales, que dispondrán de Internet en las mismas condiciones que lo hacían hasta el momento.

Con el tiempo podrá ampliarse el número de webs accesibles a los trabajadores pero en casos excepcionales y siempre que se demuestre que sirven para el desarrollo del puesto de trabajo.

Vía | Diario de Léon

No podemos hacer Campus Party en Valencia ante la situación económica tan compleja que esta viviendo nuestro país y que afecta sobre manera a la Comunidad Valenciana, a pesar de que la voluntad tanto nuestra como de Generalitat sería que la Campus continuara en Valencia no podemos obviar la cruda realidad, desde hace meses estamos negociando con Valencia como “romper” de mutuo acuerdo el convenio que nos vinculaba a Valencia por los próximos 4 años de una manera razonable para todos, espero que en breve esto este resuelto, es el primer paso para poder ir a cualquier otro sitio.

Paco Ragageles, creador y alma mater de la Campus Party, ha anunciado en su blog con estas palabras que el evento “no se puede hacer este año en Valencia”. Pero también anuncia que tienen dos opciones muy interesantes y en ciudades mas grandes que Valencia ;-)

El guiño es de Ragageles. ;-)

Foto | failurez
Más Información | pacoragageles.tumblr.com

El director de internacional del diario Público, Carlos Enrique Bayo, presente en la rueda de prensa que ha ofrecido Julian Assange en relación con la publicación de cinco millones de correos electrónicos de Stratfor, ha denunciado que la mayor parte del dinero que recibe la agencia procede de fondos públicos. Lo que nos hace preguntarnos ¿Cuánto nos cuesta a los españoles los contratos del gobierno con las agencias como Stratfor?

Por su parte, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha censurado la falta de control sobre la empresa privada estadounidense de seguridad Stratfor, a la que ha acusado de “recoger información a través de sobornos y actuar sobre esa información”. Straford haría frente a los pagos de sus operaciones menos presentables a través de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza y una serie de tarjetas de crédito que están identificadas.

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Más allá de las revelaciones que se sucederán en los próximos días en relación con la filtración de información reservada de Stratfor, no estaría mal preguntar ya (en sede parlamentaria) por el coste que para las arcas públicas han tenido y tienen los contratos del gobierno con las agencias como Stratfor o Interligare.

El diario Público presenta hoy a Stratfor como la CIA en la sombra y los de Interligare ofrecían a sus clientes instalar una CIA en cada empresa. Pero a Interligare la contrató el gobierno socialista, como a Stratfor.

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Corría el año 2006 y el gobierno municipal del PP en Boadilla del Monte (Madrid) adjudicaba el señorial Palacio del Infante don Luis a la entidad de don Teddy.

Aquella polémica adjudicación tuvo lugar cuando el municipio madrileño estaba regido por Arturo González Panero. El ya ex alcalde de Boadilla del Monte imputado en la trama Gürtel y en un delito a la Hacienda Pública relacionado con una cuenta familiar en Suiza.

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